El comité de acción política (PAC) “Relentless for Progress” (Implacable por el Progreso), dirigido por el comisionado de Miami Beach, Jonah Wolfson, ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán por tres motivos fundamentales: porque ha recibido jugosas contribuciones de constructores, proveedores, contratistas y cabilderos de la ciudad, porque apoya al actual alcalde de la ciudad, Philip Levine y, sobre todo, porque supuestamente viola un ordenanza de la ciudad, expedida en 2002, que prohíbe contribuciones de campaña, directas o indirectas, por parte de proveedores o contratistas de la ciudad, a candidatos a la alcaldía o a comisionados.
La discusión ha girado en torno a si es ético o no, legal o ilegal, que un PAC reciba dinero de intereses creados; que el mismo alcalde Levine y el comisionado Wolfson hayan llamado a ciertas personas para que hicieran contribuciones a un comité político que apoya al alcalde de La Playa.
Incluso Michael Putney, veterano periodista del sur de la Florida, escribió una dura columna editorial en la que acusó al comisionado y al alcalde de estar usando tácticas de “alta presión” para recibir donaciones, y calificó de “sórdida”, “equivocada” y “antiética” esta manera de hacer política.
El excomisionado Michael Góngora ha sido también un fuerte crítico del PAC de Wolfson. Dijo que sería interesante saber, al demandarlo ante la corte, qué podría decir ésta sobre la ley de Miami Beach. Pero no aclaró si podría ganar a la luz de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en una decisión que abrió las compuertas, en 2010, para la entrada de donaciones sin límite, por parte de empresas y sindicatos, a través de los comités de acción política.
La gran olvidada
Sea por desconocimiento de una decisión de la Corte Suprema llamada Citizen United (CU) o por los intereses políticos que se mueven en La Playa, el debate sobre el PAC del comisionado Wolfson se ha restringido a la ordenanza de la ciudad de Miami Beach, sin referirse al piso legal que sustenta, en este momento, cualquier comité de acción política.
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En 2008, durante la campaña presidencial, el PAC Citizen United, financiado por los poderosos hermanos Koch (dueños de la segunda empresa privada más grande de Estados Unidos), buscó transmitir un documental que criticaba a la candidata demócrata de ese entonces, Hillary Clinton. Pero no le fue permitido hacer pública esa pieza publicitaria porque violaba una ley que prohibía a las empresas y sindicatos pagar por publicidad política que mencionara a cualquier candidato durante un periodo previo a las elecciones.
Este caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde en una reñida decisión, cinco votos a favor, cuatro en contra, los magistrados declararon inconstitucional que el Gobierno restringiera el gasto independiente por parte de empresas y sindicatos, porque al hacerlo violaba la Primera Enmienda relacionada con la libertad de expresión. Y ésta, según la Corte Suprema, no sólo protege a las personas, sino a las empresas y sindicatos.
Lo que quedó prohibido es que la acción de los comités de acción política estuviera coordinada con las campañas políticas de los candidatos. Los PAC, por lo tanto, podían apoyar candidatos o temas, pero de manera independiente, sin entrar en contacto con las campañas.
La pregunta, entonces, es si una ordenanza de Miami Beach puede entrar o no en contradicción con lo estipulado por la Corte. Y si un municipio del sur de la Florida puede ponerse al margen de lo que sucede en todo el país. Los hermanos Koch, según lo informó la revista Time, piensan gastar en estas elecciones presidenciales, a través de sus redes de comités de acción política, cerca de 1.000 millones de dólares en el apoyo de temas conservadores y al candidato republicano que resulte triunfador en las primarias.
Según el abogado Ben Kuehne, quien a nombre del candidato demócrata Al Gore demandó las elecciones del año 2000, que finalmente le dieron el triunfo a George W.Bush, “ la ordenanza [de Miami Beach]no prohíbe a los contratistas que hagan contribuciones a los comités políticos mientras éstos no hagan contribuciones de campaña al candidato. Segundo, no parece haber prohibición alguna a los funcionarios elegidos por votación popular para pedir dinero para comités políticos, no para un candidato, o para el comité de la campaña del candidato”.
Según Kuehne, “no hay ninguna prohibición en la ley de la Florida para que un candidato o un funcionario electo pueda conseguir dinero para un PAC”.
