Una serie de propuestas legislativas busca suprimir tributos residenciales para aliviar el costo de vida; alcaldesa de Doral advierte sobre un colapso inminente en los servicios públicos
Capitolio estatal de Florida.
CÉSAR MENÉNDEZ/DLAMIAMI.- El Congreso de Florida debate una reestructuración radical del sistema tributario que plantearía disminuir drásticamente o suprimir el impuesto a la propiedad sobre viviendas habitadas por sus dueños para el año fiscal 2027.
Esta iniciativa, impulsada desde los pasillos del Capitolio estatal en Tallahassee con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, amenaza con provocar un vacío de ingresos estimado en 18.300 millones de dólares.
Gobiernos locales del sur de la Florida, en particular el condado Miami-Dade y municipios en pleno crecimiento como Doral, enfrentan un horizonte de insolvencia técnica y parálisis operativa si la medida avanza.
De hecho, esta encrucijada afronta la urgencia de brindar alivio económico a los ciudadanos contra la supervivencia financiera de servicios comunitarios esenciales que prestan los gobiernos municipales.
El motor de esta transformación radica en la Resolución Conjunta de la Cámara 201 y el plan denominado ‘Freedom 1-2-3’. Este proyecto legislativo no se muestra como una simple rebaja, sino que desmantelaría buena parte de la base impositiva actual.
La propuesta exime a unos cinco millones de propiedades residenciales principales del pago de tributos ad valorem, con excepción de los cargos escolares. Para compensar el gigantesco déficit, los legisladores estatales sugieren recurrir a gravámenes al consumo, como un alza en el impuesto a las ventas.
Analistas de la Oficina de Investigación Económica y Demográfica del estado advirtieron que este modelo sustitutivo reemplazaría ingresos estables por otros que no se pueden garantizar a cabalidad.
En ese sentido, el sur de la Florida sustenta parte de su economía en el turismo. Analistas creen que si ocurre un huracán o una recesión, los impuestos al consumo caerían en picada de forma dramática. Con el sistema ad valorem actual, las ciudades garantizan recursos fijos para policías y bomberos incluso en épocas de crisis económica.
A esta inestabilidad se suma la Ley de Combate al Desorden Público del año 2021. Dicha norma prohíbe reducir los presupuestos de los cuerpos de seguridad. Por consecuencia matemática, el 100% de los recortes recaería sobre las bibliotecas, los parques, el transporte público y la asistencia social.
El Condado Miami-Dade, que administra el mayor presupuesto municipal del sureste del país, proyecta perder más de 2.300 millones de dólares anuales si la propuesta legislativa es aprobada por el electorado mediante referendo como muchos ya lo anticipan.
De tal manera, la merma de capital imposibilitaría el pago del mantenimiento requerido para asegurar fondos federales destinados a obras vitales, tal como el Plan SMART de transporte masivo.
En el plano municipal, las cifras estatales se traducirían en un impacto fuerte para la cotidianidad de los residentes.
La Ciudad de Doral ilustra este dilema. La alcaldesa Christi Fraga aseguró que apoya la necesidad de actualizar los mecanismos de exención fiscal debido al alto costo de vida, pero dijo rechazar tajantemente cualquier fórmula legislativa que “destruya” la calidad de vida comunitaria.
Cerca del 39% del presupuesto total de Doral proviene de tributos a la propiedad. De ese porcentaje, casi la mitad corresponde a las viviendas principales. Así las cosas, la supresión total significaría un golpe de siete millones de dólares directos a las arcas locales.
Frente a esta realidad, Fraga detalló la gravedad del escenario con absoluta claridad, según cifras de la edil de esa localidad adscrita a Miami-Dade. "El 39% de nuestro presupuesto viene de las propiedades. Si esto se elimina completamente, vamos a tener un efecto grandísimo en nuestro presupuesto", explicó la alcaldesa con evidente preocupación.
De acuerdo con sus palabras, los fondos que dejarían de recibir obligarían al municipio a cancelar eventos gratuitos, paralizar el mantenimiento de los parques y clausurar amenidades vitales como el programa para ciudadanos de la tercera edad y los planes de apoyo para personas con necesidades especiales.
Para mitigar el impacto previsto, la administración local ya redujo la tasa de amillaramiento y ahora busca ingresos alternos, como el alquiler de espacios para eventos en un nuevo estacionamiento próximo al Central Park.
No obstante, Fraga afirmó que municipalidades vecinas sin una base comercial robusta como la de Doral no tendrían de opciones de supervivencia y se verían en la necesidad de devolver sus operaciones de servicio directo al gobierno del Condado.
Entretanto, la alcaldesa criticó la inequidad de la propuesta y citó ejemplos. Uno de ellos: una mansión de lujo podría obtener un ahorro de hasta 1,000 dólares, mientras que una familia de clase media apenas conservaría unos 400 dólares en su bolsillo, pero a cambio perdería servicios de seguridad y recreación que poseen un valor incalculable para la comunidad.
Además, Fraga subrayó que el estado estaría omitiendo tocar la porción impositiva de la Junta Escolar, la cual representa la mayor carga en la factura anual del ciudadano.
"No veo justo que una persona retirada asuma el pago del mismo costo a la Junta Escolar si no tiene ningún hijo en el colegio público", puntualizó Fraga en su declaración a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Como alternativa, la edil planteó como un paso viable anular el gravamen a la propiedad, incluida la cuota educativa, pero de forma exclusiva para poblaciones en estado de vulnerabilidad: personas de la tercera edad, viudas, ciudadanos con necesidades especiales y veteranos militares.
