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El allanamiento a la inmunidad parlamentaria de 13 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela no puede verse como un caso aislado. Ganar a través de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los espacios de poder que los ciudadanos negaron con sus votos ha sido una de las principales tácticas de Nicolás Maduro para desarticular a sus adversarios y mantenerse a todo costa en el poder.

La última fase de esta estrategia consiste en disolver al Parlamento a través de las decisiones del TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente (presidida por Diosdado Cabello e instaurada sin cumplir con lo establecido en la Constitución), impidiendo que exista el quórum mínimo para que pueda sesionar la Asamblea Nacional.

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El 6 de diciembre del año 2015 los partidos de oposición lograron capitalizar 112 escaños de la Asamblea Nacional reduciendo al chavismo a solo 55 curules. A partir de ese momento el régimen de Maduro, a través del TSJ, se concentró en anular al parlamento nacional para desconocer el voto de 7.728.025 venezolanos. La estrategia se concentró en emitir hasta 97 sentencias en las que el máximo tribunal anula las funciones del parlamento.

En paralelo a las decisiones en contra del Poder Legislativo se han emitido sentencias judiciales de diferente índole o se ha comenzando a instigar y perseguir 34 diputados, entre parlamentarios principales, suplentes y disidentes del chavismo.

Desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente esta instancia ha levantado la inmunidad parlamentaria de 16 diputados, sin contar con la petición realizada el día de hoy por el TSJ de enjuiciar a los diputados Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Franco Casella y Winston Flores.

Para romper el quórum de funcionamiento de la Asamblea Nacional basta con dejar vacías 29 curules. En este momento existen 17 curules que pudiesen quedarse sin parlamentarios porque los diputados que deben ocuparlas (entre principales y sus respectivos suplentes) se encuentran presos (como los diputados Juan Requessen y Edgar Zambrano, entre otros), desaparecidos después de ser detenidos por la policía política (como el diputado Gilber Caro), exiliados (como los diputados Julio Borges y Gaby Arellano, entre otros), bajo protección diplomática (como los diputados Freddy Guevara y Américo de Grazia entre otros) o en resguardo después que se inmunidad fue allanada y pueden ser detenidos (como los diputados Juan Andrés Mejías y Luis Florido, entre otros).

Comenzaron con los alcaldes

La estrategia basada en el uso de la justicia en contra de la oposición comenzó a intensificarse después del año 2013, enfocándose en alcaldes y gobernadores

De los 77 alcaldes que la oposición logró ganar en los comicios de diciembre de 2013 (en su mayoría en las principales ciudades del país) 12 fueron separados paulatinamente de sus funciones, pesando sobre la mayoría penas de cárcel e inhabilitación política impuestas por el TSJ.

En el año 2014 los magistrados del TSJ decidieron destituir y encarcelar por desacato a los burgomaestres Enzo Scarano (municipio San Diego, del estado Carabobo) y Daniel Ceballos (municipio San Cristóbal, del estado Táchira) por supuestos desacatos al máximo tribunal al no impedir protestas de calle en contra de Maduro.

Esta medida después se extendió a Alfredo Ramos (municipio Irribaren del estado Lara)

A medida que Maduro perdía respaldo popular las decisiones judiciales fueron aumentando hasta provocar el exilio sin poder cumplir con su mandato de los burgomaestres Warner Jiménez (alcalde de Maturín, en el estado Monagas), Gustavo Marcano (alcalde de Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui), Carlos García (alcalde de Mérida), Omar Lares (alcalde de Campo Elias, en Mérida), Ramón Muchacho (alcalde de Chacao en Miranda), David Smolaski (alcalde de El Hatillo en Miranda) y Antonio Ledezma (alcalde Metropolitano).

Gobernadores sin elección

Para evitar compartir el poder regional el chavismo en paralelo adelantó la estrategia de posponer las elecciones regionales que debían celebrarse en diciembre de 2016 para que Maduro pudiese designar a nuevos gobernadores sin pasar por las elecciones.

La posposición de las elecciones provocó que desde Miraflores se designara a los gobernadores de los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Sucre y Portuguesa. En la mayoría de los casos quienes dejaron sus estados lo hicieron para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, mientras en el caso de los gobernadores de Anzoátegui (Aristóbulo Isturiz) y Aragua (Tareck El Aissami) abandonaron sus regiones para ocupar posiciones ministeriales junto a Maduro.

En paralelo se continúo con la estrategia de las inhabilitaciones políticas, siendo la más emblemática la impuesta por 15 años a Henrique Capriles Radonski.

La medidas contra los alcaldes y Gobernadores han disminuido en el último años, después de los cuestionados procesos electorales celebrados entre 2017 y 2018.

No obstante, los pocos alcaldes opositores (20) y gobernadores (cinco) electos en esos procesos marcados por la abstención han sido obligados a reconocer la legalidad de la Asamblea Nacional Constituyente so pena de ser destituidos como ocurrió en el caso del gobernador electo del estado Zulia Juan Pablo Guanipa.

Magistrados fuera del país

El intento de equilibrar el Tribunal Supremo de Justicia con la designación desde el Parlamento de nuevos magistrados que ocuparan las vacantes del máximo tribunal tampoco surtió efecto.

Los 33 magistrados que fueron designados por la Asamblea Nacional en 2016 para dar institucionalidad al organismo y tratar de evitar que el TSJ se continuara utilizando como instrumento de persecución política tuvieron que abandonar el país después que dos de ellos fueran detenidos por la policía política de Maduro.

Estado de Excepción eterno e inconstitucional

Mientras alcaldes y diputados electos por voto popular y magistrados designados por la Asamblea Nacional se encuentran detenidos, perseguidos o en el exilio Maduro (con el aval del TSJ) mantiene a Venezuela en un eterno régimen extraordinario de poderes especiales. Desde enero del año 2016 Venezuela se encuentra en Estado de Excepción y Emergencia Económica.

Según el análisis de los integrantes de la organización Acceso a la Justicia “El Gobierno viene extendiendo el estado de excepción desde enero de 2016, por lo que aplica dicha figura como una decisión permanente o eterna que busca suspender la vigencia del texto constitucional por un régimen paralelo con el que incrementa cada vez más los poderes del Ejecutivo y el control absoluto sobre las instituciones del país por el partido gobernante”.

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