CARACAS.- El tablero electoral se vuelve a mover en Venezuela. La probable participación de los principales partidos opositores en las elecciones regionales y municipales convocadas para el 21 de noviembre se une a los preparativos para el muy anunciado ‘quinto proceso de negociación’, entre Nicolás Maduro y la oposición que busca reponer el sistema democrático.
Nuevo diálogo y llamado a elecciones podría decidir el futuro de Maduro
Aunque el llamado G4 (integrado por los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática) se ha negado a participar en las últimas cuatro elecciones, dadas las maniobras oficialistas para obstaculizar el proceso electoral, la agenda multilateral encauza a los principales referentes políticos de la oposición a reconsiderar la participación.
Este cambio de estrategia ha sido impulsado en parte por ciertas ‘concesiones’ que Maduro ha otorgado, en un intento por ‘acercarse’ a las reclamaciones de Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, el efecto, no deseado por el chavismo, es la inesperada unidad de la oposición ante el anunciado proceso de negociación y las elecciones.
Proceso
Según explicó el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Virtuoso, durante la conferencia Prospectivas Políticas en Venezuela, la arremetida de Maduro en contra del proceso de negociación lleva a pensar que el sector oficial “reaccionó ante el éxito que estaba alcanzando la estrategia de construcción de una coalición nacional e internacional, donde se juntaron criterios para una negociación seria, que respondiera a las inquietudes de la crisis económica y social en la configuración de una salida hacia una transición democrática”.
Y añadió: “En ese marco, se generaron expectativas, donde las sanciones serían utilizadas como elemento de negociación. Por eso, el Gobierno optó por hacer más difícil el proceso de negociación”.
No obstante, Virtuoso opina que, a pesar de las adversidades, “hay que apostar a la participación porque ella permitiría mejorar la posición en futuros escenarios electorales”, de cara, incluso, a la opinión pública internacional.
“Es imperativo”, continuó, “alinear la estrategia opositora porque el gobierno sigue intentando construir escenarios políticos que no pongan en peligro la actual estructura de poder”.
Sobre la eventual negociación, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, expuso “el objetivo del diálogo para el régimen no es negociar su salida del poder, sino mantenerse en el poder (…) la jugada de las oposiciones es no llegar a ningún acuerdo. La posibilidad de alcanzar un acuerdo es inversamente proporcional al número de negociadores. Eso, sin contar que algunas oposiciones se oponen más a la oposición que al régimen”.
Esta percepción no es compartida por Colette Capriles, especialista en filosofía política y ciencias sociales en la Universidad Simón Bolívar, quien sostiene que nadie “negocia su salida del poder, obviamente. Aquí lo que se ha de negociar es la reconstrucción institucional para que la gente decida, libre y democráticamente, quién se queda y quién se va”.
Encuesta
Todo parece indicar que la mayoría quiere que la oposición participe.
Según el más reciente estudio de la firma Delphos, que fue encargado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, ocho de cada 10 venezolanos piensan que la oposición sí debe participar en las elecciones regionales y locales.
Y si solo se considera la opinión de quienes se identifican con la oposición, el aval a la participación se ubica en 85%.
Sin embargo, no todos los que piensan que la oposición debe participar en las elecciones están dispuestos a votar en esos comicios. El estudio de Delphos indica que 53% de los ciudadanos están muy decididos a votar. Este grupo aumenta hasta 60% si existiera un llamado unitario de la oposición.
No obstante, si los partidos que integran el G4, incluida la voz del presidente designado Juan Guaidó, llamaran a no participar, la disposición a votar cae al 44%.
Jugada
Según Virtuoso “el gobierno juega a una suerte de oposición legal y otra ilegal, que es calificada desde el oficialismo como conspiradora, terrorista y de traición a la Patria, lo cual genera abstención y tiende a dispersar el voto”.
Luego acentuó: “El gobierno busca dividir, pero esta acción también puede verse favorecida por la propia oposición, en la medida en que no se construye una visión alineada de cara a las elecciones”.
Por otra parte, la eventual participación de la oposición en las elecciones de noviembre es criticada por algunos sectores políticos que consideran que presentarse a los comicios es otorgar legitimidad a Maduro.
Para el politólogo Juan Manuel Trak “toda elección es instrumental en cualquier sistema no democrático” pero “no toda participación fortalece al dictador, más si esta resulta ser masivamente en su contra”.
Trak recordó que “la legitimidad en sistemas autoritarios es compleja. Una elección subnacional no elimina el resto de las prácticas autoritarias que se cometen, tampoco hace que la gente crea que el gobierno es democrático, mientras que puede dar legitimidad o apoyo a nuevos liderazgos opositores”.
Después subrayó: “Como es evidente, la supuesta apertura del gobierno es una liberalización para aliviar la presión interna y externa. Pero eso no quita la utilidad que podría tener, si se aprovecha para otros fines. pensando siempre en el mediano plazo”.
Votar
Según el estudio antes mencionado de Delphos, el 36.9% de los venezolanos sostienen que las elecciones son el mejor mecanismo para apartar a Maduro de la presidencia. Lograr un cambio a través de un golpe de Estado es apenas avalado por 2.9% de los ciudadanos, mientras el respaldo a una intervención militar internacional cae al 2.8%.
Entre las conclusiones del estudio destaca que 25.3% de los ciudadanos se identifican con el chavismo, 35.9% con la oposición democrática y 38.8% no apoya tendencia política alguna.
En el caso de quienes se hacen llamar chavistas, solo 8% dice respaldar a Maduro.
El estudio de Delphos se realizó entre el 14 de junio y el 2 de julio y consistió en 1.200 entrevistas que fueron realizadas a personas mayores de 18 años inscritas para votar. El estudio, como suele ser, tiene un margen error de +/- 2%
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