La OEA debería exigir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que revoque el decreto de Estado de excepción y emergencia económica que dictó el pasado 13 de mayo, pidió este jueves Human Rights Watch.
Esta organización pro derechos humanos denunció que este decreto de emergencia "limita la posibilidad de la Asamblea Nacional -actualmente con mayoría opositora- y de las organizaciones no gubernamentales venezolanas de cuestionar los abusos de poder cometidos por el gobierno".
"Hasta hace poco, el gobierno de Maduro ha podido encarcelar a opositores y cercenar los derechos de ciudadanos de a pie sin temor a ningún tipo de reacciones de los otros poderes", opinó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
"Pero ahora que la oposición controla la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente se atribuyó a sí mismo la facultad de despojar a este órgano de su potestad de sancionar a funcionarios gubernamentales", denunció Wilkinson.
El pasado 13 de mayo el presidente Maduro declaró "un estado de excepción" que extiende la emergencia económica en el país, con el que prometió "derrotar el golpe de Estado y la guerra económica".
Según HRW, con este decreto el presidente Maduro "se ha arrogado la facultad de restringir derechos garantizados en la Constitución venezolana".
El decreto de emergencia además "vulnera las obligaciones jurídicas internacionales que surgen de la Carta Democrática Interamericana, que obliga al país a promover y defender la democracia representativa, la cual incluye como uno de sus componentes esenciales a la separación de poderes", según Human Rights Watch.
El decreto más bien "pareciera ser una medida con motivaciones políticas contra opositores del gobierno y las organizaciones independientes", consideró HRW.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, está estudiando la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana para analizar las amenazas al orden democrático en Venezuela.
La Carta habilita a la OEA a actuar sin el consentimiento del Gobierno implicado para abordar una "alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático".
La Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de la oposición, solicitó el jueves formalmente a Almagro que active la Carta ante la grave crisis que se vive en el país. El Gobierno de Nicolás Maduro se opone tajantemente a su activación por considerar que sería una injerencia en los asuntos internos del país.
Si todas las gestiones diplomáticas fallan, la invocación de la Carta Democrática Interamericana puede acabar con la suspensión del país de la organización, tal como ocurrió en 2009 con Honduras, tras el golpe de Estado que sufrió el país centroamericano.
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