Capitolio estatal de Florida.
CÉSAR MENÉNDEZ / DLAMIAMI.- Un grupo de oficiales electos presentó una demanda contra una nueva enmienda a la carta constitutiva de Florida, que establece una serie de restricciones, como ampliar a seis años el tiempo que funcionarios elegidos por votación deben esperar para ser cabilderos, o sea abogar por proyectos de empresas privadas.
Una jueza federal escuchará los argumentos de los querellantes en una audiencia programada para el 27 de enero, bajo la premisa de que la reforma constitucional aprobada por los votantes floridanos en 2018 violaría los derechos consagrados en la Primera Enmienda.
La acción legal fue interpuesta por René García, comisionado de Miami-Dade; Javier Fernández, alcalde de South Miami; Mack Bernard, comisionado de Palm Beach; Bill Proctor, comisionado del condado Leon, y Crystal Wagar, miembro del consejo de Miami Shores Village.
La enmienda, que entra el vigor el sábado 7 de enero, abre paso a restricciones que evitarán que funcionarios estatales y locales “ejerzan presión” sobre otros organismos gubernamentales mientras estén en el cargo.
La demanda indica que “según la Enmienda 12 (aprobada por los votantes y ratificada mediante nuevas leyes en Florida), un funcionario electo local, como un miembro de la junta escolar, tiene prohibido ejercer presión ante el Congreso o una agencia federal, incluso en asuntos que no estén relacionados con el papel del funcionario en el gobierno local”.
Los querellantes aseguran que el cabildeo se ha “enquistado injustamente con connotaciones insidiosas” y defienden su propósito como una labor para “garantizar el intercambio de información e ideas entre los responsables de la toma de decisiones gubernamentales y los segmentos del público que pueden verse directamente afectados”.
Advierten que la nueva legislación estatal es “demasiado amplia”, tanto, desde su punto de vista, que violaría sus “derechos constitucionales a la libertad de expresión”.
La medida también aumenta el plazo en el que exfuncionarios estatales y locales pueden realizar tareas de cabildeo sobre sus antiguos órganos de gobierno. De dos a seis años se incrementó el periodo de restricción.
Algunos de los demandantes trabajan a medio tiempo en entidades gubernamentales y otra parte de su actividad productiva la dedican al desempeño de labores como cabilderos.
La misma demanda resalta que el comisionado de Miami-Dade René García es vicepresidente ejecutivo de New Century Partnership, una firma consultora que brinda servicios de cabildeo. Por su parte, el alcalde de South Miami, Javier Fernández, es un abogado que representa a clientes ante juntas del condado y municipales.
DIARIO LAS AMÉRICAS ha intentado comunicarse con el comisionado García, pero hasta el momento de publicar esta nota no ha sido posible.
En la acción legal figuran como acusados la Comisión de Ética de Florida, la fiscal general Ashley Moody y el director financiero estatal Jimmy Patronis, quienes todavía el viernes pasado no habían presentado argumentos para contrarrestar legalmente esa acción jurídica.
La enmienda constitucional de 2018 recibió el apoyo de casi el 79% de los votantes del padrón electoral del estado de la Florida.
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