En anticipación del VII Congreso del Partido Comunista a ser celebrado en abril de 2016, el Gobierno cubano adelanta lo que será su nueva agenda oficial de ‘ajustes’ a políticas económicas y sociales, usando como forum de difusión a las asambleas provinciales que culminarán a final de año.
Uno de los temas centrales que ha sido repetido por delegados provinciales a lo largo de la isla es la necesidad de detener la proliferación de “ideologías neoliberales” en el naciente sector privado.
El plan propuesto incluiría la membresía obligatoria en sindicatos para aquellos cuentapropistas que se han resistido a la sindicalización –representando cerca del 30%–, desde que en 2010 el Gobierno permitiera a un sector más amplio de la población obtener licencias de empleo por cuenta propia.
Los sindicatos han sido facultados a desarrollar programas ideológicos que prevengan divergencias de intereses, reduzcan independencia, y ayuden a monitorear si el comportamiento de los cuentapropistas se ajusta a las metas del estado cubano.
Esta estrategia se aplica dentro de un contexto más amplio de reorganización económica, política y territorial que, entre otros, traerá cambios en la ley electoral y en la constitución; y concluirá con el traspaso de poder de Raúl Castro en 2018.
Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente cubano y posible sucesor, ha inaugurado la agenda del partido declarando “que el contexto actual impone nuevos retos en el plano ideológico, en el que los enemigos de la Revolución nos tratan de imponer una plataforma de restauración capitalista y neoliberal”.
Y ordena dirigir la mirada a “la formación de las nuevas generaciones” y al fortalecimiento de “las instituciones estatales que defienden nuestra ideología”.
De un total de 504, 613 cuentapropistas alrededor del país, 70% ya son parte de diversos sindicatos estatales unificados bajo la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
En el sector del turismo, pilar de la economía cubana, el partido comunista estudia un experimento regional en Las Tunas para ser reproducido en La Habana, Varadero y Trinidad en los próximos meses.
Este plan radicaría en la creación de burós dentro del sindicato de la hotelería y turismo (SNTHT) para trabajadores independientes que incluyen choferes de taxis y bicitaxis, y a personas que se dedican a la renta de habitaciones y a la venta de alimentos.
En el caso de los campesinos a cargo de usufructos además de ya ser obligados por ley a pertenecer a Cooperativas de Créditos y Servicios (para poder obtener insumos y vender sus productos), ahora tendrán también que ser acompañados por sus familiares y empleados permanentes a integrar nuevas ‘organizaciones de base’ de 3 a 7 personas.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), estas organizaciones serán instrumentos locales para “apoyar el trabajo político-ideológico en la función de la producción de alimentos” y “en la toma de conciencia”.
Además, por primera vez, los dueños legales de tierras que no estén asociados a ningún tipo de cooperativa deberán participar en las nuevas organizaciones de base.
Los mencionados cambios estructurales que fueron acordados en el II Pleno Nacional de la ANAP ocuparán al Congreso de esta asociación en mayo de 2016.
La agenda de extensión de la sindicalización pudiera impedir la potencial autonomía de un futuro sector privado cubano. Aún más cuando este proceso es presentado en términos existenciales; por ejemplo, en las asambleas locales de Villa Clara, el partido ha expresado que los jóvenes que representan el 31% de la fuerza laboral cuentapropista son “el principal foco de atención para la subversión político-ideológica”.
Un mayor control y monitoreo institucional sobre el trabajador autónomo conllevaría a un incremento en la neutralidad o silenciamiento de este sector al ser utilizado como herramienta disciplinaria, como ha sido ejemplificado por el grupo disidente UNPACU que ha denunciado la revocación de la licencia de cuentapropista de uno de sus miembros.
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