En paralelo a las discusiones sobre el impacto macroeconómico y local, otra propuesta cobra fuerza en los debates legislativos. Se trata de la Resolución Conjunta 205, patrocinada por el congresista estatal Juan Carlos Porras, representante del Distrito 119.
A diferencia del plan de eliminación general, Porras se enfoca en la exención del pago de impuestos a la propiedad de manera exclusiva para individuos mayores de 65 años.
La medida genera un debate intenso sobre la equidad intergeneracional. Por un lado, busca proteger a los jubilados que viven con ingresos fijos y sufren el constante aumento en las valoraciones inmobiliarias. Por otro, representa un déficit estimado de 6.700 millones de dólares anuales a nivel estatal, una carga que recaería sobre las familias más jóvenes, los trabajadores activos y los inquilinos.
En entrevista con DLA, el legislador defendió su visión como el camino más lógico y compasivo ante la inflación. En sus afirmaciones, Porras reconoció las “fallas” de un “recorte total e inmediato” para toda la población.
"El gobernador DeSantis desafortunadamente no nos ha presentado ningún tipo de plan de cómo él pretende eliminar todos los impuestos [a la propiedad]. Nadie quiere pagar impuestos, pero la gran realidad es que las personas necesitan pagar por la policía, por los bomberos, por las calles", aseguró el representante.
Porras concibe su proyecto como un escalón inicial pragmático. "He propuesto una resolución que eliminará completamente los impuestos de las casas para las personas mayores de 65 años. Para mí es el plan de más sentido común. Las personas que han trabajado en este país y han creado toda la infraestructura y la comunidad, que ya no pueden pagar estos incrementos, no deben pagar estos impuestos", enfatizó el legislador republicano.
Ante la interrogante sobre cómo las ciudades lograrían sostener sus servicios básicos con la merma de recursos, la respuesta del congresista fue clara y punzante: “con austeridad absoluta”. Porras opinó que los aparatos burocráticos locales alcanzan “dimensiones desproporcionadas” y requieren ajustes drásticos e inmediatos.
"Los gobiernos locales están acostumbrados a gastar demasiado dinero. Si nosotros como americanos nos tenemos que apretar los cinturones en nuestras casas, los gobiernos locales deben aprender a hacer lo mismo y gastar menos dinero en las cosas que no son necesarias", argumentó.
Desde su óptica, el dinero de los contribuyentes solo debe sufragar “servicios de absoluta emergencia” y “necesidades ciudadanas incuestionables”.
Las posturas encontradas entre líderes municipales como Fraga y legisladores estatales como Porras reflejan una crisis en el modelo de sostenibilidad financiera de la Florida.
Mientras los alcaldes claman por proteger la calidad de vida y la red de contención comunitaria, los representantes del Capitolio priorizan la devolución del capital al contribuyente, aun a costa de desmantelar la capacidad operativa de las ciudades si no hay alternativas viables para la reposición de fondos.
El proceso de la Resolución Conjunta 205 revela tensiones políticas internas severas. La iniciativa del congresista Porras avanzó con éxito a través de dos comités en la Cámara de Representantes, pero encuentra un obstáculo en el Senado de la Florida. Hasta la fecha, la Cámara Alta no ha avalado ninguna propuesta de recortes al impuesto a la propiedad, lo cual paraliza el avance del proyecto.
Ante este estancamiento, Porras anticipó un escenario de choque institucional inminente. El legislador predijo que el Ejecutivo estatal muy seguramente se verá abocado a convocar a una sesión extraordinaria durante el verano para forzar a los legisladores a concretar un acuerdo unificado sobre la política tributaria.
Más allá de las disputas en los pasillos de Tallahassee, las consecuencias de estas reformas reconfigurarían el mapa social del estado. Teniendo en cuenta declaraciones de entrevistados, esto pudiera eximir a los adultos mayores sin imponer límites de ingresos, como propone el Congreso estatal, y permitiría que dueños de propiedades lujosas evadan sus responsabilidades tributarias, mientras ciudadanos de clase trabajadora asumirían el peso del mantenimiento urbano.
En contraste, el Senado evalúa medidas fundamentadas en la necesidad económica real, con topes de ingresos que evitan el beneficio desproporcionado a personas adineradas.
La Liga de Ciudades de Florida y la Asociación de Condados mantienen su rechazo a estas medidas estatales por considerar que socavan la autonomía municipal y la resiliencia ante desastres naturales.
Al mismo tiempo, estudios económicos ponen en contexto que la falta de fondos fijos expulsaría a condados y municipios de los mercados de bonos por la inminente degradación de sus calificaciones crediticias, un factor que encarecería de inmediato los préstamos necesarios para construir y mantener puentes, plantas de agua y terminales aeroportuarias.
Todas estas discusiones tendrían una resolución final en las elecciones de noviembre, cuando los votantes tendrán la responsabilidad de decidir qué hacer con los impuestos a la propiedad.
Las papeletas presentarán finalmente una opción que promete reducir estos gastos en hogares y los electores sopesarán el alivio económico a corto plazo frente a la afectación de los servicios comunitarios que durante décadas cimentaron la seguridad y el crecimiento de municipalidades del sur de la Florida.
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