Denuncian en Venezuela aumento de persecución de opositores y restricción de libertades, previo a elecciones

También condenan la restricción de las libertades que aún se mantienen en los escasos espacios cívicos.

Las ONG indican que el “patrón de persecución” se materializa, mediante acciones ejecutivas arbitrarias que socavan el ejercicio de derechos fundamentales, consagrados en la Constitución. Mencionan entre ellos a la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación.

Y esta persecución conduce a la persistencia de restricciones, “ya de larga data”, sobre el espacio cívico y democrático en el país.

“El Estado venezolano continúa avanzando en represalias hacia sectores de la ciudadanía y la sociedad civil, a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos”.

Agrega: “Vemos con preocupación el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral que suponemos pretenden generar un efecto inhibitorio en procesos electorales venideros”, advierten las ONG A.C. Mujeres de Frente, Acceso a la Justicia, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Cofavic, entre otras que suscriben el texto, difundido por Expresión Libre.

Agosto, mes de persecuciones y represión

En el texto, las ONG refieren que solamente en el mes de agosto pasado ocurrieron más de siete casos de persecución y represión por parte del régimen.

Mencionan las reiteradas amenazas contra la seguridad física de María Corina Machado y Delsa Solórzano, así como la condena de 6 sindicalistas a 16 años de prisión tras haber sido juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo por delitos de conspiración y asociación para delinquir.

También señalaron el caso arbitrario de la detención y privación de libertad, en Táchira, de Yosida Vanegas, madre del sargento Juan Carlos Monasterios, hecho preso y condenado por su supuesta participación en un “intento de magnicidio”, en una céntrica avenida de Caracas, en 2018.

Inhabilitaciones ilegales

Las ONG hacen mención especial a las inhabilitaciones políticas “sin sentencia definitiva”, a los actos de intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que “procuran incentivar la participación política a través de elecciones primarias. A esto, agregan la intervención judicial de asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y partidos políticos como el Partido Comunista de Venezuela.

“Es esta una forma de disuadir y condicionar al electorado en Venezuela, lo que junto a los obstáculos institucionales y fácticos que se han impuesto desde el Estado, limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico en el país”.

La persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes debe cesar, reclaman las ONG en el comunicado.

“Es obligación del Estado dirigir sus acciones en garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos”.

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