Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

Qué se aprobó

La moción, presentada por el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, instruye a la administración a negociar y finalizar el llamado “interim agreement” (acuerdo provisional) con el consorcio FPL–FCC y regresarlo al pleno a más tardar el 20 de abril de 2026 para su votación.

El segundo componente de la moción fija la política condal, estableciendo que “en ningún caso” el condado, sus contribuyentes o sus usuarios pagarán al consorcio —o a cualquier otra entidad— pagos continuos, futuros o perpetuos de tarifas asociadas -royalties- por comprar, arrendar, usar o adquirir intereses en terrenos privados para la futura planta.

En la práctica, Rodríguez buscó blindar al Condado contra estructuras de compra de tierra que incluyan cargos recurrentes que se trasladen a la tarifa de basura que termine pagando el residente de su bolsillo.

Royalty: la línea roja

Rodríguez recordó que el asunto quedó marcado en el taller del 12 de febrero de 2026, organizado para que los comisionados estuvieran al tanto y de alguna forma establecieran las condiciones de la negociación entre la administración y el consorcio.

Tanto la propuesta de compra de terreno presentadas por FPL y FCC para construir la planta incluyen el pago de una regalía a perpetuidad, además del precio de venta. El mensaje del presidente fue directo, la Comisión no aceptaría que el Condado adquiera un terreno privado con un “royalty” en perpetuidad. “Es irrespetuoso e insultante para los contribuyentes de este condado que vinculen la venta a una regalia perpetua”, dijo Rodríguez en el taller y fue respaldado por sus colegas.

Otro momento de tensión en la reunión del 18 de febrero fue cuando la administración, a través de Roy Cooley director de servicios públicos y regulatorios del condado, insistió en que primero debería seleccionar el terreno y luego avanzar en estudios de ingeniería y geotecnia.

Rodríguez se opuso porque, en el taller, el consorcio había transmitido que podía seguir trabajando, aunque no se escogiera el terreno ese día.

Danielle Cohen Higgins

El precio de los terrenos

La comisionada Danielle Cohen Higgins llevó la discusión a números concretos, y ahí se evidenció por qué el “royalty” se convirtió en el principal escollo. El Sitio A, vinculado a FPL, tiene 65 acres y un precio de un millón por acre, lo que equivale a 65 millones como base de compra antes de costos de cierre.

Además, el acuerdo de opción incluye un cargo adicional una regalía anual que comenzaría cuando la planta entre en operación y escalaría cada año según la inflación. Un componente que termina pagando el residente.

El Sitio B, propuesto por FCC, se describió con un tamaño de alrededor de 77 con la posibilidad de sumar 10 acres adicionales. También se fijó el precio en un millón de dólares por acre, lo que ubica el costo base en un rango aproximado de los 77 millones, o más si se concreta la extensión. Como alternativa al “royalty” escalable, FCC planteó un pago “fijo” de tres millones al año por la duración del contrato, sin escalación. En la discusión fue señalado como un cargo de naturaleza similar al royalty, por su carácter recurrente.

Rodríguez advirtió que el simple costo de adquisición podría acercarse a la franja de los 100 millones dependiendo del alcance final del “campus” de residuos, y varios comisionados plantearon abiertamente que el Condado debería volver a mirar los terrenos propios para evitar que el precio de la tierra se convierta en una carga permanente para el contribuyente.

Oliver G. Gilbert, III,

Menú de costos

En el pleno, el comisionado Oliver G. Gilbert, III planteó que el Condado necesita un desglose transparente “a la carta” del costo de la planta de conversión de residuos en energía. Donde se vea cuánto costaría añadir cada componente, desde el manejo de lodos hasta opciones como compostaje o sistemas complementarios. A su juicio, pedir más características y exigir costos específicos no son ideas contradictorias, la clave es saber qué paga cada decisión.

Gilbert llevó el debate al terreno fiscal y recordó que el servicio de residuos se maneja como un fondo del propietario, donde “la tarifa debe pagar el servicio”. Advirtió que el Condado no puede aprobar una instalación costosa y luego rehuir el impacto en la tarifa de la basura. Resumió esa tensión con una metáfora: el Condado no puede pretender “comprar un Bentley pagando por un Corolla”.

Definiciones y garantías

El taller del 12 de febrero fue la antesala clave de la moción del 18. La comisionada Danielle Cohen Higgins dejó claro que cualquier decisión debe girar en torno al interés del contribuyente y no a la conveniencia de los desarrolladores. Cuestionó que el Condado evalúe adquirir terrenos privados de más de 65 o 77 acres cuando la propia discusión técnica apunta a que la planta requeriría alrededor de 30 acres, y advirtió que sumar pagos recurrentes o estructuras financieras poco claras terminaría reflejándose en la tarifa que pagan los residentes.

Para Cohen Higgins, la prioridad es construir una instalación eficiente, dimensionada a las necesidades reales del condado y con costos transparentes. En esa línea, exigió que el memorando de entendimiento (MOU) entre FPL y FCC establezca con precisión los roles de cada empresa, el alcance del proyecto, los parámetros financieros y el cronograma de trabajo, de manera que la Comisión pueda evaluar con datos verificables si la propuesta protege el bolsillo del contribuyente, antes de asumir cualquier compromiso.

