MIAMI.- La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) dio a conocer este martes una denuncia que ya se encuentra en curso ante el Consejo de Derechos Humanos y la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, por la aplicación del Decreto 370 por parte del régimen cubano, un hecho que los periodistas independientes, artistas y la sociedad civil en general dentro y fuera de la isla considera un nuevo ataque a la libertad de expresión en Cuba.

Durante un encuentro virtual realizado este martes, al que DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo acceso desde Miami, Javier Larrondo, presidente de CPD, afirmó que con la puesta en vigor de esa normativa, “Cuba ha iniciado un proceso de normalización de la represión” en contra de la “libertad de expresión”.

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La queja formal instaurada ante la ONU se basa en el informe titulado "Eliminación de la libertad de expresión en Cuba: el Decreto-Ley 370 y su amparo en la Constitución", que contiene 33 casos de violaciones, y fue elaborado con la participación de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el Movimiento San Isidro, el Instituto Patmos y el movimiento Corriente Martiana.

La denuncia deja documentado que “miles de civiles, funcionarios, activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes en la isla” han resultado afectados tras la aplicación del Decreto 370 que, en círculos de la oposición y la población civil, se conoce como "Ley Azote".

Una de las participantes en el panel, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, afirmó que “hasta que José Daniel Ferrer no recupere su libertad plena y no quede un solo preso político en la cárcel, Cuba seguirá violando sus compromisos con la Unión Europea y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La diplomática checa agregó: “La respuesta de la Unión Europea (UE) ha sido muy floja. No se han utilizado las herramientas del acuerdo (suscrito entre la UE y Cuba) para responder a estas violaciones. Desgraciadamente, no se ha producido un cambio positivo en Cuba. Peor aún, hemos visto una ola de represión con el nuevo decreto-ley”.

El Decreto 370, en su artículo 68, inciso (i), considera una violación “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

El incumplimiento de esa disposición genera multas de 3.000 pesos cubanos (unos 150 dólares). Por solo citar un ejemplo, en menos de dos meses, la periodista independiente cubana Camila Acosta, quien también participó en la conferencia organizada por CPD, ha recibido cinco de esas sanciones monetarias.

Entretanto, el eurodiputado español Javier Nart, comparó el régimen castrista con la “España de (Francisco) Franco”, al tiempo que advirtió que en la isla “se ha pasado de una manera dura y cruda, a unos métodos más sutiles, pero efectivos”, tras lo que citó el Decreto 370.

Anotó que bajo el concepto del “interés social”, como “exactamente lo decían Adolfo Hitler, o Mussolini, Stalin o Franco”, el régimen cubano “tiene inscrito el país en el registro de la propiedad”.

Asimismo, Nart calificó la posición de la UE de “obscena hipocresía” y se refirió al Decreto 370 como un instrumento “reaccionario".

“En el régimen cubano todo es posible porque todo lo es”, sentenció el político español.

En su denuncia, Cuban Prisoners Defenders presenta “pruebas irrefutables de la creación de un patrón de eliminación sistemática de la libertad de expresión en todas las comunicaciones electrónicas privadas y públicas en Cuba”.

Por su parte, el diputado español y portavoz adjunto del Partido Popular (PP), Carlos Rojas, aseguró que el sistema totalitario imperante en la isla caribeña quiere presentar “un buenismo que es irreal” y llamó a “documentar bien” lo que trae consigo ese tipo de legislaciones “para abrir los ojos de muchos países”.

“Se nos quiere vender una realidad falsa, se nos quiere mostrar a los regímenes como un ejemplo. Hay partidos [no dijo cuáles] que tienen como referencia a regímenes donde se pisotean los derechos”, argumentó.

Para el abogado Blas Jesús Imbroda, otro de los invitados especiales al panel de CDP, “el Decreto [370] no es más que el reflejo de la represión” de la cúpula gobernante en esa nación insular.

Desde Cuba, la comunicadora independiente Camila Acosta aseveró que a los periodistas que no laboran con medios oficialistas en la isla “no los asesinan”, pero –sostuvo– “con los mecanismos que usan es como para matarnos en vida”.

Acosta también mencionó el Decreto 370 como estrategia del régimen para “controlar y acceder a la información personal de los usuarios”, dado que un acápite de esa norma obstaculizaría el hospedaje de blogs personales y medios independientes digitales en servidores que no sean controlados por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).

Acto seguido, el artista Amaury Pacheco, quien habló en representación del Movimiento San Isidro, dijo que “el Gobierno cubano viene danzando oscuramente de un decreto a otro, cercenando esa Constitución que quiere poner como ejemplo”.

Más adelante, el activista declaró que “el Gobierno trabaja directamente en la conciencia del cubano; lo exalta, pero por detrás lo golpea”.

A su turno, el pastor bautista cubano Mario Félix Lleonart, exiliado en Estados Unidos, complementó que a raíz del Decreto 370 “algunos pastores están siendo amenazados en Cuba”, porque –a su juicio– “vivimos también una represión religiosa”.

Siguiendo el orden de participaciones durante la conferencia, el prisionero político José Daniel Ferrer calificó de “criminal” que un régimen “sancione a un ser humano porque exprese lo que piense” y “diga que hay hambre y miseria”.

En opinión de Ferrer, quien cumple una pena de arresto domiciliario de cuatro años y seis meses por alegaciones del régimen cubano que han generado malestar entre la comunidad internacional, la “sociedad con miedo a expresarse no puede avanzar”.

El líder de la UNPACU y una de las caras más visibles de la oposición interna en la isla añadió que la situación en Cuba “se agrava” con “un decreto que es el instrumento que más usa el régimen cubano contra quienes publican lo que pasa a su alrededor”.

Finalmente dijo que “hasta la propia Constitución comunista, arbitrariamente impuesta, reconoce ciertos derechos que, en la práctica, se violan permanente y el régimen la interpreta como quiere”.

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