MANAGUA.- Ciudadanos ligados a grupos opositores de Nicaragua se manifestaron hoy frente a la sede del Parlamento para rechazar un posible control del Gobierno sobre Internet y las redes sociales, y una eventual penalización de su uso.

El "plantón" se realizó mientras los diputados reanudaban este lunes el proceso de consultas anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo, y que según los opositores llevaría a reformar las leyes para "regular" el uso de las redes sociales en el país.

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En las sesiones, a las que no tiene acceso la prensa, han participado hasta hoy sólo representantes de entidades estatales y empresariales. El Gobierno anunció que invitará a la Iglesia.

Coreando consignas como "Democracia sí, dictadura no", o "Si nos quitan las redes, tenemos las paredes", decenas de personas protestaron pacíficamente frente al edificio legislativo.

Otros portaban cartulinas con lemas como "No a la censura", "No al bozal" y "No a la ley mordaza", en alusión a las intenciones del Gobierno de "revisar y actualizar" la legislación para adaptarla a los nuevos tiempos, según ha expresado Murillo.

"Nadie debe violentar el derecho a la libre comunicación. Ponerle un bozal a las redes sociales es un mensaje preocupante", dijo el periodista y político opositor Santiago Aburto.

Al mítin también asistió la abogada Glenda Orozco, quien acusó en Facebook a la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, de supuestos actos de corrupción de funcionarios a su cargo. Tras la denuncia, la magistrada Ramos se declaró víctima de acoso.

"Yo acudí a las redes porque los medios de comunicación no quisieron escucharme. No es posible que los diputados estén ahora en misa negra queriendo reformar las leyes para violar los derechos del pueblo", dijo Orozco.

El anuncio oficial fue planteado el pasado lunes por Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, quien dijo que el Gobierno sólo busca "proteger a las familias y a los niños" de falsas informaciones y ciber-bullying en las redes.

Sin embargo, escritores, periodistas, empresarios, líderes religiosos, políticos y activistas de derechos humanos reaccionaron contra la medida por considerarla "una amenaza y un atropello a la ya restringida libertad de información y comunicación".

FUENTE: dpa

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