CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia venezolano publicó este martes las aclaratorias a las sentencias contra el Parlamento y precisó que ha revocado las medidas con las que asumía todas las facultades legislativas y delimitaba el alcance de la inmunidad parlamentaria.
En un auto con fecha 1 de abril publicado este martes en la cuenta de Twitter del Supremo, las dos sentencias, por las que se asumían las competencias del Parlamento y se limitaba la inmunidad de los diputados, fueron difundidas junto a una aclaración de los puntos que se revocan de las mismas.
La Sala aclaró que revocó la medida que confería al jefe de Estado la facultad de reformar la Ley de Hidrocarburos ante el desacato de la Asamblea Nacional, y también la referente a que el máximo tribunal "ejercerá" todas las competencias del Legislativo, mientras el Parlamento persista en "desacato".
Asimismo, en el mismo auto precisó que esa decisión tenía una "naturaleza cautelar" y tenía como objetivo corregir la omisión legislativa en la que incurre el Parlamento mientras persiste en el desacato y añadió que esa decisión no era un dictamen de fondo que resolviera la situación.
Suprime también la medida que dictaminaba que el privilegio de la inmunidad parlamentaria, que reconoce como una garantía del ejercicio parlamentario, era "incompatible" mientras la Asamblea Nacional persistiera en "desacato" y sin ejercer su función legisladora.
Asimismo, el auto revoca la orden al jefe de Estado para que ejerciera medidas internacionales para salvaguardar el orden constitucional, y a que tomara medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales para evitar un estado de conmoción.
Estas dos decisiones, aclara el Tribunal Supremo, eran al igual que en el caso anterior, medidas cautelares, tomadas con base en "la amplia potestad que es propia de su competencia", aunque indica que "se revocan en este caso" tales decisiones.
En el auto, el máximo tribunal revoca las controvertidas medidas contra el Poder Legislativo, controlado por la oposición, que habían sido sometidas a una revisión de los magistrados de la Sala Constitucional luego de un exhorto de los poderes públicos.
El Parlamento venezolano ha estado en desacato casi todo el último año por desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo en la que ordenaba la suspensión de tres parlamentarios opositores, recién electos, por supuesto fraude en el proceso electoral.
Desde que la directiva de la Cámara decidió desobedecer la decisión del Supremo, todas sus decisiones y leyes han sido declaradas nulas por haber sido aprobadas dentro del desacato, y el propio tribunal ha corregido la "omisión legislativa".
El Parlamento no puede remover magistrados
El presidente del TSJ, el magistrado Maikel Moreno, aseguró que el Parlamento no tiene "legitimidad" para iniciar, como pretenden, un proceso para destituir a los magistrados que dirigen el Poder Judicial.
El jefe de la máxima corte venezolana aseguró que en los actuales momentos la AN "carece de legalidad y legitimidad para remover a magistrados", informó en un mensaje de la red social Twitter el Tribunal Supremo sin dar más detalles.
La precisión de Moreno se refiere al proceso que intentarán iniciar los opositores para remover de sus cargos a los magistrados que dirigen la Sala Constitucional de la Justicia venezolana.
La iniciativa legislativa busca emprender acciones contra los jueces que dictaron un fallo con el que limitaban la inmunidad parlamentaria y daban al Supremo las facultades del Poder Legislativo mientras este permaneciera en desacato.
El Parlamento venezolano ha estado en desacato y por tanto sus actos declarados nulos casi todo el último año por desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo en la que ordenaba la suspensión de tres parlamentarios opositores, recién electos, por supuesto fraude en el proceso electoral.
Según la Constitución venezolana, "los magistrados del Supremo podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano".
Un grupo de diputados opositores pidió este lunes al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que actualmente ocupa la presidencia del Poder Ciudadano, que fije una posición ante la "violación del orden constitucional" que, a su juicio, significó la decisión del Supremo que dejó sin competencias al Parlamento.
Aunque la decisión fue revocada poco después por el propio Supremo luego de un exhortó de los poderes públicos, la oposición ha insistido en que lo ocurrido debe ser sancionado por el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo).
El defensor negó implícitamente que se haya producido una ruptura del orden constitucional tras la decisión del Supremo de arrogarse la facultades del Legislativo.
La fiscal general, Luisa Ortega, sin embargo, alertó al poco de conocerse la decisión del alto tribunal que la sentencia representaba una "ruptura del orden constitucional".
FUENTE: EFE
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