JUAN FRANCISCO ALONSO.-CARACAS
Especial.-
Al suspender a los cuatro diputados de Amazonas, al amenazar con declarar nulos todos sus actos en caso de que insistiera en incorporar a los impugnados y al resucitar el decreto presidencial de emergencia económica el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó en claro sus intenciones de neutralizar a la Asamblea Nacional, pero con su última decisión ha dado un paso más allá y se está blindando ante cualquier posible respuesta del Parlamento.
La advertencia la hicieron los catedráticos en Derecho Constitucional de las universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela, Juan Manuel Raffalli y Rafael Chavero, respectivamente, para quienes la sentencia número 9 de la Sala Constitucional mediante la cual restringió las facultades de control del Legislativo sobre los otros poderes y declaró “inconstitucional” cualquier mecanismo de revisión de las designaciones de magistrados hechas en diciembre que hace es agravar la crisis y alejar las posibilidades de que la misma se resuelva “jurídica y constitucionalmente”.
“La sentencia busca a quienes fueron nombrados en diciembre pasado”, afirmó Raffalli, mientras que Chavero agregó: “Han llegado al extremo de afirmar que cualquier reforma a la Ley del TSJ debe ser planteado por ellos, porque la iniciativa legal la tienen ellos de manera exclusiva y excluyente, lo cual es una locura, porque el único órgano capaz de legislar es la AN”.
Los juristas sostuvieron que el Parlamento sí tiene capacidad de autotutela y, por ende, puede revisar e incluso anular sus propias decisiones si detecta vicios, tal y como lo prevé el artículo 90 de su reglamento interior.
Pese a este pronunciamiento la mayoría opositora de la AN aprobó ayer el informe de la Comisión especial que investigó las designaciones de los 13 magistrados principales y 21 suplentes realizadas apresuradamente en diciembre y en él se recomienda dejar sin efecto esos nombramientos, al tiempo que se propone reformar la Ley del TSJ.
Restricción sin base
Para los expertos las limitaciones impuestas en el fallo a las competencias contraloras del Parlamento sobre los demás poderes son otra prueba del bloqueo impuesto por el TSJ al Capitolio.
“Esa sentencia refleja la verdadera posición de la Sala Constitucional frente a la AN, la cual cree que puede colocarse sobre un organismo recién elegido e incluso transformarla en un dibujo que está en la pared”, dijo Raffalli, quien agregó: “Pretenden que la AN se limite a legislar y en aquellas áreas que no afecten sensiblemente al Ejecutivo”.
En similares términos se pronunció Chavero, quien señaló: “Los magistrados dicen que la AN puede controlar al Gobierno que es otro organismo elegido democráticamente, pero no a aquellos que son designados o producto de elecciones de segundo grado y lo hacen mediante decretos parajudiciales o paraconstitucionales, porque eso que han emitido en las últimas semanas no son sentencias, porque las sentencias son productos de juicios donde hay debate y aquí no hubo nada de eso”.
Tras aseverar que la Constitución, en ninguno de sus 350 artículos, establece que el escrutinio del Parlamento se limita al Ejecutivo, el jurista acusó a la Sala Constitucional de “desnaturalizar a la AN y modificar a la Carta Magna”.
Desde el oficialismo, por su parte, el también constitucionalista Jesús Silva defendió el fallo diciendo que el mismo “es un freno contra el golpe parlamentario que se ha pretendido consumar en perjuicio del régimen democrático venezolano” y justificó restricciones como las impuestas a las interpelaciones a los ministros y otros funcionarios gubernamentales, todas las cuales deben ser coordinadas con la Vicepresidencia, diciendo que así se evitan retardos en la administración pública.
De mal en peor
Para los expertos los dictámenes de la Sala Constitucional alejan cada vez más la posibilidad de que la actual crisis político-económico se pueda superar de forma “judicial y constitucional”.
“La salida a esta situación es política”, afirmó Raffalli, mientras que Chavero calificó de “provocación” el paso dado por el TSJ y por ello recomendó a la oposición activar todos los mecanismos constitucionales para lograr la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, diciendo que “ninguno es excluyente”.
“Para estar dependiendo solamente como elemento estabilizador, de las decisiones del TSJ, muy mal debe andar el Ejecutivo”. Así reaccionó el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, a la decisión, la cual días antes había anunciado al decir: “No les quede la menor duda de que (en el TSJ) están preparando varias atrocidades para hacer nugatorias y para declarar nulas e inconstitucionales cualquier decisión que aquí se tome”.
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