El Gobierno de México ha destinado el pago de más de 2.019 millones de pesos, aproximadamente unos 100 millones de dólares para llevar y mantener a médicos cubanos desde 2022, pero no cuenta con ningún dato que permita evaluar si su presencia ha beneficiado al sistema público de salud.
Según reveló El Universal a partir de solicitudes de transparencia, ni la Secretaría de Salud (SSA), ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni el IMSS-Bienestar poseen métricas, indicadores o reportes que midan la productividad, competencias o nivel de especialización de estos profesionales enviados por La Habana, detalla el portal web Diario de Cuba.
Las tres instituciones se han limitado a remitirse unas a otras la responsabilidad de dar seguimiento al programa, mientras afirman desconocer incluso el número de consultas realizadas, las zonas exactas de atención o el rendimiento de los galenos.
El acuerdo entre La Habana y México, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cubrir plazas en zonas marginadas y de difícil acceso, incluía un mecanismo de evaluación en tres fases (inicial, intermedia y final) para medir la calidad de la atención y la satisfacción de los pacientes. Sin embargo, ninguna de las dependencias consultadas pudo confirmar si esas evaluaciones se han realizado.
La opacidad se extiende también al uso de los recursos. El Gobierno mexicano ha costeado para los médicos cubanos traslados con chofer, hospedaje permanente con electrodomésticos, dieta especial tres veces al día y atención personal las 24 horas, pero las autoridades desconocen cuánto del presupuesto total se ha destinado directamente a salarios.
La fragmentación de datos entre la SSA, el IMSS, IMSS-Bienestar y la contraparte cubana imposibilita fiscalizar el programa, que sigue operando sin pruebas de que haya cumplido su objetivo de mejorar la atención médica en comunidades desatendidas.
En medio del por parte del régimen cubano y los servicios médicos en la Isla son cada vez más deficientes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en junio que los médicos enviados por La Habana a dicho país "no están en condiciones de trabajo forzado".
Poco después de que EEUU anunciara la aplicación de restricciones de visas a los funcionarios de gobiernos de Centroamérica que explotan a profesionales de la salud cubanos exportados por el régimen, cuyas "misiones médicas" son una de sus principales fuentes de ingreso de dólares, Sheinbaum dijo que "debe de demostrarse que los médicos de Cuba en misiones en otras naciones son explotados para poder imponer estas restricciones". Dijo, asimismo, que, hasta el momento, EEUU no ha informado sobre este tema al Gobierno mexicano.
"En el caso de México hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el período neoliberal que dejaron de formarse médicos. Hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México, entonces no vemos ningún problema en eso. Es legal, es abierto y no tiene problema", afirmó.
En enero de 2024, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México acusó al Gobierno de Cuba de embolsarse el 94,4% del salario de los médicos enviados al territorio mexicano durante la pandemia del Covid-19, cuando se produjo la primera exportación de esos profesionales a la nación vecina.
Dicha acusación está en consonancia con los señalamientos de la ONU al régimen cubano por la persistencia de las violaciones de los derechos de los trabajadores exportados, en especial los médicos enviados a "misiones internacionalistas".
Así, la exigencia a países de la región para que combatan la explotación laboral que promueve La Habana ha sido un tema constante en la agenda del secretario de Estado de EEUU, el cubanoamericano Marco Rubio, desde que asumió el cargo, lo que ha llevado a Washington a ejercer presiones sobre todo a los gobiernos de naciones caribeñas para que rescindan sus contratos en el régimen.
Esas gestiones habrían conseguido que países como Bahamas y Guyana exigieran al Gobiernos de la Isla el pago directo de los salarios a los sanitarios que trabajan en esos países en vez de, como suele ser en la mayoría de los casos, aceptando como intermediaria a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., entidad del conglomerado empresarial de los militares de la Isla, GAESA.
Archivo Cuba reveló en su más reciente informe que la exportación de profesionales de Medicina y Educación a Jamaica no solo le reporta al régimen cubano jugosas ganancias económicas, sino que también le permite colar su propaganda política en el país caribeño.
El proyecto denunció, además, que los pagos directos a los médicos cubanos anunciados por el Gobierno de Bahamas en mayo no frenarán la explotación a que los somete el régimen.
El contrato entre los profesionales de la salud y la Unidad de Central de Cooperación Médica (UCCM) del Ministerio de Salud de Cuba, MINSAP —que Archivo Cuba pudo examinar gracias a fotos tomadas por médicos cubanos— establece la escandalosa obligación para los médicos cubanos de "remesar" a la Isla la mitad de sus salarios.
FUENTE: Con información de Diario de Cuba