MIAMI.- El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de EEUU aplazó para el 26 de marzo el inicio del juicio público contra la congresista demócrata del sur de la Florida Sheila Cherfilus-McCormick, previsto inicialmente para este jueves 5, debido a la renuncia de sus abogados defensores.
La legisladora de Miramar, quien representa al Distrito 20 de Florida, enfrenta un proceso administrativo y penal por el presunto robo de 5 millones de dólares provenientes de fondos federales destinados a la atención de la pandemia del COVID-19, además de otras acusaciones.
La solicitud de prórroga busca permitir que la representante contrate un nuevo equipo legal que responda a los 27 cargos éticos que pesan en su contra, los cuales incluyen graves señalamientos por el uso de recursos de emergencia para financiar su ascenso al Capitolio en 2021.
Sobrepago de FEMA
La controversia principal que rodea a la congresista de 46 años y a su hermano, Edwin Cherfilus, radica en su gestión al frente de la empresa familiar Trinity Healthcare Services durante la crisis sanitaria.
Según la acusación del Departamento de Justicia, la compañía operaba bajo un contrato de FEMA para registrar ciudadanos en el proceso de vacunación.
En julio de 2021, la empresa recibió por error un pago de 5 millones de dólares —una cifra cien veces superior a los 50.000 dólares que correspondían originalmente, según las investigaciones— debido a un fallo administrativo del estado.
Lejos de devolver el excedente, los fiscales sostienen que los hermanos conspiraron para lavar el dinero a través de múltiples cuentas bancarias y ocultar su procedencia ilícita.
Gastos suntuosos
Las investigaciones del Comité de Ética y de un gran jurado de Miami coinciden en que una parte sustancial de estos fondos COVID financió directamente la campaña electoral de Cherfilus-McCormick en 2021.
Los documentos judiciales detallan que el esquema incluyó el uso de "donantes de paja" para canalizar el dinero hacia su comité político, además de beneficios personales de lujo.
Entre las compras identificadas por la fiscalía figura un diamante amarillo de 3 quilates valorado en más de 100.000 dólares, adquirido apenas dos meses después de que la empresa recibiera el sobrepago federal.
Implicaciones y futuro político
Pese a que la legisladora se declaró inocente y califica el proceso como una "persecución infundada", la evidencia presentada por el comité ético apunta a una "mala conducta extensa" que trasciende el caso penal.
Mientras el juicio federal en Miami se perfila para abril, la audiencia del 26 de marzo en el Congreso determinará si la Cámara recomienda su expulsión.
De ser hallada culpable en el ámbito criminal, Cherfilus-McCormick enfrenta una pena de hasta 53 años de prisión por cargos que incluyen robo de fondos públicos, lavado de dinero y fraude fiscal por la falsificación de deducciones comerciales en sus declaraciones de impuestos.