El Gobierno mexicano decidió cancelar este año como signo de austeridad la cena de gala de la noche de "El Grito", que cada 15 de septiembre conmemora el llamado a iniciar la lucha de la independencia en 1810, informaron este viernes fuentes oficiales.
El presidente Enrique Peña Nieto sólo encabezará en el balcón del Palacio Nacional la ceremonia en la que el mandatario grita vivas a la patria y hace repicar una campana para recordar la convocatoria del cura Miguel Hidalgo a tomar las armas.
Aunque estarán presentes invitados especiales, como miembros del gabinete y el cuerpo diplomático, no habrá después ni cena ni brindis, aunque sí el tradicional festejo popular con música que se realiza en la Plaza del Zócalo después de "El Grito".
La decisión, confirmada a DPA por fuentes de la presidencia, se toma luego de que el Gobierno presentara al Congreso un proyecto de presupuesto austero para 2016 con recortes por 221.000 millones de pesos (unos 13.000 millones de dólares), ante la caída de los precios del petróleo y de la producción de crudo.
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De acuerdo con medios mexicanos, la cena de "El Grito" tuvo el año pasado un costo de casi 19 millones de pesos (1,2 millones de dólares).
La cancelación de la cena, que se hace en la víspera del Día de la Independencia, no significará un alivio sustancial para las arcas públicas, pero envía una señal de austeridad, en momentos de baja popularidad de Peña Nieto a mitad de su gobierno (2012-2018).
Peña Nieto fue muy criticado en marzo por la pomposidad de una visita de Estado que realizó al Reino Unido y que tuvo un costo de 7,2 millones de pesos (unos 450.000 dólares).
En esa visita a Londres su esposa Angélica Rivera lució varios modelos de alta costura y el presidente estuvo acompañado de una amplia comitiva que incluyó a familiares.
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Los festejos de la Independencia tienen lugar este año, además, en vísperas del primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero, ocurrida en la noche del 26 al 27 de septiembre.
El domingo, un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso durante seis meses presentó conclusiones que contradijeron la versión oficial de que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero.
Ante esta afirmación el gobierno de Peña Nieto mostró también un cambio de actitud.
En vez de rechazar de manera automática el informe, como había hecho antes con conclusiones del Equipo Argentino de Antropología Forense, se mostró dispuesto a aceptar las recomendaciones y a reunirse con los padres de los estudiantes.
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