“El alivio para los contribuyentes y la seguridad de nuestras comunidades no son prioridades que deben competir”, expresó la alguacil de Miami-Dade en una publicación en respuesta a la preocupación manifestada por la Asociación de Alguaciles de Florida ante la propuesta constitucional.
La posición de la asociación quedó bien clara cuando señaló públicamente:
“La FSA está sumamente preocupada por la Enmienda Constitucional 3, que potencialmente permite a Tallahassee controlar los presupuestos locales, aumenta los tiempos de respuesta policial y limita la capacidad de las comunidades para realizar reparaciones de carreteras y la gestión de aguas pluviales. Estos son solo algunos de los aspectos que los votantes deben conocer”.
Cordero Stutz también fijó su posición cuando indicó que, como alguacil, defenderá los recursos necesarios para mantener seguro a Miami-Dade. “La seguridad pública seguirá siendo mi prioridad, pero no debe utilizarse como argumento para generar temor entre los votantes ante una propuesta de alivio en los impuestos a la propiedad”.
La alguacil declaró que toda agencia gubernamental, “incluida la Oficina del Alguacil, tiene la responsabilidad de revisar cuidadosamente cómo utiliza sus recursos, buscar maneras de ser más eficiente, eliminar gastos innecesarios y asegurarse de que cada dólar de los contribuyentes se administre responsablemente. Es posible respetar el bolsillo de nuestros residentes y, al mismo tiempo, seguir brindando un servicio policial sólido y eficaz”, insistió.
Lo llamativo de su posición es que, mientras sostiene que los contribuyentes necesitan un alivio fiscal y que este es posible sin poner en riesgo los servicios públicos, incluida la seguridad, solicita otros 42 millones de dólares tras obtener un presupuesto histórico de 1.200 millones.
Más fondos
Según Cordero Stutz, “el presupuesto aprobado por el condado de Miami-Dade para el 2026-27 deja a la Oficina del Sheriff con un déficit de 42 millones de dólares necesarios para cumplir con las obligaciones existentes y contratar a los agentes y empleados civiles esenciales”.
La sheriff también afirmó que la alcaldesa Daniella Levine Cava había impulsado ese presupuesto a sabiendas de que no financiaba completamente su oficina. Además, cuestionó que la alcaldesa le sugiriera que, para subsanar el déficit, sería necesario aumentar los impuestos o recortar programas del condado, una disyuntiva que pone a prueba su planteamiento de combinar alivio fiscal y mayores recursos policiales.
En el comunicado publicado el pasado 25 de septiembre, Cordero Stutz también rechazó el señalamiento del condado sobre los cientos de plazas civiles vacantes y los fondos destinados a sus salarios que permanecían sin utilizar en su oficina. Al respecto, señaló que el Condado omitió que muchas de esas vacantes no se cubrieron, según lo previsto, porque no se proporcionó el espacio -físico- necesario para contratar, capacitar y ubicar a los nuevos empleados.
“Sin ese espacio, las vacantes permanecieron sin cubrir y el dinero reservado para sus salarios quedó sin gastar”.
Esta diferencia de posiciones apunta a un problema administrativo y organizativo que ambas entidades deberían resolver, al menos eso es lo que esperan los contribuyentes.
Vacantes y obligaciones
En el documento, la Oficina del Sheriff explicó que actualmente dispone de 172 puestos civiles vacantes y que cubrirlos durante un año costaría 7,2 millones de dólares. “Una cantidad que no está contemplada en el actual presupuesto”, advirtió.
Cordero Stutz indicó que la solicitud de más fondos responde, en parte, a las obligaciones derivadas de los convenios laborales suscritos antes de que asumiera el cargo, junto con los costos de pensiones y seguros médicos. Estas obligaciones “representan 62,5 millones de los 108,7 millones solicitados”.
Impacto en seguridad
La sheriff calcula que, sin la financiación solicitada, su oficina deberá cancelar 6,5 clases de la academia, dejará de realizar 325 contrataciones de subdirectores, perderá 289 puestos civiles y podría terminar el año con 180 agentes menos en las calles de Miami-Dade.
En su documento también destacó los resultados de su gestión, cuando dijo:“Es importante destacar que la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade informa que, en comparación con 2024, los homicidios disminuyeron un 26%, los robos un 16%, las agresiones con agravantes un 12% y los allanamientos un 7%”.
La sheriff afirmó que mantener ese progreso requiere la labor de los agentes en el terreno y del personal civil que los apoya.
