Venezuela está en cuenta regresiva hacia las tinieblas. Junto a las estadísticas sobre la inflación, la escasez y el dólar paralelo, un nuevo dato altera los nervios de los venezolanos. Se trata de la cota del embalse de Guri –en el estado Bolívar, al sur del país- complejo hidroeléctrico que ilumina a la República Bolivariana.
El sábado 26 de marzo, el diario El Universal informó en su edición digital que la cota de Guri alcanzaba los 245,04 metros sobre el nivel del mar (msnm). La cota de “emergencia extrema” se ubica en 240 msnm, límite que obligaría a imponer mayores restricciones a un servicio que ya sufre distintas alteraciones y fallas.
Para añadirle más dramatismo a la situación, el ministro de Energía Eléctrica, general Luis Motta Domínguez, declaró el 19 de febrero que si no se tomaban acciones urgentes, “podría decir que a mediados de abril podemos tener un colapso eléctrico”. En su condición de máximo responsable del área, Motta Domínguez señaló que estaba dispuesto a “morir en el intento” de evitar el gran apagón nacional que amenaza a la ciudadanía.
Embalse del Guri está al bordeo del colapso eléctrico. (CORTESÍA)
Mientras el Gobierno lanza un discurso a favor de la productividad y llama a encender los “motores” de la economía para superar la crisis, en la práctica aplica un racionamiento eléctrico que afecta desde los centros comerciales hasta las empresas básicas del Estado. Con la finalidad de ahorrar energía, el Ejecutivo nacional ha reducido la jornada laboral de la Administración Pública y decretó libre toda la Semana Santa.
A los enemigos habituales –el imperio yanqui, la ultraderecha mundial y la oligarquía criolla- el presidente Nicolás Maduro ha sumado uno nuevo: “El Niño”. El fenómeno climático ha prolongado la sequía y los entendidos advierten que las lluvias se tardarán en llegar hasta julio.
Policías montan guardia en la entrada de un centro comercial en Caracas, en medio de un corte eléctrico. (EFE/ARCHIVO)
“Al haber déficit de precipitaciones, los caudales seguirán por debajo del promedio; habrá déficit del caudal en la Cuenca del Caroní, que compone junto con las cuencas andinas el más importante sistema hidroeléctrico y proporciona 60% de energía a todo el territorio nacional. Los embalses como el de Guri no van a llenarse”, declaró al diario El Nacional el ingeniero Valdemar Andrade, de la Estación del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Los últimos acontecimientos marcan el agravamiento de una crisis que se viene experimentando, al menos, desde 2009. En el interior de la República, la gente no habla de apagones sino de “alumbrones”, manera jocosa de decir que lo normal es que el servicio falle, no que funcione. En Twitter, la popular etiqueta #SinLuz registra permanentemente las interrupciones del sistema a escala nacional y ya hasta Caracas, que se jactaba de estar “blindada” ante cualquier anomalía, padece los rigores del bajón eléctrico.
El factor humano
El Gobierno de Maduro culpa a “El Niño” por los problemas de energía; sin embargo, los analistas aseguran que estos males son atribuibles a los hombres. Más específicamente, a los hombres que han dirigido otra invención humana llamada revolución chavista.
En una carta enviada a la Asamblea Nacional el 19 de febrero, el Grupo Ricardo Zuloaga, constituido por expertos del sector eléctrico, advierte que “las acciones que desencadenaron la crisis eléctrica son inherentes a la ideología política que ejerce funciones de Gobierno y que se caracteriza por: Estatismo, centralismo, partidización de instituciones y empresas, privilegio a la lealtad política sobre el conocimiento, rechazo a la meritocracia, burocratismo, autoritarismo, opacidad e impunidad”.
Esos factores no solo habrían afectado la eficiencia del sistema eléctrico nacional, sino que han provocado escándalos de corrupción de proyección mundial. “El tema del Banco de Andorra y Madrid no se trata solo de 4.200 millones de dólares, se trata de un evento donde funcionarios del Gobierno actual y del expresidente (Hugo) Chávez utilizaron sus posiciones en el Gobierno para hacer negocios que generaron comisiones en el sector eléctrico, que posteriormente generaron este drama eléctrico que vive Venezuela”, aseveró el diputado opositor Julio Montoya.
Montoya se refiere a Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, antiguos viceministro de Energía y viceministro de Desarrollo Eléctrico, respectivamente, ambos investigados por la red de blanqueo de capitales a través del Banco de Andorra.
Informes de prensa apuntan que Villalobos habría cobrado 83 millones de euros en comisiones por la asignación de un contrato a la empresa española Duro Felguera, para el desarrollo de una central termoeléctrica.
Investigación por corrupción
La última bomba cayó el 24 de marzo, cuando la agencia Bloomberg publicó que el fiscal de Nueva York, Preet Bahara, investiga a Derwick, empresa contratista del sector eléctrico, en el marco de una averiguación sobre presuntos hechos de corrupción donde estaría implicada Petróleos de Venezuela (Pdvsa). De acuerdo con esta información, 18 entidades bancarias de Suiza entregarán a Bahara registros de transacciones financieras que involucran a Pdvsa.
Reportajes periodísticos detallan que la venezolana Derwick y la norteamericana ProEnergy Services manejaron información privilegiada para hacerse con grandes contratos durante la pasada emergencia eléctrica, decretada por el difunto Chávez en febrero de 2010. Según estos reportes, las compañías facturaron con sobreprecio y, además, vendieron como nuevos equipos que ya estaban usados.
El ingeniero Víctor Poleo, viceministro de Energía en los albores del proceso chavista, reconoce que “esta crisis no tiene precedentes en 120 años de industria eléctrica en Venezuela”. En un informe elaborado para la ONG Cedice-Libertad, el profesor de la UCV resalta las supuestas irregularidades en convenios internacionales suscritos por Caracas.
En particular, menciona pactos firmados con empresas de Argentina, Brasil y Cuba, cuyos gobiernos respaldaban el avance de la revolución bolivariana. “La estafa a la nación subyace en entregar a los ‘gobiernos amigos’ y/o a sus empresas ‘amigas’, en su mayoría no calificadas, unos 60 proyectos portadores de sobre-costos en el orden de los 17 mil millones de dólares”, sentencia Poleo.
Aunque el Gobierno solo se preocupa por la sequía, los expertos recuerdan que el problema se gestó en medio de una lluvia de millones de dólares. La opacidad en la administración de los fondos públicos, coloca a Venezuela al borde de la oscuridad.
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