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MIAMI.- El alto coste de los seguros de viviendas y locales comerciales, que tanto golpea el bolsillo de los floridanos, volverá a ser discutido en el Congreso de Florida en mayo, después de que los legisladores no lograran un acuerdo en la pasada asamblea regular.
De hecho, el gobernador, Ron DeSantis, escuchó el pedido de representantes, senadores y miles de voces que reclamaron atender el asunto, antes de que sea demasiado tarde en un año de elecciones.
“Hay que tratar de hacer las cosas con cordura y estabilizar el sistema de seguros para tener un mercado que funcione”, señaló el gobernador.
“Estoy seguro de que vamos a lograrlo”, apuntaló.
De hecho, la Cámara de Representantes y el Senado no llegaron a un acuerdo sobre seguros durante la sesión legislativa que terminó el 14 de marzo, mientras las aseguradoras continúan buscando cómo aumentar aún más los precios, al mismo tiempo que cancelan pólizas para reducir riegos financieros y remiten a personas a la firma semiestatal Citizens, que sigue sumando asegurados sin poder hacerlo.
Antecedentes
Mario compró su pequeña casa hace 25 años y aún debe cinco años de hipoteca. El banco le exige tener seguro de vivienda y cada vez que recibe la factura anual de la aseguradora le suman 1.500 o 2.000 o más dólares.
“Cuando compré la casa en 1997 pagaba unos 1.200 dólares al año, y ahora son 4.500. No es más porque he disminuido beneficios, sino estuviera pagando 6.000 o 7.000”, expuso el hombre.
La casa de Mario no mira al mar, pero se encuentra en Miami, donde el monto a pagar por los seguros suele ser mayor que en el norte de Florida, por encontrarse en una zona ‘más vulnerable al peligro de huracanes’, donde los gastos y las pérdidas suelen ser superiores.
“Si no acepto el aumento, me quedo sin seguro y el banco me asigna otro aún más caro”, comentó. “Tuve que pedir una segunda hipoteca para poder afrontar gastos”, subrayó.
A Francisco, vecino de North Miami Beach, no le llegó una factura con aumentos esta vez, sino algo peor: una carta que le anuncia la cancelación de la póliza.
“Es como comenzar de nuevo”, reflexionó. “Buscar seguro, pagar inspección y esperar respuesta. Al final, tuve que acudir a Citizens y fue la misma historia: inspección, espera y más de 5.000 dólares a pagar”, acentuó.
Francisco, que ya tiene su casa pagada, optó por renunciar a tener seguro, pero ahora vive con la incertidumbre de que “si un huracán me lleva el techo, tendré que acudir al gobierno para afrontar la reparación”.
Y esa es la incógnita que tal vez los legisladores y el Gobierno estatal no tienen en cuenta. Si un huracán causa daños, tanto el estado como el Gobierno federal tendrán que asumir una buena parte de los gastos.
En el norte y la franja central de Florida, donde las grandes tormentas del Trópico no suelen golpear con la misma fuerza que en el sur de la península, los seguros son más económicos. Unos 1.300 dólares al año aseguran la propiedad. Y es allí, en el norte y la franja central, donde se acumula una buena cantidad de legisladores que parecen desoír el clamor de quienes viven en el sur.
Más aumentos
Cada año, la aseguradora semipública Citizens, que se nutre mayormente de los pagos anuales recolectados para hacer frente a desembolsos, plantea aumentar las tarifas de seguros, seguida por compañías privadas que dictan incrementos muy superiores.
Además, hace apenas un año, el Congreso estatal adoptó la ley HB76 Insurance que limita los honorarios de los abogados que representan litigios contra aseguradoras, lo que beneficia grandemente a las empresas de seguros que solían pagar a los defensores de ambos litigantes.
En aquel momento, el consejero de National Claims Adjusters, en Florida, Humberto Hernández, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS que, si la entonces propuesta de ley era adoptada, como aconteció, “no habría abogado que quisiera representar una demanda porque sabrían que solo ganarían un porciento de los 20.000 o 30.000 reclamados”. Y de esta manera, tal como sucede ahora, “el propietario queda solo, sin representación jurídica, y la aseguradora se beneficia”.
Por qué
Hay múltiples explicaciones, según quien conteste la pregunta por qué las aseguradoras parecen ser beneficiadas cada año y los asegurados sufren las consecuencias.
Unos dicen, como el presidente de Access Insurance, Mario Moreno, que “esto es parte del curso legal del libre mercado”, que tanto favorece a la economía nacional. Aunque también señala, muy políticamente correcto, “que podría haber intereses que puedan afectar una solución u otra”.
Un mes antes de comenzar la sesión legislativa en enero, el presidente del Senado estatal, Wilton Simpson, declaró a este periódico que trabajaban “para elaborar una regla completamente nueva para intentar que el seguro del hogar fuese más asequible”, pero no sucedió.
De hecho, el senador, y ahora aspirante a ser comisionado de Agricultura en las elecciones 2022, reconoció que “el seguro seguirá subiendo, por lo que es muy importante que hagamos algo al respecto y al mismo tiempo evitamos que ocurra el fraude, que también aumenta los precios”.
“La única forma en que vamos a generar más competencia para reducir los costos de seguros es asegurarnos de que no haya fraude en el sistema”, apuntilló.
Según All State, las reclamaciones fraudulentas, como exageración de artículos robados, daños intencionales y fabricación de pruebas de respaldo, han aumentado 20% en los últimos años, lo que, según plantea, cuesta a la industria aseguradora en Florida millones de dólares.
“Sabemos que hay fraude, pero el fraude apenas alcanza el 1% de las reclamaciones”, aseguró el consejero de National Claims Adjusters.
En ese monto de estafa no estaría incluido, por ejemplo, los propietarios que tienen un daño en el techo o una ventana afectada por la vejez y esperan por el paso de un huracán para reclamar gastos.
Entretanto, Mario, Francisco y posiblemente millones más aguarden por una solución para pagar menos o al menos tener un seguro de vivienda, que debe tener en cuenta el bolsillo de los floridanos, y ahora vuelve a estar está en manos de los legisladores del estado de Florida.