CARACAS.- dpa
El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, consideró que la decisión es un nuevo intento del oficialismo de cercenar las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, para darle mayores facultades al Gobierno
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La oposición venezolana aseguró este jueves que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que permite al Banco Central emitir deuda sin la autorización de la Asamblea Nacional (Congreso) sería inconstitucional y podría ser desconocida en un futuro.
El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, consideró que la decisión de la Sala Constitucional del TSJ es un nuevo intento del oficialismo de cercenar las funciones del Parlamento de mayoría opositora para darle mayores facultades al Gobierno.
"Ya las decisiones de la sala inconstitucional de Venezuela no sorprenden al pueblo, son una especie de decisiones que le dan (al Gobierno) licencia para delinquir, para violar la ley, para violar la Constitución", denunció Marquina en una rueda de prensa desde el Palacio Legislativo.
Marquina sostuvo que la decisión que emanó de la Sala Constitucional "pretende desconocer la Constitución", que daría a la Asamblea Nacional la potestad de autorizar las operaciones de endeudamiento realizadas por el gobierno.
"La Constitución en su artículo 150 establece que todo contrato de interés nacional requiere de la autorización de esta Asamblea Nacional. Por lo tanto, cualquier contrato que sea de endeudamiento, de reestructuración de la deuda que emita la Repúblico necesita por mandato constitucional el visto bueno o la autorización de esta Asamblea", explicó.
En ese sentido, Henry Ramos Allup, presidente del Poder Legislativo, ratificó a través de Twitter lo expresado por Marquina y advirtió que todos los contratos de interés nacional que no obtengan previa aprobación del Parlamento y violen la Constitución de Venezuela son nulos y no obligan al país caribeño a cumplir.
Asimismo, precisó en la conocida red social, que todas las embajadas serán notificadas.
La sentencia de la Sala Constitucional emitida en la noche del miércoles autorizó al Banco Central de Venezuela a emitir deuda sin autorización parlamentaria por considerar que el ente emisor "es una persona jurídica dotada de autonomía para el ejercicio de sus atribuciones con eficiencia".
Según la ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez, quien en el pasado se desempeñó como dirigente del oficialismo, "el control previo de la Asamblea Nacional transgrediría la autonomía constitucional del Banco Central de Venezuela".
Sin embargo, dirigentes de la oposición aseguran que el Supremo venezolano, al que constantemente acusan de estar subordinado al Gobierno, había incurrido en un "golpe parlamentario" para restarle funciones a la Asamblea Nacional que entró en funciones en enero y cuenta con mayoría opositora por primera vez en 17 años.
Por su parte, Marquina advirtió que "una política de endeudamiento en estas condiciones tendrá que ser desconocida en un futuro por este Parlamento como por cualquier Gobierno que a futuro tenga Venezuela", por lo que llamó a los entes internacionales o actores privados a evitar estas operaciones.
"Lo que no pase por esta Asamblea será en un futuro inmediato declarado nulo. Por lo tanto, cualquier banco o institución financiera tendría que responderle después a sus inversionistas por qué contrata sin cumplir con los extremos legales y constitucionales en Venezuela", subrayó Marquina.
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