Un supuesto pago del Gobierno de Venezuela, por más de siete millones de euros, a una fundación vinculada con el partido español Podemos, estaría siendo investigada por la policía de España.
Así lo evidencia un trabajo de investigación publicado este martes por el diario ABC de España, en el cual se divulga un documento titulado “Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, redactado por el entonces ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Isea, y aprobado por el fallecido presidente Hugo Chávez, en el cual se destinan recursos económicos a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), germen de Podemos, para, entre otras cuestiones, extender el movimiento bolivariano en España.
“Según lo acordado en el referido consejo de ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano”, reza parte del documento.
Asimismo, Isea explica en el documento a Chávez que las asesorías de CEPS al Gobierno de Venezuela, que comenzaron en el año 2003, han servido para “promover los conceptos de emancipación popular, conciencia anticapitalista y controlaría social”.
Un total de 7.168.090 euros, es la cifra autorizada por el entonces presidente de Venezuela a la fundación para la que trabajaban Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, y Luis Alegre, entre otros.
Los informes de asesoría que ha realizado CEPS para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, evidencian que los trabajos de consultoría pagados con dinero público tenían como objetivo perpetuar el chavismo en el poder.
En ese sentido, el Parlamento venezolano también ha iniciado una investigación ante la posible comisión de dos delitos: uno contra la Hacienda Pública y otro de malversación de caudales públicos.
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