Negociaciones

Situación de los presos políticos en Venezuela complica el diálogo chavismo-oposición

Delcy Rodríguez mantiene a 321 civiles y militares en cárceles y se resiste a liberaciones, esto “ha comenzado a molestar a Washington”, según David Alandete

Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- La libertad de los 321 presos políticos, civiles y militares, que exigen familiares y defensores de derechos humanos en Venezuela, se está convirtiendo no solo en el tema más complicado en las conversaciones entre el chavismo y la oposición, sino también en el asunto más irritante para el gobierno de Donald Trump.

La jefa encarga del país, Delcy Rodríguez, y el presidente del parlamento Jorge Rodríguez no han acordado liberaciones o lo han hecho a cuentagotas, a pesar de las peticiones de Washington en el contexto de la relación bilateral, tras la captura de Nicolás Maduro, para impulsar un nuevo proceso electoral.

A principios de noviembre, el secretario de Estado Marco Rubio planteó al canciller Oliver Blanco “continuar” con las medidas de excarcelación iniciadas en febrero pasado para los presos políticos “restantes”, pero desde entonces solamente se han reportado uno o dos casos.

“Hay resistencias que empiezan a molestar bastante en Washington”, afirma el periodista David Alandete, corresponsal del diario español ABC. Y aduce dos razones determinantes basadas en sus “buenas fuentes” cercanas al gobierno estadounidense.

“Una, claramente, es que Trump ya ha dado su palabra de que iban a salir todos, y esto ya no es una cuestión de si lo ha prometido o no. Y es que, dada la tutela de EEUU en Venezuela, todos son presos políticos de Trump”, explica a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Lo que creo que el presidente va a hacer al final es dar un manotazo y exigirles cuanto antes una solución”, expresa.

Presos políticos en Venezuela

De la cantidad de presos políticos en Venezuela, reportada por la ONG Foro Penal hasta el 9 de noviembre, 181 son civiles y 140 militares, y más de la mitad son procesados a pesar de haber excedido el tiempo establecido por el Código Orgánico Procesal Penal.

Durante la semana del reporte solo hubo dos excarcelados que no necesariamente gozan de plena libertad.

La mayoría de las personas encarceladas por motivos políticos que han salido de las cárceles por la Ley de Amnistía impulsada desde EEUU a principios de año, están sometidos a la discrecionalidad del régimen.

Continúan bajo medida cautelar con presentación en tribunales, restricciones de movilización interna o para salir del país, y quedan con sus procesos penales abiertos sin obtener la decisión fiscal del sobreseimiento.

El caso del abogado Perkins Rocha, del equipo jurídico de la líder de la oposición María Corina Machado, es particular. Tras ser excarcelado en febrero pasado, no solo se le negó la amnistía para su libertad plena, sino que permanece detenido con severas restricciones y un grillete electrónico en su hogar.

Las causas abiertas han permitido en muchos casos que personas excarceladas sean de nuevo víctimas de detención arbitraria y que el régimen controle su situación.

Entre los aún encarcelados, hay presos políticos ya condenados a quienes les corresponde medidas de libertad condicional o libertad por cumplimiento de la pena, pero el régimen se las ha negado.

La situación ha llevado a abogados y a ONG a exigir en días pasados “garantías efectivas y verificables” a EEUU para que “ningún preso político” sea excluido de acuerdos diplomáticos.

La pregunta es por qué el régimen de Rodríguez no cede a las peticiones de libertad al menos con la misma celeridad con la que ha firmado contratos petroleros o reformas legales, en el marco de los acuerdos bilaterales.

Resistencia del chavismo

“El problema que existe en este momento es la resistencia que hay por parte del régimen venezolano”, reitera Alandete y precisa que el asunto va más allá de los esfuerzos diplomáticos y tensiones entre Rubio y Blanco.

Las liberaciones de presos políticos dependen de “las divisiones que hay internamente dentro del régimen chavista y de las estrategias de cada cual”, según dice.

“Fuentes que han estado en contacto con los negociadores y con otra gente en Washington me dicen que, por un lado, Jorge Rodríguez está utilizando el tema de los presos políticos para ganar tiempo y de alguna forma negociar como instrumentos de presión”.

“Sin embargo, indica que la verdadera resistencia, el verdadero problema, viene del ministro de la Defensa, Gustavo González López, y lo que se plantea desde el punto de vista de los militares en Venezuela es que muchos de esos presos políticos no tienen sentencia”.

El periodista expone la versión que señala en su carta semanal publicada en el medio español y en su cuenta en X.

“Cada liberación se presenta como una concesión mientras el régimen mantiene abiertos numerosos procesos judiciales. Los Rodríguez insisten en que entre los militares presos hay elementos que pueden ser problemáticos, dentro y fuera de Venezuela”.

Hay otro aspecto relevante sobre los presos políticos militares, según el abogado Miguel Ángel Martín, exmagistrado del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio y experto en derecho público.

“Sirven a la supervivencia del poder, y es un punto particularmente importante entender que los organismos de seguridad y los sectores militares han desempeñado siempre un papel importante”, explica.

Dejar en la libertad a militares, que son oficiales, y personas acusadas de conspiración, “puede involucrar a los propios mecanismos internos de seguridad y control”.

Militares presos, punto álgido

El tema de los presos militares está tomado el foco de atención.

