Hace cinco años, a diferentes estaciones policiales de la entidad les arrojaron granadas y perdieron la vida integrante de esa institución. En Guarumito, en el municipio García de Hevia del mismo estado Táchira, en reiteradas ocasiones, los efectivos militares han sido agredidos, les han incendiado vehículos y hasta uno de ellos, lo arrojaron a un río.
En la misma capital, San Cristóbal, una emboscada le costó la vida a un guardia nacional en una garita y hasta el cuartel de bomberos también recibió un ataque. Una semana antes de la emboscada a estos efectivos militares, sujetos desconocidos también arremetieron contra la estación policial de la frontera.
Por eso, los tachirenses asumieron la agresión como parte de la cotidianidad del país y no creyeron que la situación trascendería pero ese mismo día, cerca de la medianoche, el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera con Colombia por 72 horas y la medida solo aplicaba para el estado andino.
Para los tachirenses fue una sorpresa la decisión porque el cierre de los puentes Simón Bolívar, de San Antonio del Táchira; Francisco de Pablo Santander, en Ureña y Boca de Grita, en García de Hevia, significaba la paralización de importantes actividades comerciales y sociales en la denominada “frontera más vida de Latinoamérica”. Y así fue.
El jueves, la incertidumbre era absoluta en el estado Táchira y en los municipios Bolívar, cuya capital es San Antonio del Táchira, y en Pedro María Ureña había gran cantidad de personas que esperaban pasar hacia el lado colombiano y no había información sobre si podrían hacerlo. De igual manera, los venezolanos con cédula y pasaporte en mano, tampoco podían ingresar al país.
Los comercios no abrieron por temor y los residentes de la zona, prefirieron quedarse en sus casas. Las autoridades informaron que realizarían la Operación Libertad del Pueblo (el último operativo de seguridad del Gobierno) y que la frontera se reabriría cuando el Gobierno de Colombia entregase a los responsables del ataque a los tenientes Alexis Rodríguez y Daniel Veloz; del cabo primero Miguel Muñoz Martínez así como de un civil cuya identidad, hasta la fecha, no ha sido revelada. El 21 de agosto, el presidente de la república decretó estado de excepción a los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, Junín y Rafael Urdaneta. Posteriormente sumó a este grupo a Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho.
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No me dejan enterrar a mi papá
A las cuatro de la mañana, le avisaron por teléfono a German Guzmán que su padre había fallecido en Cúcuta. El hombre, acompañado de su tía paterna, salió de su casa con la intención de cruzar la frontera, poder retirar el cuerpo de su papá y darle cristiana sepultura.
Siendo único hijo, estaba apurado por llegar a Colombia y encargarse de la situación. Se sorprendió cuando encontró un gran número de personas en la calle y sin poder avanzar en la avenida Venezuela de San Antonio del Táchira, municipio Bolívar.
En cada cuadra, había efectivos militares que se encargaban de que las personas se mantuviesen en las filas. Aunque el hombre trató de explicarle a los efectivos de la Guardia Nacional que en la mitad del puente, que divide a Venezuela y Colombia, había alguien que le entregaría la partida de defunción y así podría demostrar su imperiosa necesidad de cruzar la frontera, tuvo que hacer la cola de igual manera bajo el inclemente sol característico de esa zona.
Al momento de entrevistarlo, el hombre tenía seis horas en la fila y todavía le quedaban varias cuadras por delante con gente que tenía niños en brazos, viajeros, comerciantes y muchas otras personas que con razones particulares se encontraban varados luego del anuncio del presidente Nicolás Maduro de cerrar la frontera ese día.
Sin patria en su propio país
En la plaza La Confraternidad, al lado del puesto de la GNB y a pocos metros del puente Simón Bolívar, se encontraban aproximadamente 200 personas. El panorama era desolador, todos ya habían sido informados que los deportarían
Algunos se encontraban sentados en el piso, otros en una cola para ser reseñados por los funcionarios de Identificación y la gran mayoría con el rostro sucio y lleno de incertidumbre porque en la consideraban su propia patria, ya no tenían país pues muchos de ellos tenían años residenciados en Venezuela.
Sentados en un banco, había cuatro personas. La mujer más joven de 55 años tenía un bastón ortopédico. Otra mujer, de 69 años estaba acompañada de una pareja mucho mayor: ella tiene 74 y él 79 años. No quisieron dar sus nombres pero sí aceptaron que les tomaran fotografías.
Contaron que no tenían sus papeles en regla y vivían en La Invasión, ese mismo lugar donde se demolieron los ranchos, de donde salió el mayor número de deportados y también donde se marcaban las casas con una letra para indicar que debían ser derrumbadas y otras que ya habían sido revisadas. En ese barrio, tenían un rancho que les compró su nieto quien cuidaba de ellos.
“Mi nieto, tiene 24 años y es venezolano, él se queda aquí pero nosotros nos tenemos que ir”, manifestó la anciana. “Mi esposo está muy enfermo, mírelo, mi hermana tiene un bastón y la otra es igual de pobre que nosotros, para dónde vamos a ir si en Colombia ya no tenemos a nadie allá; no tenemos ropa, comida, no tenemos nada”, decía mientras estallaba en llanto.
El grupo familiar solo tenía dos bolsas y en ella lo poco que pudieron recoger pero en La Invasión dejaron a sus afectos, sus recuerdos y sus historias y en Cúcuta correrían la misma suerte que el resto de sus connacionales deportados: los trasladarían a una escuela municipal o al estadio de fútbol que son los lugares donde albergaron a los que fueron expulsados por el Gobierno venezolano. La voz de “no puede estar en este lugar” por parte de un efectivo militar nos impidió seguir entrevistando a otros afectados.
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Todos son sospechosos de ser contrabandistas de gasolina
Para llegar hasta los municipios Bolívar y Ureña, se deben pasar por cinco puntos de control. Un viaje que debería hacerse en 50 minutos puede demorarse hasta tres horas porque los vehículos prácticamente se estacionan ante las requisas que hacen efectivos del ejército y de la GNB a los vehículos o a los bolsos y maletas de los transeúntes.
Cualquier ciudadano que pase por uno de esos puntos de control puede estar sujeto a que le revisen la cantidad de gasolina que tiene el tanque su vehículo y si el efectivo militar considera que el conductor podría llevar gasolina de contrabando, procede a extraerle el combustible sin derecho a reclamo. Sin embargo, una vez que se pasa el puente internacional Simón Bolívar e inmediatamente se encuentra la zona colombiana denominada La Parada la venta de las pimpinas de gasolina venezolana se hallan por doquier y a plena luz del día. Los pimpineros, como se denominan a estos vendedores, están legales ante el Gobierno de su país aunque el producto de su venta sea por el micro contrabando.
En el sector La Parada también se pueden encontrar los grandes depósitos de alimentos y productos venezolanos que desde hace mucho tiempo no se observan en los anaqueles de los supermercados del estado Táchira. Pese a que el pasado 12 de agosto, se decretó el cierre de 10 de la noche a cinco de la mañana de la frontera venezolana, el contrabando no se afectó y pese a los cinco puntos de control, las revisiones y el horario restringido, se mantiene la escasez de alimentos, repuestos para vehículos, medicamentos y otros productos, muchos de ellos se desvían a Cúcuta y algunas veces con la anuencia de los efectivos militares que resguardan las alcabalas.
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