De acuerdo con este abogado, la ley de La Playa no entraría en conflicto con lo decidido por la Corte Suprema. Pero si Miami Beach quisiera tener una ley que contradijera lo decidido por CU, “tendría que ser debatida en la Corte, porque CU está basado en la Primera Enmienda y si hay una norma que la restrinja, la Corte tendrá que decidir si es permitida dicha restricción”.
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Coordinación
Sin embargo, para Góngora la ley de Miami Beach es más estricta que lo estipulado por la Corte Suprema. Según él “ésta no dijo que una ciudad no pudiera establecer una norma de cómo un candidato puede conseguir dinero en su propia ciudad o hacer campaña”.
Para Góngora el PAC de Wolfson estaría coordinado con la campaña del alcalde Levine (lo que sería ilegal) porque “son los mismos profesionales los que trabajan en la campaña de Levine y los que trabajan con Relentless for Progress”.
Joseph Centorino, director ejecutivo de la Comisión de Ética, reconoció que CU da ciertas “protecciones” a unos comités de acción política. “La pregunta es legal, si Citizen United aplica a este tipo de PAC con este tipo de ordenanza [la de Miami Beach]. Para Centorino la investigación sobre el polémico PAC Relentless for Progress buscará “determinar exactamente lo que se ha hecho, quién ha hecho qué, quién está solicitando dichas contribuciones y bajo qué circunstancias se han hecho. Y analizar si todo eso se ha hecho de acuerdo con la ordenanza local y si la aplicación de dicha ordenanza está en consonancia con leyes federales y constitucionales”.
Lo que dice Jonah Wolfson
Según el comisionado, la ley de Miami Beach no aplica para una contribución de un comité de acción política. “El comité es un ente independiente. No hemos apoyado a ningún candidato, no estamos diciendo que no lo vayamos a hacer”, indicó.
De acuerdo con Wolfson, la ordenanza que se refiere a contribuciones indirectas no está siendo “activada” por el PAC del cual es presidente y que está diseñado para apoyar candidatos.
“No hay manera que el gobierno local pueda mandar con una ordenanza sobre un PAC porque sería una total restricción a la libertad de expresión”, expresó el comisionado, quien añadió que “nosotros le hemos dado dinero a funcionarios fuera de Miami Beach”.
Con respecto a la críticas sobre las donaciones que han hecho contratistas que trabajan con Miami Beach (todas ellas aparecen con sus montos respectivos en el sitio web de la división de elecciones de la Florida) Wolfson indicó que “en este país la gente que dona son personas con intereses particulares. No estamos haciendo nada distinto de lo que hace la gente a través de toda la nación. Si no les gusta, critiquen el sistema, pero no me ataquen a mí”.
Wolfson puntualizó que si “la ciudad de Miami Beach restringe las contribuciones a comités como Relentless for progress, un juez podría decir que estaría en total violación de Citizen United.
Comisión de Ética investiga
El Director Ejecutivo de la Comisión de Ética del Condado Miami-Dade, Joseph Centorino, reconoció que están investigando con cuidado el supuesto conflicto ético que hay en la ciudad de Miami Beach
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“Estamos viendo toda la situación”, anotó. “Esto podría resultar –no sé si vaya a pasar- en una opinión sobre la ordenanza de Miami Beach, sobre la que algunas personas tienen cuestionamientos, ya sea si el uso de estos PACs, que ayudan a otras campañas, es apropiado con la ordenanza, la cual restringe contribuciones por parte de contratistas de la ciudad”, señaló Centorino.
También indicó que al ser la de Miami Beach una ordenanza ética, o sobre financiación de campañas, la comisión de ética tiene jurisdicción para interpretar esa situación. Señaló como precedente la interpretación que dio el abogado de la ciudad de Miami Beach sobre el PAC de Jonah Wolfson.
“Vamos a tratar de determinar de la mejor manera posible los hechos y la información que tengamos sobre la operación, y entonces decidiéremos si vamos a tomar más acciones.”, advirtió Centorino, quien aclaró que la situación de La Playa es “inusual porque tiene esa ordenanza que restringe contribuciones de los contratistas”.
