CARACAS.- PEDRO PABLO PEÑALOZA
Especial

Tamara Vivas es una maestra, residente de la barriada popular Catia, ubicada en el oeste de Caracas. En su apartamento del sector Simón Bolívar viven cuatro familias, incluida su madre de 84 años que está discapacitada. Desde que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro creó los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), Tamara espera ser registrada en un censo para recibir las bolsas de comida que distribuyen estas nuevas instancias creadas por la revolución bolivariana para combatir la escasez que golpea el estómago de los venezolanos. Sin embargo, pasan los días y nadie toca a su puerta.

“No nos censaron porque saben que milito en la oposición”, denunció Tamara este martes 14 de junio ante la comisión que instaló la Asamblea Nacional para investigar las supuestas prácticas discriminatorias en las que estarían incurriendo los CLAP. “Marcan las casas por razones políticas y excluyen a los opositores”, señaló a los legisladores, a los que presentó una lista de 43 familias que también estarían siendo marginadas por razones políticas.

La diputada opositora Mariela Magallanes, que preside la comisión parlamentaria, señala que la última medida aplicada por el Ejecutivo nacional para enfrentar el desabastecimiento representa una violación a los Derechos Humanos, que deja en evidencia el fracaso del llamado socialismo del siglo XXI y la “falta de soberanía alimentaria”.

Los CLAP están conformados por miembros de la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer), las unidades de batalla Bolívar-Chávez (UBCH, células del Partido Socialista Unido de Venezuela), el Frente Francisco de Miranda y los consejos comunales. Todas estas organizaciones de base forman parte de la maquinaria electoral del chavismo. “Manejan dinero público y reparten bolsas de comida como estrategia de proselitismo político”, advierte Magallanes.

Leña al fuego

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó que en mayo se registraron 52 saqueos en todo el país. En ese mismo periodo, el OVSC apuntó que se realizaron 641 protestas, lo que equivale a 21 por día. “La conflictividad social aumenta porque el pueblo tiene hambre”, asegura la diputada opositora Gaby Arellano.

Arellano indica que los CLAP no tienen la capacidad de responder a la demanda de alimentos. “A un pueblo del estado Mérida (andes venezolanos) donde residen 5.000 familias, apenas llevaron 700 bolsas de comida”, destaca.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden público ya se han hecho cotidianos. En las últimas semanas, medios digitales han contabilizado tres muertes en el marco de estas protestas callejeras. “Frente a los reclamos populares, el Gobierno reprime”, sostiene el diputado opositor Carlos Valero, quien acusa a los CLAP de imponer una especie de apartheid social en Venezuela.

Valero llama la atención sobre el anuncio que hizo el Gobierno de que comprará 70% de la producción de las plantas procesadoras de alimentos, dejando el restante 30% a la red privada. “Seguramente el Gobierno no le pagará a las empresas, que pueden terminar quebradas, al igual que el sector comercial que ofrece 350.000 empleos directos y otros 100.000 indirectos”, alerta.

Las bolsas de comida no son regaladas a los ciudadanos. Sin embargo, tanto el precio como el contenido varían atendiendo a criterios o cálculos que no son públicos. "Las bolsas tienen un sobreprecio y nadie sabe a dónde va el dinero por la venta que reciben los CLAP", expresa la concejal Gladys Castillo, encargada de recabar las denuncias que llegan al Cabildo Metropolitano de Caracas.

La mayoría del Poder Legislativo venezolano sostiene que los CLAP no solo vulneran la Constitución por segregar a los venezolanos sino porque su promotor, el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, fue objeto de un voto de censura por la Cámara, razón por la cual ha debido ser removido del cargo.

Mientras la investigación parlamentaria avanza, Tamara sigue organizando a los vecinos de Catia para exigir sus derechos. “Las bolsas de comida contienen diez u ocho productos, pero a los opositores con suerte los ponen de últimos y tan solo les dan cuatro, lo que también afecta el nivel de nutrientes que consumimos”, lamenta.

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