Más de 30 de ellos, recluidos en la cárcel castrense de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, se encuentran en huelga de hambre desde hace una semana en reclamo de tratos inhumanos y la falta de celeridad en sus procesos judiciales. Pero las autoridades no responden a esta situación.

Alandete menciona un caso que expone la arbitrariedad procesal.

Esta semana, fueron liberados los militares Óscar Caamaño y Dirimo Pernía, condenados por el caso Paramacay y que habían cumplido la pena de nueve de los 30 años de prisión. “Una revisión judicial redujo sus penas a tres y permitió excarcelarlos”. Sin embargo, a otros 15 procesados por el mismo caso, incluido el capitán Juan Carlos Caguaripano, les fue ratificada la pena máxima.

Hace referencia a los argumentos que Caracas habría dado a al gobierno de Trump para justificar la no liberación.

“Lo que se le ha dicho a Washington es que se necesita que estuvieran en sentencia por una razón muy sencilla: para que el régimen no pareciera que estaba de alguna forma actuando arbitrariamente, aunque claro que los tienen presos arbitrariamente, pero para ellos la cuestión es presentar esto como que ya tienen sentencia y entonces poder amnistiarlos”.

El periodista sostiene además que “se le está diciendo a Washington que muchos de ellos han participado en pronunciamientos, en actos violentos, y que (con dejarlos en libertad) se enviaría también una mala señal”.

“Lo que está claro es que esto no le acaba de convencer a Washington, y desde aquí están diciéndoles que esto es un problema que se tiene que solucionar”.

“El tema está resultando muy espinoso y es el único en el que están encontrando resistencia en este momento”, dice y subraya que para el gobierno de Trump “lo que sí está claro 100% es que, antes que las elecciones (de 2027) y de todo el proceso de estabilizar y demás, los presos políticos deben estar fuera de las cárceles”.

El interés de Washington

La libertad es la ruta trazada por el gobierno de EEUU y no va a negociarla.

“La reunión del secretario Rubio con el canciller Blanco dejó claro que la libertad de los presos políticos es importante para la agenda diplomática de Washington”, según asegura Martín al profundizar en el interés de Washington.

“El gobierno necesita de una manera prioritaria, en el marco de las negociaciones del gobierno interino y de la oposición, que se concrete la liberación, porque está apalancando un proceso político de apertura democrática, de cambio de institucionalización, de elecciones y de una recuperación económica del país”.

“Esto significa que Washington necesita comprobar que el interinato venezolano está dispuesto a cumplir compromisos concretos, y no anuncios sobre excarcelaciones; necesita que haya liberaciones efectivas”, reflexiona el experto.

A esto suma el interés estadounidense por la estabilidad de una futura transición política en el país.

“¿Cómo se puede construir una convivencia democrática si una parte de la sociedad está sometida a persecución, intimidación o a represalia?”, y señala que la conveniencia de Rodríguez es hacer ver que el país va en la dirección acordada.

“En lo últimos meses ha habido liberaciones paulatinas, pero también la circunstancia muy particular de dejar entrar al país a muchos venezolanos que estaban perseguidos sin ninguna restricción, aunque otros están sometidos a corrupción y a ‘vacunas´”.

Martín adiciona la importancia que tiene para Washington los derechos humanos y la libertad personal, además de la confianza internacional.

“Para Estados Unidos la liberación de los presos políticos significa que está ocurriendo un cambio en la conducta institucional del régimen venezolano”, aunque advierte que el régimen, en medio de contradicciones y contramarchas, “parece no querer soltar las riendas todavía ni cumplir el compromiso con Estados Unidos de la libertad de los presos políticos”.

“Lógicamente, Washington va a seguir presionando para garantizar el proceso político económico que está gestionando en Venezuela, aunque el régimen siga en modo de supervivencia. Y tenemos que seguir presionando porque la libertad de los presos políticos no es una concesión ni un instrumento para resolver contradicciones políticas; es una prueba de voluntad democrática y una obligación de Estado”, asevera Martín.

“Cada preso tiene un dueño particular”

Desde Venezuela, Gonzalo Himiob, directivo de la ONG Foro Penal que presta apoyo a la mayoría de presos políticos y lleva sus registros, destaca tres obstáculos con los que han tenido que lidiar para conseguir tan solo “excarcelaciones”.

*“La primera es que el gobierno necesita elementos para mantener su narrativa de que en el país hay elementos desestabilizadores, terroristas, traidores a la patria, que deben ser controlados para evitar la inestabilidad. Y esa narrativa se mantiene, por eso los presos políticos son fundamentales”.

*Así como el gobierno está dividido en grupos, dice, cada preso “tiene su dueño particular” y no siempre los mismos grupos están de acuerdo en cuanto a quién sale (de la cárcel) y quién no”.

Esta situación es compleja, según Himiob, “pues esto explica por qué salen algunos en un momento determinado y otros se quedan, incluso los que están dentro de la misma causa, y esto tiene que ver con las pugnas y divisiones internas del chavismo, porque en muchos casos algunos de estos no están dispuestos a ceder en sus cuotas de poder”.

*“Los presos siguen siendo definitivamente una monedita o ficha de intercambio que se mantiene con la finalidad de ser utilizada cuando sea necesario obtener algún tipo de prebenda o ventaja política, y eso justifica que el gobierno no esté todavía dispuesto a ceder en las libertades.

Eso, subraya el defensor de derechos humanos, le genera al gobierno “un altísimo costo político, tanto a nivel interno como internacional, pero es un costo que por lo que se ve está dispuesto a pagar”.

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