Ciudad de Miami
23 de Febrero de 2019
Hoy nos sentimos en la obligación de acudir a la fibra humana y patriótica de quienes tienen responsabilidades y quienes son propietarios y empleados de los medios de comunicación de Venezuela para que, de una vez y para siempre, se zafen la mordaza impuesta por el régimen criminal de Nicolás Maduro.
En el transcurrir de la historia hay momentos para la resistencia, para permanecer agazapado en la trinchera y está el tiempo para avanzar, para romper las cadenas y cumplir con el sagrado deber de ser ductores del derecho universal a expresarse y ser informado sin ambages.
Durante más de 40 años, quien escribe ha estado ligado de diversas formas a la actividad de comunicación social en Venezuela. Nos ha tocado el privilegio de formar equipo y hacer escuela, a veces en medios de gran relevancia y en otros más discretos y especializados, algunas veces del lado de los andamios, ayudando a construir y operar las máquinas que hacen posible que los contenidos lleguen a sus audiencias y otras simplemente expresando nuestras ideas y opiniones en imágenes y letras. Más adelante nos tocó la inmensa responsabilidad y privilegio de contribuir a la formación de políticas públicas en el ámbito gremial de los sectores de telecomunicaciones y medios.
Las primeras dos de esas cuatro décadas en las que transitamos el fabuloso mundo de la comunicación tomamos por garantizado, como el sol que sale en las mañanas, el derecho universal a expresarnos y divulgar sin censura nuestras ideas y creencias.
Pero a partir del advenimiento del proyecto socialista liderado por Hugo Chávez, ese cielo que sirve de bóveda al sol que ilumina la libertad de expresarse comenzó a llenarse de nubes de tormenta. Aquel sol que salía para todos ya no tuvo la misma garantía para brillar que había permitido por lustros la crítica al Establecimiento sin mayores represalias.
Paradójicamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, consagró mediante sus artículos 57 y 58 el derecho inalienable de los ciudadanos a informarse y expresarse sin ninguna restricción o censura. El 57 reza: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura“. Y el 58: “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, de acuerdo a los principios de esta Constitución”.
Esos preceptos, claramente dispuestos en la Carta Magna, fueron siendo progresivamente mancillados a medida que la propuesta política de Hugo Chávez y su partido avanzó en su transformación para tornarse en un régimen, primero autoritario y finalmente totalitario y represor.
A partir de 2006, el cierre de RCTV marcó el inicio de la violación sistemática de los artículos 57 y 58 de la Constitución. Siguieron, la confiscación voraz de numerosas emisoras de radio, la promulgación de la “Ley Mordaza“, bajo cuyo marco se ha cercenado de forma inclemente y sumaria todo contenido de radio y TV incómodo para el régimen, y el estrangulamiento de numerosos medios impresos o su confiscación disfrazada de cambios de propietario.
En medio de ese difícil ambiente le ha tocado a los empresarios y comunicadores cuyos medios aún subsisten de forma independiente a la tutela absoluta del régimen, sortear la coyuntura practicando la auto censura, inhibiéndose de publicar informaciones críticas y en no pocas oportunidades expulsando a comunicadores que se han negado a callar o a tergiversar la información. Pero ha llegado el día de devolverle a Venezuela el lugar que merece tener en el concierto de las naciones americanas.
Las horas que vivimos lo demandan. Si para algún momento tenía que preservarse la integridad y el apresto de las plantas televisoras y emisoras de radio, tal como escuchamos muchas veces argumentar para justificar la conducta pasiva, es para el que estamos viviendo de hoy en adelante. No se pide siquiera que se asuman posiciones políticas beligerantes, únicamente que se le dé el espacio debido a todas las historias y contenidos que en cualquier parte del mundo libre tienen valor noticioso.
Abstenerse de hacerlo es hoy acaso comparable a la actitud del militar que continúa sosteniendo al dictador y su cohorte. Inhibirse de ventilar la realidad que discurre en Venezuela, negarle a los venezolanos la visión completa de los acontecimientos en esta hora trascendental, es actuar fuera del marco de la Constitución. Los artículos 57 y 58 tienen tanta vigencia y valor como el 233, 333 y 350.
La historia no detiene su curso. En ella quedarán por siempre cincelados tanto los nombres de la nobleza como los rostros de la infamia.
Alberto Scharffenorth
Expresidente de CASETEL y Exdirector de FEDECAMARAS y CAVETESU
