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LIMA.- Los inmigrantes venezolanos en Perú, que alcanzan una cifra de 1,32 millones, han visto cómo su situación económica y social se complica por factores como la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, pero también por dificultades para su integración en Perú por problemas para acceder a la educación y por la ocurrencia de episodios de discriminación que encajan dentro de la xenofobia.

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Un estudio de la ONG Save The Children determinó que 27% de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en Perú no están matriculados en el sistema escolar peruano, por distintas causas como problemas con la documentación de las familias, imposibilidad de tener los certificados de estudio desde su país de origen, o incluso, por haber “sufrido exclusión o discriminación por parte de algún directivo del centro educativo”.

Evelyn Buenaño Ramírez, directora de Incidencia Política y Comunicaciones de Save The Children, puso en contexto la dimensión que puede tomar la falta de escolaridad en estas poblaciones migrantes.

“La educación es la garantía que te permite también tener ciudadanos que pueden asumir un rol en la sociedad, y movilizarse socialmente para que lo que ahora son adversidades puedan convertirse en oportunidades de desarrollo” explica Buenaño a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La experta relata que Save The Children tiene dentro de sus proyectos en Perú “casos con más de 500 niños y niñas que tienen o tuvieron dificultades para poder acceder a la educación”. El informe precisa que la principal razón para que los niños venezolanos se hallaran fuera del sistema educativo fue no conseguir cupos o vacantes para la educación básica (45% de los casos).

Le siguió que el 23,3% de los niños llegaron a Perú luego de la fecha de matriculación, 17% no pudo matricularse por falta de documentos o certificados de convalidación de estudios de los menores de edad, el 14,4 % no logró acceder a la matrícula escolar por falta de documentación de los apoderados, y el 9,9 % de la población no se encuentra en el colegio actualmente por haber sufrido exclusión o discriminación por parte de algún directivo del centro educativo. Solo el 11 % de la muestra respondió que las razones no eran migratorias, indica Save The Children.

Las razones por la falta de acceso al sistema educativo conduce a motivaciones de corte social como situación económica o discriminación.

Bueanaño relata que los adolescentes migrantes venezolanos “están destinando horas de su vida al cuidado de abuelos, de niños, de hermanos menores, porque los papás tienen que salir a trabajar, y no hay personas adultas que asuman ese rol. O en el caso de las adolescentes, las tareas domésticas que se les están asignando, y eso limita que tengan tiempo para dedicarse a la escuela”.

La discriminación por xenofobia también es un asunto latente, siendo este el principal factor que afecta a los niños, determinado a partir de relatos de discriminación sufridos.

La representante de Save The Children afirma que “hablar de xenofobia no es sencillo, ni siquiera para las personas adultas. A veces nombramos la discriminacion de muchas formas, pero muchas veces tienen que ver con la forma en la que hablan, con el hecho de que no sean peruanos, con que no conozcan ciertas formas de comunicación local. Y todo eso tiene una relación directa con la xenofobia”.

Hace pocos días, a principios de mayo, los padres de un niño venezolano de 11 años de un colegio de una zona norte de Lima denunciaron que su hijo fue víctima de asfixia y daños cerebrales por un impacto en la cabeza, causados presuntamente por un compañero de clases tras una discusión dentro del colegio, en lo que ha sido reseñado como un supuesto caso de acoso escolar (bullying).

El hecho, que fue condenado por las autoridades peruanas y por la Embajada de Venezuela en Perú, fue negado por la madre del supuesto agresor, que además reclama una investigación exhaustiva.

Pero la realidad es que incluso los docentes y profesores en las aulas de clase incurren en la xenofobia. Buenaño manifiesta que “hay un desafío, porque los niños reproducen lo que la sociedad y los adultos hacemos y expresamos. Perú ha sido un país que ha tenido mucha dificultad para dialogar con la diversidad y esta vez lo está haciendo, está teniendo muchas dificultades para reconocer en la persona migrante venezolana un sujeto de derecho. Y ese es un problema con el que queremos trabajar porque creemos que los adultos no podemos generar barreras para reducir derechos, y mucho menos de los niños, niñas y adolescentes”.

