miércoles 20  de  marzo 2024
ACUERDO HISTÓRICO

Cuba devolvería a fugitivos de la justicia estadounidense

Tras la decisión de EEUU de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, La Habana manifestó la disposición de negociar con Washington sobre esos casos

Cada nación tiene derechos soberanos y legítimos para conceder asilo político a las personas que considere que han sido perseguidas”, afirmó en diciembre pasado Josefina Vidal, quien encabeza las conversaciones entre Washington y La Habana con vista al restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países.

Sin embargo, apenas transcurridos cuatro meses de la afirmación hecha por la funcionaria cubana, el miércoles trascendió que EEUU y Cuba incluirán en la agenda de sus conversaciones bilaterales la situación de dos de los fugitivos más buscados por la justicia estadounidense, lo cual se infiere, comenzó a ser viable a partir de que la Casa Blanca anunció el martes que Cuba  va a ser retirada de la lista de países que patrocinan el terrorismo.

Entre las personas más buscadas por EEUU, y que por años ha permanecido en condición de refugiada en Cuba se encuentra Joanne Chesimard, que escapó de la prisión mientras cumplía sentencia por el asesinato de un policía en Nueva Jersey en 1973.

Chesimard hace años había cambiado su identidad en Cuba, donde se le conoce como Assata Shakur, a pesar de estar en la lista de los terroristas más buscados por el FBI.

El otro fugitivo es el nacionalista de origen puertorriqueño William Morales, al que se le vincula con unos atentados ocurridos en Nueva York en 1970.

"Cuba ha acordado entablar un diálogo con Estados Unidos sobre la aplicación de la ley, que incluirá discusiones con el objetivo de resolver los casos de fugitivos pendientes", escribió Obama al Congreso en la defensa de su decisión de quitar a la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo en la cual fue incluida desde 1982.

Pero para Diego Moya-Ocampos, analista  de riesgo político y económico para las Américas, de la compañía IHS, asentada en Londres, es importante hacer la salvedad de que independientemente de que Cuba sea retirada de esa lista, e igualmente se den otros pasos para la normalización de relaciones, “ninguna de estas medidas  ha sido condicionada a la democratización de la sociedad cubana, ni el respeto a los derechos de los ciudadanos de ese país”.

Cada paso que se dé en el diálogo EEUU-Cuba “trasciende como noticia porque la isla se convierte en una posibilidad de inversión”, aclaró el especialista. “Pero cualquier inversionista decidido a negociar con Cuba sin que nada haya cambiado allí, debe saber que el problema más grave en ese país es que el régimen rehúsa el restablecimiento del Estado de derecho, por lo cual continúa siendo una jurisdicción hostil”.

Moya-Ocampos recordó que en Cuba impera un sistema sin garantías, donde no hay posibilidad de arbitraje con el Gobierno, en caso de cualquier reclamación.

“Además de que tampoco las personas de negocios deben obviar el riesgo a la reputación que constituye hacer negociaciones con un régimen que pudiera llegar ser juzgado por la violación de los derechos de sus ciudadanos”, añadió.

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El especialista aseguró que independientemente de los esfuerzos de la Casa Blanca para normalizar relaciones con La Habana, más allá del comercio permitido dentro de la Ley del embargo, “no habrá espacio para nada más que los sectores considerados como humanitarios, es decir, alimentos, turismo [porque puede constituir una fuente de ingresos a la población], las remesas y algunos servicios financieros, que califiquen en el contexto de los temas humanitarios”.

Moya-Ocampos  está convencido de que la ley de embargo contra el Gobierno cubano existirá “por lo menos hasta el año 2018, cuando se espera que Raúl Castro entregue el poder, concluya la era de los hermanos Castro y se inicie entonces un verdadero proceso de transición en Cuba”.

En la comunicación enviada por el presidente Obama para sugerir la salida de Cuba de la clasificación de estados terroristas, el Presidente reconoció que el régimen ha dado alojamiento y cuidado médico a prófugos de la justicia, pero advirtió que “La Habana devolvió fugitivos a EEUU en 2011 y 2013”.

 

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