Un flagelo global y mortal

La desigualdad en el acceso a la salud es una realidad que afecta a todas las naciones del mundo, aunque ciertamente, las proporciones de su impacto son diferentes de país en país. Algunas cifras son realmente duras e ilustran la brecha existente. Por ejemplo, en la India hay apenas 7 médicos por cada 10 mil habitantes; Al sur de África, concretamente en Lesoto, la probabilidad de morir entre los 15 y 60 años es 10 veces mayor que en Suecia; y en Haití la esperanza de vida promedio es 23 años menor que la de quienes habitamos en los Estados Unidos. n

Pero no se trata tan sólo de un asunto global, porque esta desigualdad se da, incluso, dentro de los mismos países. En la ciudad escocesa de Glasgow, la esperanza de vida de los menos favorecidos económicamente es 28 años menor que la de quienes viven en las área más ricas de la misma ciudad; lo mismo pasa en los condados pobres de los Estados Unidos donde la diferencia con los de mayores ingresos es de 17 años. En Australia los varones indígenas viven 17 años menos que aquellos de origen no indígena, mientras que en las zonas más deprimidas de España mueren cuatro personas por hora por falta de atención médica. n

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Otras datos estadísticos confirman que un 54% de la población latinoamericana tiene muy poco o ningún acceso a la asistencia sanitaria y esta realidad confirma una situación generalizada: la atención médica se divide en dos esferas, por un lado están quienes pueden costearse el acceso a los últimos avances médicos, la prevención, el tratamiento y los cuidados paliativos, mientras que por otro, una amplia mayoría, de poco recursos, recibe poca o ninguna asistencia.

Todos estos datos confirman que la pobreza está íntimamente ligada a las carencias en cuanto a atención médica y que los sistemas sanitarios nacionales no son una prioridad gubernamental, sobre todo, si consideramos la poca inversión en los programas de atención médica y prevención de enfermedades, que es significativamente menor que el de Estados Unidos o Canadá, aunque estos países están en el mismo continente.
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El limitado acceso a los servicios de salud afecta principalmente a Haití, Bolivia, Honduras, República Dominicana y Guatemala, siendo las cifras de mortalidad en menores de cinco años uno de los principales baremos para esta afirmación. En estos países la tasa es de 41 muertes por cada 1000 nacimientos. Aunque la falta de equidad es también un problema mayor en Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, donde la demanda en el ámbito de salud es superior a la oferta, especialmente en las zonas rurales. n

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Las razones para estas diferencias, reconocidas por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, son conocidas e incluyen la indiferencia gubernamental y el alarmante crecimiento de la pobreza. Y es que la desigualdad en todas sus dimensiones afecta especialmente a los grupos más explotados, oprimidos o excluidos de la sociedad, representados por las mujeres que viven solas con sus hijos, los desempleados sin recursos, los inmigrantes ilegales a quienes se les niega el acceso al mercado laboral, los desplazados, los habitantes de zonas rurales, los indígenas, etc. Son ellos quienes efectivamente tienen menos recursos económicos, están más expuestos a factores de riesgo y no están amparados por un servicio que está contemplado como un Derecho Humano Universal.
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La Organización Mundial de la salud ha advertido que esta situación amenaza la estabilidad social y la seguridad de muchos países, considerando la premisa de que la esperanza de vida en los países ricos puede ser de hasta 40 años más que en los pobres, pero las medidas que se vienen tomando no están resultado lo suficientemente eficaces como para alcanzar las llamadas u201cMetas del Milenio u201d.

Hace apenas un mes, 26 Ministros de Salud de América Latina y el Caribe, y siete agencias internacionales firmaron la Declaración de Panamá, un acuerdo que busca acabar con las muertes maternas e infantiles prevenibles antes del 2035, pero muchos creen que esta iniciativa no podrá prosperar por la falta de continuidad política en la mayoría de los países de la zona.

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