MIAMI.- El contrato de la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, con un bufete que cobra según lo recuperado en decomisos civiles enfrenta una apelación impulsada por empresas que denuncian posibles conflictos de interés y afectaciones a sus derechos.
The Reyes Law Firm, P.A., encabezado por el exjuez Israel Reyes, representa a la Oficina de la Sheriff de Miami-Dade (MDSO) en los asuntos cuestionados. Su remuneración depende del resultado de los procedimientos.
Las compañías objetan una escala de honorarios que, según sus planteamientos, puede alcanzar el 35% en determinados supuestos, con porcentajes adicionales por apelaciones o gestiones posteriores a una sentencia. Sostienen que vincular la ganancia del abogado al valor de los bienes decomisados genera un incentivo incompatible con la imparcialidad que, a su juicio, debe regir estas actuaciones del gobierno.
Los negocios involucrados distribuyen o comercializan teléfonos y otros productos electrónicos. Sus representantes aseguran que las incautaciones superaron los 45 millones de dólares, de los cuales más de 42 millones corresponden a fondos de SH Americas.
Estas cifras describen recursos incautados o congelados y no permiten establecer cuánto ha cobrado efectivamente el despacho.
En primera instancia, la jueza de circuito Ariana Fajardo Orshan rechazó la solicitud para apartarlo de los casos. Los escritos de apelación recogen que la decisión consideró relevantes los controles de MDSO sobre el inicio de las acciones judiciales y la aprobación de acuerdos.
La resolución es cuestionada ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida. El asunto, identificado con el expediente 3D2026-1363 y otros recursos consolidados, continúa pendiente.
La Cámara de Comercio de EEUU y el Florida Justice Reform Institute presentaron un escrito conjunto en apoyo de las empresas. Goldwater Institute también intervino y argumentó que la supervisión descrita no elimina el interés económico del abogado privado. Se trata de argumentos sometidos al tribunal, no de una decisión de apelación.
Cordero-Stutz defendió la contratación en una explicación firmada el 11 de noviembre. Sostuvo que la mayoría de los decomisos se atienden con los abogados de su oficina y que la asistencia externa se decide según la complejidad del asunto y los recursos disponibles.
La sheriff señaló que este caso implica operaciones financieras extensas y presunto lavado de dinero mediante el comercio internacional. Afirmó que recurrir a una remuneración condicionada permite obtener representación sin comprometer recursos públicos en pagos continuos por hora, mientras la firma asume el riesgo de trabajar sin cobrar si no logra una recuperación.
Según la funcionaria, MDSO conserva la autoridad sobre la litigación y los fondos incautados no quedan automáticamente disponibles para pagar abogados. También precisó que las determinaciones judiciales de causa probable permiten mantener dinero retenido mientras se litiga, pero no establecen un derecho definitivo a decomisarlo.
DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó declaraciones a Cordero-Stutz y a su oficina sobre los criterios de contratación, la existencia de un proceso competitivo o una excepción, la relación previa entre la sheriff y Reyes y las medidas adoptadas para gestionar posibles conflictos de interés.
Las preguntas abarcan la escala de honorarios, los pagos efectivamente realizados, los fondos recibidos por MDSO y los controles para iniciar o resolver los procedimientos. Incluyen la situación de los activos de SH Americas y otros negocios, las pruebas y resoluciones que sustentan su retención y la existencia de cargos penales relacionados.
Para documentar esos puntos, el diario pidió copias del contrato y sus modificaciones, los registros de selección y aprobación, las revisiones éticas o auditorías disponibles y la contabilidad de los decomisos. También planteó una entrevista con la sheriff o el portavoz correspondiente para incorporar su respuesta a esta cobertura.