Ser un país productor, consumidor y vía de tránsito de drogas no sólo convirtieron a Honduras en uno de las naciones más violentas del mundo con altos índices de criminalidad, sino también una región sensible a los tentáculos del crimen organizado, donde el poder mismo se ha visto penetrado.
Sólo el año pasado, miembros de dos de las instituciones llamadas a combatir el crimen fueron tentadas y se convirtieron en verdugos de la ciudadanía. Un centenar de policías y militares se vieron involucrados en delitos y crímenes durante el 2014, tales como homicidios, extorsiones, hurtos y otros.
El pasado mes de octubre, 22 policías de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) participaron en el robo de más de un millón de dólares, en el operativo donde ellos mismos capturaron a los narcotraficantes y hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle.
TIGRES no es una policía cualquiera, sino el nuevo cuerpo castrense creado para el combate a la violencia y crimen organizado, como parte del objetivo de depuración de los cuerpos de seguridad del país, proceso el cual queda en entredicho con escándalos como éste.
Otro escándalo fue el de ocho miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), acusados de torturar y liquidar a un jornalero en La Lima, Cortés, en el norte de Honduras. Varios oficiales de policía y de las FFAA fueron capturados por la justicia por formar parte de bandas de delincuentes.
La participación de efectivos en delitos va en incremento por factores como falta de capacitación, bajo salario y la cultura del país, según analistas. La depuración policial es un tema cotidiano en Honduras, cuyas autoridades buscan acabar con la corrupción y el asecho del crimen organizado.
El comandante de la Policía Militar, German Velásquez, declaró que unos 300 agentes fueron expulsados de ese cuerpo de seguridad por cometer actos que atentan contra las normas de la institución.
Los cuerpos policiales también endurecen los procesos para ingresar a un oficial a sus filas. Por eso es la Dirección Nacional de Tránsito y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) presentan una disminución de personal, porque muchos no pasan la prueba, según el director adjunto de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Mario Chinchilla.
Los tentáculos del narcotráfico se han extendido también hacia algunas estructuras del Estado. El asesor agrario y comunal de la presidencia, Marvin Ponce, ha denunciado la penetración del narcotráfico en las estructuras municipales de Honduras.
Aseguró que al menos 35 alcaldes y vicealcaldes llegaron al poder mediante el uso del dinero sucio y dirigen grupos de hombres armados. Los señalamientos van también hacia el Congreso pues, según Ponce, tiene conocimientos de que algunos diputados llegaron a su curul por ayuda del narcotráfico.
Ponce es cercano al presidente Juan Orlando Hernández, cuyo Gobierno es parte de un amplio despliegue policial, militar y judicial contra agrupaciones de narcos, con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Las afirmaciones de Ponce molestaron a la Asociación de Municipios de Honduras.
Hace un par de años, el excoordinador de fiscales de San Pedro Sula, Augusto Rafael Fletes, fue detenido junto a tres guatemaltecos (dos pilotos y un exdiputado), acusados de negocios ilícitos con el narcotráfico.
En ese momento el fiscal general, Luis Rubí, mencionó que estaban tras la pista de otros fiscales que estarían involucrados en negocios con el crimen organizado.
La captura de fletes se dio como parte de la Operación Julián Arístides González (JAG), que terminó con la captura de más de 80 personas, entre ellas el subcomisario de Policía, Normando Lozano, y dos ciudadanos de origen colombiano. Los bienes decomisados esa vez ascendieron a 100 millones de dólares.
El coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, Josué Murillo, indicó que al igual que existen algunos policías y jueces ligados al crimen organizado, existen fiscales que son “magnates” del narcotráfico, un señalamiento que se han vuelto común en un país donde los delitos violentos han puesto de rodillas a las autoridades.
“Tenemos fiscales implicados en actos delictivos que ya son magnates. Dejémonos de cosas, hay fiscales, policías y jueces que están implicados con el narcotráfico y el crimen organizado, lo que pasa es que aquí nos hemos hecho de la vista gorda”, expresó a la revista Proceso.
Honduras es parte del corredor de la droga que va desde Colombia a México y Estados Unidos. De ahí que existan brazos de grandes carteles mexicanos de la droga. Los grupos reciben, almacenan, distribuyen a nivel local y pasan hacia otros países cocaína, pero a la vez su territorio sirve para el cultivo de la marihuana.
El asecho de las bandas de narcos y la falta de oportunidades de adolescentes y jóvenes, se han vuelto un caldo de cultivo para la proliferación de la violencia. En enero Honduras registró 419 homicidios, 137 casos menos que en el mismo mes de 2014.
Según cifras del 2014, el país registró 5.814 homicidios, 613 menos (9,5 %) que en 2013, cuando llegaron a 6.427.
“Esa disminución de la criminalidad también se debe a que la Policía, que ha sido fuertemente cuestionada, ahora está siendo cuidadosa en su accionar y a que los jefes y subalternos están tratando de cometer menos delitos”, según la Comisión de Derechos Humanos de Honduras.
