MIAMI.- El inicio del juicio del parole humanitario, implementado por Joe Biden el pasado 5 de enero, se presenta como una guerra de titanes porque ambas partes tienen argumentos muy sólidos, han señalado los especialistas en tema migratorio.
MIAMI.- El inicio del juicio del parole humanitario, implementado por Joe Biden el pasado 5 de enero, se presenta como una guerra de titanes porque ambas partes tienen argumentos muy sólidos, han señalado los especialistas en tema migratorio.
El Juez puso la fecha del 29 de septiembre para que las dos partes, los 20 estados demandantes y el gobierno de Joe Biden presenten sus argumentos finales en contra y a favor del parole humanitario que permite a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela entrar a EEUU con el respaldo de un patrocinante.
Los argumentos de la demanda parecen bastante fuertes, pero el el gobierno se ha preparado muy bien. El haber agregado, el pasado 20 de julio, una nueva casilla en la que el patrocinador debe exponer las condiciones humanitarias de las personas, le dio una ventaja al programa que lo aleja de uno de los cuestionamientos de los demandantes, que dicen que la gente entra por el solo hecho de ser ciudadanos de los países beneficiarios, lo que lo hacía parecer más un programa de visa que un parole.
También los estados indicaron que este programa le iba a causar un daño irreparable a los estados. Sin embargo, el gobierno sostiene que ha sido un beneficio porque las personas están entrando legalmente y ha disminuido el flujo ilegal en la frontera. Sin embargo, según datos de la Patrulla Fronteriza -en lo que va de año fiscal- más de 2.5 millones de personas han cruzado por esa zona. En julio se realizaron 132.652 detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sur, una cifra superior a las 99.545 detenciones de junio.
Según el programa de Parole, hasta 30.000 personas pueden ingresar cada mes a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por motivos humanitarios.
Los veinte estados de la unión que presentan el reclamo están controlados por republicanos; la demanda pide a un juez federal en Texas que detenga el programa impulsado por la administración Biden, como lo informó en su oportunidad Diario Las Américas el abogado de inmigración Willi Allen.
Ante un tribunal Federal exigieron que se detenga la medida, bajo los argumentos de que el presidente no tiene la facultad por ley de ampliar el permiso humanitario con este parole, de forma discrecional, asegura la abogada, experta en temas migratorios, María Herrera Mellado.
Para Herrera Mellado, la demanda que contra el programa interpusieron los gobiernos de 20 estados de EEUU, tiene argumentos muy razonables. Mientras, la abogada Isadora Velazquez considera que el juicio no prosperará y el abogado Yunior Piñeiro, también experto en Inmigración, dijo que de ser positivo el resultado del juicio, vendrán apelaciones. El punto en el que los tres coinciden, es en la incertidumbre que genera esta iniciativa.
La abogada Herrera Mellado reiteró que es lamentable que se haya permitido la flexibilización de la política migratoria con la creación de ese parole. Efectivamente EEUU no está cerrado a la inmigración y mucho menos la humanitaria, pero si van a venir las personas por razones humanitarias tienen que hacerlo de acuerdo con los programas de refugiados o de acuerdo al programa de asilo o de libertad condicional en la frontera, dijo la especialista.
“Pero como se creó este gran desastre, siendo la peor crisis migratoria internacional humanitaria en la historia de Estados Unidos [que impacta] la seguridad nacional, este parole, que venía denunciando desde hace varios meses, estaba ocurriendo sin las condiciones establecidas en la ley”, apuntó Mellado.
La especialista explicó que hubo un pretexto “para aceptar que han llevado a cabo una pésima gestión de la crisis fronteriza" al modificar e incluir algunas preguntas en el formulario a aquellos que van a hacer el patrocinador de los beneficiarios para que argumenten las verdaderas razones humanitarias, lo cual no se exigía en un principio y fue en respuesta a esa demanda que sostiene que en vez de un parole se parece más bien a un programa de visas.
