"Venezuela es como un cuerpo minado de osteoporosis, que en cualquier instante puede quebrarse por algún lado. La metáfora es el resultado del retrato social que hace el trabajador Carlos Ramírez de un país desbordado por la criminalidad, sometido a la escasez de alimentos y productos básicos, con una industria paralizada, en parte, por la restricción de electricidad, y los obstáculos del Gobierno de Nicolás Maduro al referéndum revocatorio como salida electoral a la crisis política", publica este domingo el portal web LA RAZON.
En un análisis sobre la crisis que vive el país caribello, el medio de comunicación resalta el rol de expresidente de Petróleos de Venezuela y actual embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramirez quien trabaja desde hace 25 años en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la principal acería venezolana que en 2008 fue expropiada por el fallecido presidente Hugo Chávez al grupo ítalo-argentino Techint. Generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sin ninguna experiencia previa en el campo industrial, han controlado la siderúrgica desde 2010 hasta la fecha, imponiendo una lógica militar en las relaciones laborales, restringiendo las visitas a las páginas web de medios críticos con el Gobierno, limitando el derecho a la huelga y amenazando con prisión a los promotores de las protestas laborales.
Ramírez pagó un alto precio cuando negó su apoyo a la campaña «¡Obama deroga el decreto YA!», una iniciativa promovida por el Gobierno con la que se buscaba reunir más de 10 millones de firmas contra un decreto estadounidense que declaró al país como una «amenaza inusual y extraordinaria». La empresa suspendió los pagos por adelantado de prestaciones, pospuso las vacaciones y él fue rebajado de cargo
Por otra parte, LARAZON recopila las denuncias de arrestos y violaciones a los Derechos Humanos que se contabilizan en Venezuela.Hasta mayo de 2016, el Foro Penal Venezolano tenía registradas 85 personas detenidas por motivos políticos. Del total, 31 personas fueron detenidas por manifestar; tres por el uso de redes sociales; dos por rebelión civil; 19 por rebelión militar y 30 por otras causas. Portavoces de la organización han insistido en que el sistema judicial está siendo utilizado como un arma de intolerancia política. Buena parte de los casos contra dirigentes políticos, trabajadores de Pdvsa (Petróleos de Venezuela) y empresarios carecen de pruebas y la condena procede porque la persona sostuvo una postura crítica ante el poder o por haber resultado coyunturalmente incómodos al Gobierno.
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