Oficinas constitucionales
Mientras esto sucede en la Oficina del Sheriff, Tomás Regalado, tasador de propiedades del condado, afirmó haber realizado recortes en el presupuesto de su oficina. Una de las cinco oficinas constitucionales del condado.
Regalado explicó que su presupuesto debe ser aprobado por el Departamento de Ingresos de Florida y que, al prepararlo en mayo, canceló 19 puestos vacantes que habían contado con financiación durante varios años.
También señaló que posteriormente, en un encuentro con la alcaldesa y los directores de la Oficina de Administración y Presupuesto, les solicitaron ayuda adicional. Y, según explicó, su oficina redujo otros cuatro millones de dólares después de que el presupuesto hubiera recibido la aprobación estatal. Es decir, se apretó el cinturón sin dejar de prestar sus servicios.
“En la pasada reunión de la Comisión, dijimos que al finalizar el presente año fiscal devolveríamos seis millones de dólares. Mis seis millones de dólares bien podrían ir a la Oficina del Sheriff, que los necesita”, expresó Regalado.
Por su parte, el recaudador de impuestos, Dariel Fernández, también dijo que su oficina ahorraría unos 84 millones de dólares al cierre del año fiscal, "que serían devueltos al Condado".
Estos ejemplos plantean una pregunta, quizá injusta sin contar con todos los elementos y sabiendo que las instalaciones policiales de Miami-Dade necesitan reformas y actualizaciones: ¿puede la Oficina del Sheriff lograr ahorros similares que repercutan positivamente en el bolsillo de los contribuyentes?
El gobernador Ron DeSantis, al referirse al desacuerdo de los alguaciles con la Enmienda 3, afirmó que esas oficinas también deben apretarse el cinturón.
“Miren cómo se ven algunos departamentos del sheriff, como el de Broward. Comparen su presupuesto actual con el de hace ocho años. El presupuesto de un departamento del sheriff de un condado es de mil millones de dólares”, dijo con asombro.
Después agregó: “No digo que no estén haciendo un buen trabajo en muchos aspectos, pero puede que haya cosas que sería bueno tener, en lugar de ser imprescindibles”.
DeSantis subrayó que “la seguridad pública es importante”, pero que el alivio para los contribuyentes también constituye una consideración fundamental. Sus declaraciones se produjeron el pasado 15 de septiembre, durante un evento en Pasco, Florida, donde distribuyó bonos de reclutamiento para las fuerzas policiales.
Sheriff apela el presupuesto
Debido a que el presupuesto aprobado no resuelve el déficit señalado por su oficina, Cordero Stutz presentará una apelación ante la Comisión de Administración.
Como parte de ese recurso, la sheriff anunció que mostrará dónde puede encontrar el Condado los ahorros necesarios para saldar las obligaciones contraídas antes de que asumiera el cargo y proporcionar los recursos que su oficina necesita, sin aumentar los impuestos ni recortar programas esenciales.
“Mi responsabilidad es proteger a los habitantes del condado de Miami-Dade y ser honesta sobre los recursos necesarios para hacerlo de manera segura y eficaz”, declaró Cordero Stutz.
“El condado de Miami-Dade no tiene que elegir entre la seguridad pública y mayores impuestos o menos servicios. El condado de Miami-Dade puede financiar completamente a las fuerzas del orden sin ninguna de las dos cosas, y mediante esta apelación, demostraré con exactitud dónde se encuentran los ahorros”, recalcó.
La sheriff tendrá que explicar ante la Comisión de Administración en Tallahassee cómo concilia su defensa del alivio fiscal con su afirmación de que 1.200 millones de dólares resultan insuficientes para mantener la seguridad del condado y su compromiso de identificar ahorros deberá traducirse en propuestas concretas.
Tal vez DeSantis tenga razón cuando afirmó que “puede que haya cosas que sería bueno tener, en lugar de ser imprescindibles”, a la hora de operar con eficiencia. Esa distinción podría ser la clave para resolver la aparente contradicción.
Quizá haya llegado el momento de ajustar los presupuestos y prescindir de gastos deseables, pero innecesarios para prestar un buen servicio. Llegados a este punto, es necesario entender que el eje central de la Enmienda 3 es ofrecer a los propietarios de viviendas de clase media de Florida un alivio que les permita conservar sus propiedades. Necesitamos seguridad, pero todos tenemos que apretarnos el cinturón.
[email protected]
