CARACAS.- Después de ocho años de recesión el sector reformista del régimen de Nicolás Maduro avanza en su estrategia de liberalización de la economía. "Vamos a sacar entre 5% y 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional. Y usted se podrá convertir en inversionista de (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela) CANTV, de Movilnet (Telefonía móvil), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios)", fue indicado por el mandatario en una alocución.Esta decisión, aunque para muchos implica que el proceso socialista comienza a disiparse, en realidad puede esconder la estrategia de intentar ofrecer incentivos para la flexibilización de las sanciones internacionales al país, disminuyendo el costo político para el gobierno de EEUU.El economista Francisco Rodríguez sostiene que el anuncio de Maduro de ofertar acciones de empresas públicas en la bolsa “puede ser parte de una estrategia para disminuir el costo político para la administración Biden de permitir la compra de petróleo venezolano”.

Según Rodríguez, a pesar de que los medios se han enfocado en la venta de acciones de CANTV, lo más relevante es la referencia hecha por Maduro a la venta de acciones de las empresas mixtas en el área petrolera. Hoy, PDVSA es la accionista mayoritaria de todas las empresas mixtas petroleras. Si a través de esta venta, PDVSA pasase a tener menos del 50% de las acciones de una empresa mixta, podría comenzar a exportar petróleo a EEUU aun en ausencia de un levantamiento de sanciones”.No obstante, de ser cierta la hipótesis de Rodríguez la administración de Maduro se enfrentaría al impedimento legal establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en donde se establece que el Estado debe preservar el control de las empresas públicas mediante una mayoría accionaria superior al 50%”. Este artÍculo desarrolla el contenido de lo dispuesto en la Constitución Nacional en el artículo 302 en donde se especifica que el Estado “se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico”.

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Sin embargo, no son pocos los analistas que recuerdan que desde una perspectiva legal en Venezuela “todo es posible”, por lo que no debe obviarse la posibilidad de que el recién designado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) encuentre la manera de justificar mecanismos de control estatal más creativos a la mayoría accionaria.Rodríguez recuerda que lo que usualmente llamamos sanciones petroleras a Venezuela es la inclusión de PDVSA en enero del 2019 en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDNs). Quien está sancionado no es Venezuela sino PDVSA. Las empresas mixtas en las que PDVSA es accionista mayoritaria se ven afectadas por las sanciones como resultado de la regla del 50%, que especifica que cualquier empresa en la que un ente sancionado tenga al menos el 50% de la acción también será considerada un SDN. Ya EEUU ha permitido en el pasado la exportación de productos petroquímicos por una empresa en que PDVSA es accionista minoritario, donde no se cumple la regla del 50%. Se trata de Metor, empresa mixta en que Mitsubishi es el principal socio internacional.

En otras palabras, Maduro tiene un instrumento a su disposición que le permite volver a exportar petróleo a Estados Unidos aún sin un levantamiento de sanciones a PDVSA, permitir que esta se haga a través de empresas en las que el Estado venezolano es un socio minoritario”.Es evidente que EEUU pudiese incluir a las empresas mixtas entre las sanciones, por eso los analistas consultados concuerdan en que este tipo de estrategia debe ser parte de un acuerdo con la administración Biden para que sea efectiva.Rodríguez explica: “para la administración Biden, lo conveniente es que esta sería una forma de permitir la entrada de petróleo venezolano sin hacer ningún cambio en la regulación de sanciones. Por ende, no se podría decir que la administración Biden está levantando sanciones petroleras. Desde el punto de vista de los venezolanos, esta opción dista de ser la mejor, dado que permitirá a Maduro tener control total sobre los recursos generados por la recuperación de acceso al mercado estadounidense y no evitaría que sean destinados a corrupción o represión”.

Visto bueno preliminar

La decisión de ofertar acciones de empresas públicas en la bolsa es inicialmente positiva, en el criterio del economista Luis Oliveros, quien sostiene que la privatización de las empresas del Estado “disminuiría el déficit fiscal, ya que actualmente estos activos generan pérdidas”.Oliveros considera que esta decisión implica un cambio ideológico en el manejo de la economía desde la administración de Maduro."La declaración de Maduro admite que no hay plata en las empresas del Estado. Eso es una realidad de hoy pero también significa que hubo un mal manejo gerencial en las épocas de bonanza", sentenció Oliveros.Para el economista y director de la firma Datanálisis Luis Vicente León “más allá de los análisis de factibilidad, cualquier decisión tendiente a incrementar la participación privada en la actividad económica venezolana y especialmente en las actividades hasta ahora controladas por el Estado, es positiva. (...) El anuncio más importante es la posibilidad de participar en las petroleras mixtas, pues en las actuales circunstancias mundiales, la decisión de expandir producción petrolera venezolana para contribuir al mercado occidental podría ocurrir tarde o temprano, formal o informalmente".

Depreciación

Para la mayoría de los medios el anunció de Maduro provocó que el precio de la acción de CANTV (TDV.D) se disparara 20,3% para cerrar en 0,89 bolívares por unidad en la sesión de la Bolsa de Valores de Caracas del 12 de mayo, un aumento que superó ampliamente el comportamiento del mercado.En total el valor de las acciones que saldrán a la venta es equivalente a 5 millones de dólares. Actualmente la CANTV tiene 730 millones de acciones, de estás 91% pertenecen al Estado venezolano.

Considerando que el 9% de las acciones que saldrán a la venta tiene un costo de 5 millones de dólares se pudiese afirmar que la empresa tiene un valor de mercado de 55 millones de dólares.Una cifra ínfima si se considera que el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la CANTV por 4.700 millones de dólares y Hugo Chávez la recompró por 2.000 millones de dólares. En ese momento Chávez pagó por el control de la empresa un precio equivalente a 2,12 dólares por acción.

Diez años después esos 2,12 dólares equivalen a 2,97 dólares.Para Gustavo Pulido Medina, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, el hecho de que una empresa cotice en la bolsa la obliga a ser transparente y a rendir cuentas de forma permanente. "Nos parece muy positivo que haya un viraje en la visión y políticas económicas venezolanas de los últimos 20 años, todo lo que nos lleve a que seamos una economía de libre mercado debe ser bien recibido”.

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