Roberto González

El tiempo es oro

Tras la reunión, el comisionado Roberto González, consultado por Diario Las Américas, describió el momento como un punto de hartazgo político. Dijo que lo más grave es la falta de avance y pidió a las “dos entidades” que regresen con “los números exactos” para todas las posibilidades. “Una opción “Ferrari” y otra “Toyota”, aludiendo a la metáfora de Gilbert del “Corolla”.

González enfatizó que mientras más se demora el Condado, más dinero del contribuyente tiene que sacrificarse, y sostuvo que es una decisión que debió tomarse “hace cinco años”.

El comisionado del Distrito 11 aplaudió que se haya sacado de la mesa pagar en perpetuidad a cualquier entidad, pero insistió en que el siguiente paso inevitable es escoger un terreno, preferiblemente de propiedad del condado, porque si se opta por tierra privada ese costo terminará pagándolo el residente.

También cuestionó el argumento de que el proyecto se financiaría privadamente. A su juicio, sea con financiamiento corporativo o bancario, el costo termina reflejándose en lo que paga el contribuyente. Por ello pide porder comparar las opciones de financiamiento.

En su lectura, la falta de dirección o liderazgo claro sobre la elección del sitio ha sido el mayor freno. “La conversación es en vano” si no se define el terreno, resumió, al tiempo que pidió que, de aquí a abril, la administración cumpla con un terreno identificado, porque “cada día que pasa se pierde más dinero” y en Miami-Dade no se puede seguir “jugando con el bolsillo de los residentes”.

Tres años sin decisión y sin incinerador

El debate ocurre tras tres años de intentos fallidos del condado por cerrar una ruta definitiva para el manejo de residuos. La urgencia se disparó desde que el incinerador de Doral dejó de operar tras incendiarse en febrero de 2023, dejando a Miami-Dade sin su planta principal de desechos sólidos.

En ese período se han evaluado ubicaciones para reconstruir o reubicar la instalación —incluyendo Doral, Medley y el antiguo aeropuerto de Opa-locka— pero todas han sido descartadas, en gran medida, por la oposición de comunidades cercanas. Rodríguez, quien asumió la presidencia de la Comisión hace aproximadamente un año, convirtió el tema en una prioridad y buscó imponer un calendario con fecha cierta.

Natalie Mialian Orbis comisionada

Consorcio FPL–FCC

Durante la presentación ante la Comisión, los representantes del consorcio FPL–FCC delinearon lo que describieron como un “campus sostenible de residuos”, una instalación que combinaría la conversión de basura en energía con programas de desvío bajo el modelo de “cero residuos”.

Según explicó uno de los voceros del consorcio en el pleno, la planta tendría capacidad para procesar entre 1.4 y 1.9 millones de toneladas anuales, y el componente de combustión manejaría hasta 37% del residuo administrado por el condado, dejando 63% para reciclaje, compostaje o reutilización. La cifra se enmarca en un sistema donde Miami-Dade genera aproximadamente cinco millones de toneladas de residuos al año, considerando el flujo total del territorio.

El consorcio también detalló que el proyecto incluiría una instalación de reciclaje “single stream” con capacidad de 40 toneladas por hora, equivalente a 140.000 toneladas anuales, así como una planta para el manejo de escombros de construcción y demolición con una capacidad similar. En cuanto al cronograma, el representante indicó que el proceso de permisos y el inicio de construcción podrían ubicarse alrededor de 2029, con una entrada en operación estimada para 2034, lo que obligaría al condado a mantener soluciones temporales de disposición de basura durante la transición.

La comisionada Natalie Mialian Orbis explicó que la importancia del consorcio entre FPL y FCC es maximizar la eficiencia. "Cada compañía es experta en diferentes áreas, al unirlas nos traerá mejor resultado”. No obstante, aclaró que, si no funciona económicamente, tenemos la opción de separar las propuestas.

Juan Carlos Bermúdez

Próximo paso

El comisionado del Distrito 12, Juan Carlos Bermúdez, coincidió con varios de sus colegas en que no hay apetito político para aceptar pagos perpetuos a propietarios privados, pues eso encarecería el servicio para los residentes de Miami-Dade. De cara a la agenda futura, resumió tres prioridades: primero, que la instalación no se ubique cerca de áreas residenciales en ninguna parte del condado; segundo, que el costo final es el factor determinante para el voto de muchos comisionados; y tercero, explorar si existe una alternativa más económica para desarrollar el proyecto valorado en millones de dólares. Bermúdez dijo estar abierto a evaluar un terreno más pequeño, de alrededor de 30 acres, en cualquier punto del condado, incluso fuera de su propio distrito, y subrayó que los comisionados representan a todo Miami-Dade y no solo a sus áreas particulares.

Con la moción ya aprobada el pasado miércoles, el punto crítico será si la administración puede regresar antes del 20 de abril de 2026 con un acuerdo provisional que mantenga vivo el cronograma, y cree una ruta hacia un sitio, sin comprometer al Condado a “royalties” perpetuos, tal como exige la política establecida por la Comisión.

La administración insiste en que la selección del terreno es el primer paso para no “botar” dinero en estudios, mientras Rodríguez y varios comisionados presionan por mantener el proceso en movimiento, con una regla clara: pagar el valor justo por el terreno, sin quedar atados a cargos recurrentes por décadas.

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