“La culpa no es del inmigrante que está intentando cumplir su sueño americano. Creo que la administración de Joe Biden ha llevado a cabo una acción concertada muy clara para desde el primer momento desestabilizar la política de seguridad nacional”, consideró.
Sobre el tema, Herrera Mellado indicó que básicamente se habla de un permiso temporal que en cualquier momento se puede suspender, pero la creación de este parole elevó las expectativas. Recordó que también existen el Estatus de Protección Temporal (TPS), el programa de asilo y refugio. Y en vez de usar estos mecanismos se creó uno nuevo para traer a miles de personas.
Si el programa se declara ilegal e inconstitucional la persona no tendrá ninguna posibilidad de renovar [su estatus] y su caso sería totalmente suspendido, un drama también para muchas personas en cuanto a tiempo y dinero.
De prosperar la demanda, los cubanos, por ejemplo, sí se podrían quedar por la Ley de Ajuste Cubano y hacerse residentes [una vez transcurrido un año en el país]. Ahora para los demás, haitianos, nicaragüenses, venezolanos habría que ver la posibilidad de cambiar de estatus y aspirar a una oferta laboral, al igual que pasa con los TPS que en determinados casos y tras la salida del país pueden cambiar el estatus de obtener una oferta laboral. " Hay formas, Estados Unidos es un país realmente estructurado en cuanto a la regulación de inmigración y la protección internacional del inmigrante. Pero claro que todo esto generará incertidumbre."
Pasado los dos años de este parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, si estas personas deciden quedarse y en ese momento tienen una petición familiar aprobada, pueden quedarse y luego ajustar estatus, es decir se les da residencia permanente y si durante el tiempo del parole hay una empresa que lo pida y tiene la certificación laboral aprobada, también podrá quedarse en EEUU y ese tipo de visado también le permite la residencia permanente o un visado por inversión. Hay varias opciones, explicó la abogada Herrera Mellado.
El abogado Yunior Piñeiro explicó que 20 estados quieren eliminar el parole humanitario, no solo el de reunificación familiar, a todo el mundo. Ciertamente “un parole humanitario está diseñado para una persona y se hace caso por caso para que quede establecido que se tiene una necesidad humanitaria por un tiempo limitado. La demanda dice que esto no es así porque por el solo hecho de ser un ciudadano de estos países beneficiados, ya califica.”
Recordó que la crisis en la frontera fue la razón que se tomó en cuenta para implementar este programa, pero considera que la demanda es por causas técnicas incluyendo que la publicación no se hizo a tiempo, entre otros, pero estos estados quieren que se elimine el programa. Y eso es muy complicado porque ya tenemos a muchas personas que están aquí con ese parole.”
De prosperar la demanda el problema es serio para las personas que están en el proceso o quieran aplicar lo que genera incertidumbre, acotó.
La demanda argumenta que el hecho de colocarse un patrocinador como uno de los requisitos no responde tanto a que la persona tiene una necesidad humanitaria y por esa razón es que los 20 estados dicen que en vez de un parole se trata de un programa parecido al de una visa, acotó el experto en temas migratorios.
El abogado Piñeiro dijo que aunque la demanda prospere, y espera que no, las personas ya favorecidas podrán apelar . “Esto no termina aquí y las apelaciones llegarán a las cortes”. Recomendó que las personas sigan buscando los patrocinadores y sigan aplicando, pero hay que tomar en cuenta y estar atentos a esta demanda, recomendó.
La también abogada de Inmigración Isadora Velázquez no cree que el juicio vaya a prosperar principalmente por la última decisión de la Corte Suprema. El parole ha sido un beneficio en contra de la inmigración ilegal al reducir los números altamente.
“Los estados que forman parte de la demanda muestran una gran ignorancia nacional sobre el sistema migratorio de los Estados Unidos, opinó Velázquez. Visas existen desde la A hasta la V, casi todo el abecedario de visas. Todas muy diferentes la una de la otra con distintos requisitos. Ninguna de ellas se enfoca solo en la nacionalidad de la persona que la recibe. Son diferentes”
Explicó que la administración Biden comenzó con muchas promesas que tomaron mucho tiempo en llegar, como este parole y el programa de reunificación familiar que recién ha empezado.