Save The Children, junto con USAID (la agencia de desarrollo del gobierno de Estados Unidos), impulsa una campaña llamada #HablemosdeMigración, donde serán los propios niños migrantes quienes relatarán la experiencia de vivir en el extranjero para “potenciar la voz de niños, niñas y adolescentes (...) poner en evidencia la experiencia de las familias y mostrar lo que están viviendo”.

Amplia vulnerabilidad

Los datos del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM Perú) indican que hay 248.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, es decir, con desprotección o riesgo de no acceder al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

En el marco de la migración venezolana en Perú, caracterizada mayormente por huir de la crisis humanitaria en Venezuela, en condiciones sociales y económicas muy precarias, esto se traduce en diversas carencias fundamentales.

El Análisis Conjunto de Necesidades (JNA) 2022 para la migración venezolana en Perú determinó que hay 188.500 niños y niñas que requieren alojamiento; 136.500 necesitan servicios de agua, saneamiento e higiene; 68.500 de atención en nutrición; 239.000 de servicios de salud; 291.000 de educación y 162.500 de protección, siendo niños, niñas o adolescentes separados o no acompañadas, con necesidad de registro y documentación.

La precariedad socioeconómica de la población migrante venezolana en Perú, empeorada por la pandemia del COVID-19, es notable.

Según el JNA 2022, 76% de encuestados de un estudio de socios del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes tuvo que reducir la cantidad, calidad y frecuencia del consumo de alimentos en sus hogares; mientras que se reportó un 80% de aumento en la malnutrición aguda en niños migrantes y refugiados venezolanos, al pasar de 3% a 5,4% en 2021. El promedio para la niñez peruana es de 1,6%.

El 90% de los encuestados por el JNA 2022 afirmó que los trabajos en sus comunidades dependen de la economía informal. El 60% de las personas considera que la mayoría son trabajadores independientes, incluyendo vendedores ambulantes.

Dentro del grupo sondeado por Save The Children, 817 personas consultadas a finales de 2021, 33% no tiene trabajo y está buscando, mientras que 41% sí tiene un empleo. Pero dos tercios del grupo que sí trabaja se dedica a actividades independientes en la informalidad, sin acceso a seguridad social o beneficios laborales.

Otro hallazgo del JNA 2022 es que 70% de las personas dijo que en sus comunidades se cambia de vivienda con mucha frecuencia, con dificultades para acceder a vivienda estable.

De acuerdo con la Encuesta de Opinión a Población Migrante Venezolana en Perú, realizada por Equilibrium CenDE en junio de 2020, el impacto de la cuarentena en el ámbito

laboral de la población venezolana residente en el país afectó gravemente a 4 de cada 10 encuestados, al dejarlos sin trabajo y en búsqueda de uno.

Para agosto de 2021, según el JNA 2022, 30% de las personas se dedica a la mendicidad para cubrir sus necesidades alimentarias.

Según Save The Children, se identificó que “59,9 % de familias presentan problemas económicos que dificultan la permanencia de los niños migrantes en el sistema educativo peruano”.

Asimismo, otro 59,6 % señala como principal dificultad la falta de los dispositivos tecnológicos necesarios para realizar las clases virtuales, seguido del 45,5 %, que tiene dificultades con la conectividad, razones sobre las que incide la situación económica.

Para Evelyn Buenaño hay varios desafíos por abordar respecto a los niños y adolescentes migrantes en Perú. “Hay un elemento central que te abre el ingreso al sistema de protección de niñez en el país, que tiene que ver con el acceso a una identificación. Esta dificultad de regularización de la situación de los niños migrantes limita que puedan acceder al sistema de salud, de educación, a posibilidades mejores de movilizarse socialmente. Y ese es un elemento clave, trabajar este tipo de mecanismos para que esta condición no sea la que determine su acceso a los derechos”, afirma la activista de DDHH.

También resalta que debe “ayudarse a generar procesos para que el sistema educativo pueda garantizar que la experiencia (de los niños) en la escuela sea mucho más feliz. Eso implica empezar a desarrollar procesos que promueven la interculturalidad, el diálogo entre iguales, comprensión que todos son sujetos de derecho merecen estar ahí”.

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