“Controla la comida y controlarás a la gente; controla el petróleo y controlarás naciones; controla el dinero y controlarás al mundo”, advertía en aquel momento el estadista y nada parece más real que la intención que tienen los actuales gobernantes de la nación sudamericana.
Durante el Gobierno de Hugo Chávez se establecieron alianzas regionales a través de la llamada “petro diplomacia”, y aunque el fallecido presidente venezolano expropió más de 3.6 millones de hectáreas, empresas, fábricas e industrias productoras de alimentos, el consumidor final no había sufrido directamente las consecuencias, hasta ahora, cuando desde abril, su sucesor, Nicolás Maduro, parece dispuesto a controlar el alimento de los venezolanos, con la creación de una nueva estructura, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
“Con la instauración de estos comités, el Gobierno legaliza la escasez y reconoce que la economía es insuficiente para alimentar a las personas, por lo que hay que racionar. Algunas se beneficiarán con comida, y otros no. Por primera vez un Gobierno en Venezuela establece un mecanismo que legaliza la escasez y discrimina a partir de ella”, advierte Collete Capriles, psicólogo social, y profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Simón Bolívar (USB).
El miércoles 8 de junio el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, explicó que el Estado comprará a plantas procesadoras de alimentos el 70% de su producción para “distribuirlo sin intermediarios a la clase trabajadora”, precisó el funcionario al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI).
Sin embargo, dentro del propio oficialismo parecen no estar alineados los discursos con relación al CLAP porque el directivo de este comité, Freddy Bernal, dijo en una entrevista en Venezolana de Televisión ese mismo día (08/06/16) que dicha instancia gubernamental no iba a restringir el abastecimiento en las cadenas de distribución privadas como los supermercados: “50% se distribuye en la red privada y 50% en los CLAP. Es completamente falso que pretendamos limitar el abastecimiento de alimentos a las redes privadas de distribución”, agregó.
Estrategia mercantil y política de control social
A juicio de la experta social, quienes no estén dentro de la confusa estructura que ha diseñado el oficialismo entre el Estado, el Gobierno y el Partido, quedarán excluidos. “La discriminación se hace mucho más existencial, ya no es únicamente política, sino que ya es una frontera que tiene que ver con la vida y la muerte: el acceso a los alimentos es fundamental“, advierte.
“Con los CLAP el Gobierno construye una estrategia de control social y control político, a partir de algo tan básico como es la comida”. Capriles advierte que las protestas que se están realizando a diario en el país ante la segmentación de productos alimenticios hacia los comités “se están convirtiendo en una rebelión moral ante la injusticia”, acota.
Por su parte, Yngrid Candela, docente e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), advierte que “la alimentación en Venezuela se está utilizando como un elemento mercantil y político. Quienes están distribuyendo los alimentos son personas afectas a un partido político (PSUV), lo que tiene una limitación estructural. Aquellas personas que no comulgan con esa ideología no van a comprar dichos alimentos o no le va a llegar el censo a su casa“, sentencia.
Cuánto dinero se ha invertido
El presidente Maduro aprobó el 27 de abril 8.500 millones de bolívares de fondos para distribuir entre todos los gobernadores, y “protectores de estados“ a nivel nacional para fortalecer el sistema de abastecimiento del sistema de los CLAP.
Al tiempo que informó que 248 municipios y 555 parroquias han recibido la visita casa por casa, para el censo que realiza cada consejo comunal amparado dentro de los comités. En ese entonces, el presidente había informado que habían sido registrados 5.000 CLAP, y 15 mil construidos.
Foto de las planillas que se utilizan para hacer el censo de la población venezolana. (CORTESÍA)
Oficialmente, el Gobierno dijo a través Miguel Pérez Abad, vicepresidente para el área Economía Productiva -el 11 de mayo- que se habían expendido a precios justos 33.000 toneladas de alimentos en el país, atendiendo 2.642.000 familias, que agrupan a 6.400.000 venezolanos.
Sin embargo, la población venezolana no ha sido censada en su totalidad y el hecho de que lo hubieran sido no determina la prontitud con la que llega el alimento a los hogares.
En Catia, zona popular, ubicada en el extremo Oeste de Caracas, una familia de ocho personas fue censada hace tres semanas, y aún no obtienen el beneficio alimentario. Llenaron una planilla en la que le realizaban un estudio socioeconómico a la familia. Además de pedir los datos básicos, su grado de instrucción, profesión, si es pensionado, si trabaja en empresa pública o privada, preguntan cuáles son los principales problemas de la comunidad, y cómo solucionarlos. Además indagan sobre la existencia de enfermedades crónicas en algún miembro familiar.
Sin embargo, no siempre ocurre así en cada comunidad que visitan los Consejos Comunales. Una familia con tres miembros en Palo Verde, en el noreste de la capital, recibió la visita de una representante de dicha estructura en la que solo le preguntó -a quien abrió la puerta- nombre, número de cédula y teléfono local, al tiempo de advertirle que la bolsa podría tardar entre 21 días a mes y medio en llegar.
Pero en las zonas donde sus habitantes cuentan con mayor ingreso económico, en Caracas y en el resto del país aún no han recibido la visita del Consejo Comunal, por lo que su censo no se ha realizado.
“Aunque el censo que se ha hecho a través de los consejos comunales es una buena idea, no han sabido detectar las necesidades de cada familia, porque las bolsas les van a llegar a las familias que se censaron, tengan o no necesidades nutricionales. Podría ser una buena forma de distribuir alimentos pero no es suficiente en cantidad, y no llega con la regularidad que debería. No es posible solucionar el problema alimentario con la Bolsa Patriota”, señala Yngrid Candela, docente e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Inicialmente quienes querían acceder a la bolsa debían realizar largas colas en los mercados Mercal o Pdeval [centros estatales para venta de alimentos] más cercanos a su comunidad, pero ahora la mayoría la recibe en la puerta de su casa.
Cada consejo comunal hace un reparto de alimentos entre sus censados, sin prestablecer los alimentos a entregar. Sin embargo, lo que siempre hay en inventario es harina, arroz, leche y caraotas. En algunas regiones en el occidente del país (Barinas, Mérida, Lara, Falcón) han recibido la bolsa subsidiada con más productos: aceite, café y mantequilla. El precio tampoco está determinado, oscila entre 1.160 a 2.500 bolívares, dependiendo de su contenido.
La investigadora del CENDES estima que seguir repartiendo pasta, arroz y harina no es la estrategia adecuada para Venezuela, que tiene una población con obesidad, y diabetes. “Somos uno de los primeros países con prevalencia de obesidad por nuestra dieta. El 67% de los alimentos que consume el venezolano son de alta densidad calórica: cereales, azúcar, y grasas. Entonces, si tenemos este problema, con más razón tenemos que diversificar la dieta. Las calorías que contienen esas bolsas van a engordar a la población, no nutrirla“, finaliza.
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