Parole humanitario.
CANVA/DLAMIAMI.- Los demandantes han argumentado que el estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública, debido a la afluencia de inmigrantes bajo el amparo del parole humanitario anunciado el pasado 5 de enero por la administración de Joe Biden que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Para la especialista en temas migratorios, María Herrera Mellado este cuestionamiento es importante ya que Texas, el principal afectado por el flujo de inmigrantes, tendría que demostrar que ha sufrido una pérdida económica para tener legitimación activa en el caso”.
Herrera explicó que las noticias relacionadas al juicio, que se inició el 24 de agosto, que buscaba detener los nuevos permisos humanitarios son reveladoras. Entre éstas destaca que el juez haya hecho una pregunta fundamental: ¿El hecho de que alguien viva en la pobreza se considera una necesidad humanitaria urgente? “Creo que no,” fue la respuesta de Elissa Fudim, una abogada del Departamento de Justicia que defiende al gobierno.
Por otra parte, el Juez Drew B. Tipton, cuestionó los argumentos de los demandantes cuando preguntó repetidamente a los abogados de Texas cómo el estado podría reclamar pérdidas financieras si los datos muestran que ese programa de libertad condicional, en realidad, ha reducido la cantidad de inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos.
"En los últimos seis meses se ha erogado menos en personas de esos países", dijo el juez. Pero los demandantes sostienen que están gastando mucho dinero por estas políticas del presidente Joe Biden, recordó la especialista.
Los demandantes han precisado que se están gastando millones de dólares en atención médica y educación pública debido a la afluencia de inmigrantes en libertad condicional, dijo Herrera Mellado.
A pesar de que la abogada consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS, no tiene claro cuál será el desenlace de este juicio, ve cómo el mismo juez ha mostrado sus reservas a la hora de suspender temporalmente el programa.
“ Inclusive, y que efectivamente ambas partes han presentado claros argumentos en defensa y en contra del nuevo programa, el impacto de la sentencia será determinante para establecer si el ejecutivo se excede en sus competencias y si se está cumpliendo y velando por nuestra seguridad nacional. Los demandados argumentan que se toman todas las medidas necesarias para controlar la entrada de potenciales amenazas para nuestra nación”.
“El juez pudo emitir sentencia el viernes pasado pero no se pronunció. Se estima que en septiembre conozcamos la decisión.”, dijo la abogada Herrera Mellado de la firma Kivakilawfirm.
En la demanda se señala que el poder Ejecutivo había abusado de ese poder de libertad condicional “para admitir categorías de extranjeros que no califican para la admisión bajo ninguna otra categoría”, dentro de la legislación migratoria.
Y se refiere en el documento que hay un daño irreparable y continuo por los costos de salud y seguridad que ha producido el flujo migratorio. Sin embargo, este argumento tendrá que ser demostrado con pruebas sobre el incremento de ese presupuesto. Es decir, que lo demandantes tendrán que regresar en septiembre ante el juez con números que demuestren esa el aumento de gastos.
“La migración desenfrenada impone millones y millones de dólares en costos sobre los Estados”, dice el escrito.
La demanda agrega que los beneficiarios del programa Parole también son elegibles para trabajar en los Estados Unidos lo que perjudica los intereses de Texas, en el bienestar económico de su población.
Los demandantes son los estados de Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Sur Carolina, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
En el documento se señala que de una forma legal y simplificada nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela solicitan venir a los EEUU siendo la única consideración que un patrocinador lo respalde. No obstante, el Gobierno ha dicho que esa concesión es temporal y que ha analizado caso por caso en respuesta a los argumentos humanitarios, siguiendo las rigurosas medidas biométricas y controles en respuesta a los señalamientos de seguridad nacional
La abogada de asuntos migratorios Isadora Velásquez, de la firma Isalawyers dijo que originalmente el juicio mostraba cierta validez hacia los estados demandantes, particularmente por el juez que lo estaba llevando a cabo y quien tiene un historial conservador hacia la inmigración.
Sin embargo, señaló que esta perspectiva cambió cuando la Corte Suprema bloqueó la demanda anterior de estados similares en contra de las políticas migratorias del presidente Biden.
Aunque la corte suprema enfatizó que los estados demandantes, en su momento, no pudieron mostrar daños en contra de ese programa migratorio y los estados en esta demanda contra el parole aún no han presentado pruebas sustanciales de dichos daños, el juez ha considerado sus argumentos y los ha incluido como parte de su análisis. Por ende el desenlace ya no queda tan claro como se esperaba, dijo la abogada consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS
“Aun así espero que el gobierno pueda demostrar los beneficios de dicho programa de parole y que el juez continúe con el análisis anteriormente utilizado por la Corte Suprema en cuanto a los daños necesarios para tener una base. En el peor de los casos, si el juez deseara eliminar dicho programa la decisión podría ser puesta en espera para darle al gobierno la oportunidad de apelar.”
Agregó que si la demanda prospera y el juez para el programa dicha decisión será sujeta a una apelación. Mayormente los jueces otorgan un período de 14 días para que eso ocurra.
En su decisión el juez también debería explicar qué hacer con los casos ya aprobados y los casos pendientes ya que se entiende que no se podrían aceptar casos futuros. Típicamente los casos aprobados se mantienen, pero no podrán renovarse. En cuanto a los casos pendientes, los mismos estarán sujetos a la apelación. Mientras tanto si el programa se mantiene, el mismo continuaría su proceso regular aún si los estados apelan dicha decisión, explicó Velásquez.
La nueva casilla que se agregó el pasado 20 de julio en torno a la respuesta que tiene que dar el patrocinador sobre las causas humanitarias de su protegido, alivia un poco la crítica que se hizo en la demanda de que se aprobaban las solicitudes por el solo hecho de ser ciudadanos de los países beneficiados.
El gobierno ha insistido en que se ha analizado caso por caso y que no ha sido una vía rápida de aprobación masiva. Ambas partes tendrán que mostrar en el caso del gobierno que aplican verdaderas causas humanitarias y no económicas y del lado de los demandantes, que los números muestren que presupuestariamente hay un desbalance por ese flujo migratorio y además se puedan comprobar los argumentos sobre la afectación de la seguridad nacional.
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