“Al mismo tiempo [la administración] no supo controlar la desinformación y la desesperación de muchos ante la situación tan precaria de muchos países como Nicaragua y Venezuela. Los límites que se han presentado ahora hacia el asilo pueden ser útiles pero el sistema migratorio actual aún debe ser actualizado para acortar los largos tiempos de espera y los requisitos que no reflejan las necesidades laborales del país. La desconexión continua.”, concluyó Velázquez
Al ser consultada sobre el plan que se tendría con estas personas, una vez transcurridos estos dos años que otorga el parole humanitario, Velázquez coincidió en que la comunidad cubana podrá aplicar a la Ley de Ajuste, al año y un día de su entrada al país. El TPS, para Venezuela y Haiti será extendido y aplicado y se creará un TPS para Nicaragua, vaticinó.
"Con suerte el Gobierno de EEUU volverá al análisis para ajustar la ley considerando el parole y la situación tan precaria y particular de estos países vecinos, pero esto parece ser poco probable
La demanda de los estados republicanos objeta el uso de la libertad condicional humanitaria para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Si el gobierno de Biden pierde, ello socavaría una política más amplia que busca alentar a los inmigrantes a utilizar las vías legales para ingresar a Estados Unidos, y si no lo hacen así enfrentar duras consecuencias. El gobierno ha dicho que tuvo que actuar ante la falta de una acción del Congreso para reformar el sistema de inmigración del país.
En el juicio de Texas los estados republicanos argumentan que el gobierno de Biden básicamente está usurpando el poder del Congreso, al permitir que hasta 360.000 personas ingresen anualmente a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el programa de permiso humanitario.
El gobierno alega que tiene el poder de usar el poder humanitario de esta manera, y atribuye a la iniciativa la drástica reducción de los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes de esos cuatro países. Los solicitantes del programa deben aprobar verificaciones de antecedentes y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos que responda por ellos. Si se les aprueba, deben volar a un aeropuerto estadounidense en lugar de cruzar por la frontera sur. Luego pueden permanecer en el país durante dos años y obtener un permiso de trabajo.
Un fallo en contra del programa no afectaría a las personas que ya entraron al país pero si a quienes ya presentaron sus solicitudes y están en la lista de espera ante la expectativa de que el gobierno les de un permiso para venir a EEUU.
El gobierno federal y grupos defensores de los inmigrantes defienden el programa y aseguran que ha tenido éxito en reducir la migración y una crisis humanitaria en la frontera sur y ha proporcionado un camino seguro a Estados Unidos para inmigrantes desesperados que de otro modo estarían pagando a traficantes de personas y agobiando a los agentes fronterizos.
El programa ha “tenido un tremendo éxito en reducir la migración hacia la frontera suroeste”, argumentaron los abogados del Departamento de Justicia, que representa al gobierno federal en la demanda.
El juez federal Drew Tipton preside el juicio sobre la demanda de los estados en Victoria, Texas. Tipton, designado por Donald Trump, se ha pronunciado anteriormente en contra de la administración Biden sobre a quién priorizar para la deportación.
Los inmigrantes que reciben libertad condicional como parte del programa deben contar con alguien que los respalde financieramente. Eric Sype, de Oakland, California, patrocinó a su amigo Oldrys, un hombre de Nicaragua de 34 años cuyo apellido no se reveló.
En documentos judiciales, Texas y otros estados han calificado el programa de la administración Biden como un “ejemplo extremo” de no aplicar las leyes de inmigración que le exigen “otorgar la libertad condicional sólo caso por caso para un beneficio público significativo o razones humanitarias urgentes”., informò AP
Si bien la demanda de los estados republicanos objeta el uso de la libertad condicional humanitaria para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, no ha planteado ninguna preocupación por su uso para otorgar entrada a decenas de miles de ucranianos debido a la guerra de Rusia.
FUENTE: CON INORMACIÓN DE AP