El expresidente del organismo afirmó que se lograron eliminar los mecanismos internos establecidos para estos casos, por los cuales se rige la federación internacional de sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Asimismo, resaltó que la Cruz roja venezolana es dirigida por "voluntarios que trabajan por la causa humanitaria y no por grupos mafiosos".
Villaroel también hizo énfasis en que "jamás se valió del cargo de presidente de la institución para promover o participar en presuntas conspiraciones políticas o judiciales", aseguró que eso es falso.
"Las noticias difamatorias generadas para justificar la intervención de la Cruz Roja, son deshonestas, y reprochables", lamentó.
El expresidente de la Cruz Roja venezolana alertó que el régimen le elaboró un expediente de presuntos maltratos a trabajadores o voluntarios, destacando que en los 40 años de su gestión como presidente, nunca recibió ningún tipo de denuncia en su contra.
De igual forma destacó que la decisión emanada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su sala constitucional, fue dictada en tiempo récord, pocas horas después de haber recibido la denuncia, afirmando que se violaron los principios constitucionales, establecidos en la carta magna venezolana.
Con respecto al manejo de la institución, Villaroel aseguró que todas las donaciones financieras y especie de carácter internacional que beneficiaron a millones de venezolanos, fueron administradas en su totalidad por la Federación Internacional.
También manifestó que durante todos los años que estuvo al frente de la institución como voluntario, se cumplieron a cabalidad los procesos electores en los periodos estipulados, en la normativa interna de la Cruz Roja venezolana.
Villaroel también manifestó que actualmente está sometido a delicados tratamientos de salud que le impiden estar en Venezuela
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Delegación de la FICR
Delegados de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) y la Media Luna Roja (FICR), llegaron a Caracas para conocer el alcance de la situación de la Cruz Roja tras la intervención del régimen venezolano a la institución
El organismo, de acuerdo con un comunicado publicado en su página Web este miércoles 9 de agosto, informó que esta semana envió altos funcionarios a Caracas “para unirse a su delegación permanente en el país y hacer frente a los acontecimientos en curso”.
De esta manera, buscan continuar con el objetivo “de comprender mejor el alcance de los riesgos y la capacidad de continuar brindando servicios humanitarios basados en principios, y el nivel de participación del gobierno, si corresponde, en el futuro”.
Además, la FICR puntualizó que “cualquier intervención gubernamental en nuestras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja plantea serias preocupaciones con respecto a su independencia y el trabajo humanitario basado en principios de las Sociedades Nacionales y será tratada con la mayor importancia. La Federación Internacional tiene sus propios mecanismos para abordar situaciones en las que se podría considerar que una Sociedad Nacional miembro viola nuestros principios fundamentales y alentamos a los gobiernos a facilitar el propio mecanismo interno de la Federación Internacional para abordar tales situaciones”.
Asimismo, la Cruz Roja Internacional indicó que es consciente “de la participación de las autoridades gubernamentales en la reorganización de la dirección y el directorio de la Cruz Roja Venezolana y las acciones relacionadas”.
Enfatizó el organismo que la prioridad es “proteger el papel crítico de la Cruz Roja Venezolana y sus voluntarios y personal en el país: su acción humanitaria neutral, imparcial e independiente ha sido esencial para salvar vidas”.
Por su parte, a través de Twitter, la Junta reestructuradora de la Cruz Roja Venezolana, que preside el empresario Ricardo Cusanno, informó que recibió a dos delegados enviados por la Federación Internacional de la Cruz Roja "para trabajar conjuntamente con la Junta Restructuradora la hoja de ruta para garantizar: La integridad de nuestros voluntarios, actualizar nuestros estatutos y promover elecciones democráticas en un marco de 12 meses".
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Piden investigación transparente
La Cruz Roja Venezolana (CRV) no debe ser objeto de “la intervención indiscriminada de entes asociativos independientes por vía de la judicialización”, instó Control Ciudadano, Organización No Gubernamental (ONG) presidida por la abogada Rocío San Miguel.
El martes 8 de agosto, en una nota de prensa, la ONG advirtió que el proceso que se lleva a la Cruz Roja no debe politizarse. El 4 de agosto se conoció la sentencia N° 1057de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impuso una Junta reestructuradora del organismo presidida por el empresario Ricardo Cusanno, quien dirigió Fedecámaras.
“Llamamos la atención ante cualquier intento para la utilización de una falaz refundación para negar la existencia independiente de la Cruz Roja Venezolana y la creación en su lugar de entes apéndices del poder político”, enfatizó Control Ciudadano.
La ONG subrayó que el acervo histórico de trabajo humanitario y de promoción del Derecho Internacional Humanitario, desarrollado por la Cruz Roja Venezolana desde 1895, “no son patrimonio de ninguna persona ni de ninguna parcialidad, ni pueden ser desconocidos en medio de un entorno políticamente fragmentado, polarizado y de creciente hostilidad hacia las formas organizadas de sociedad civil”.
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Dado que el régimen de Nicolás Maduro se amparó en presuntos abusos al personal de la CRV, Control Ciudadano puntualizó que “la investigación, sanción a los responsables y reparación integral de cualesquiera personas que hayan podido ser víctimas de cualquier forma de acoso o abuso por parte de cualquiera que haya ejercido cargos de autoridad en la Cruz Roja, no está de ningún modo reñido con la garantía del debido proceso”.
Además, la ONG alertó “sobre cualquier argumento falaz que sostenga que, para la tutela de intereses y derechos difusos y colectivos, o para la eficaz reparación a las víctimas de actos contrarios a derechos fundamentales, sea necesaria o justificable la vulneración de los derechos a la libre asociación, a la presunción de inocencia y al debido proceso”.
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El vicepresidente de la Cruz Roja de Venezuela Miguel Villarroel.
CAPTURA DE PANTALLA.
Control Ciudadano enfatizó que el carácter interdependiente e indivisible de los derechos humanos obliga a los operadores de justicia y a todas las autoridades del régimen venezolano a respetar y garantizar los derechos humanos.
Por otra parte, la ONG venezolana sostuvo que la intervención de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, y el debate público que la medida ha generado, “deben abrir una ventana de oportunidad para los cambios normativos y de gobierno interno de esta institución”.
En ese sentido, Control Ciudadano planteó que estos cambios deben hacer compatibles los principios de independencia y neutralidad con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al derecho de libre asociación en una sociedad democrática.
Antes de que se conociera el dictamen de reestructuración de la CRV, el vicepresidente de la Cruz Roja de Venezuela, Miguel Villarroel, había exhortado al régimen de Maduro a no intervenir esa institución en aras de permitir continuar la labor y los esfuerzos para beneficiar a la población mediante la ayuda humanitaria.
Villarroel respondió entonces a la "investigación” judicial en su contra que fue anunciada por el fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, por denuncias de presunto acoso y maltrato a voluntarios y trabajadores remunerados. La solicitud del funcionario se basó en los convenios internacionales de los que el Estado de Venezuela es suscriptor.
El 7 de agosto se conoció que, además de Ricardo Cusanno, la Junta Reestructuradora de la Cruz Roja está conformada por María Fátima Garcés, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alberto C. Vollmer: presidente de Ron Santa Teresa; el cardiólogo Juan Simón Muñoz; el medallista olímpico Rubén Limardo; la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la UCV, Jhoanna Pantoja; y Griswill Fonseca, médico ginecobstetra.
Esta junta, entre otras, deberá adecuar el marco normativo de la Cruz Roja, conducir un proceso electoral interno y cooperar con el Ministerio Público en la investigación penal ya abierta.
