SAN SALVADOR.- JOSUÉ BRAVO
Especial
El expresidente de El Salvador Francisco Flores (1999-2004) está a las puertas de sumirse en la oscuridad o encontrar la luz.
A pocas semanas de vencerse el periodo de instrucción, es decir, el tiempo que tiene la fiscalía para presentar pruebas en su contra, el exmandatario podría salir librado de un juicio por peculado, enriquecimiento ilícito y de corrupción; o de lo contrario, exponerse a una condena de 15 años de cárcel si finalmente es procesado por lavado de dinero.
Flores fue acusado por la fiscalía salvadoreña el 30 de abril de 2014 de malversar 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su Gobierno. Los fondos estaban destinados a proyectos de reconstrucción después de que dos terremotos asolaran a la nación centroamericana en 2001.
El próximo 6 de mayo se vence el período de instrucción y la Fiscalía salvadoreña aún no ha presentado documentos físicos, testimonio o entrevistas de personas que fueron parte de la investigación.
Esto hace suponer el escenario de libertad para el exmandatario, actualmente bajo el beneficio de “casa por cárcel”, sobre todo si la justicia asume los señalamientos del juez, Miguel Ángel García Argüello, de errores fiscales en el proceso que ha dividido a la opinión pública salvadoreña.
Entre los principales señalamientos del juez están correcciones con líquido blanco, lapicero o tinta flourescente en algunos folios, que a su vez están rotos y estrujados; falta de algunos cheques que la fiscalía dijo tener en su poder como parte de las pruebas y documentación sobre bienes embargados.
La absolución del expresidente, que podría sonar descabellada para la izquierda salvadoreña, no está del todo descartada tomando en cuenta la cercanía del fiscal general, Luis Martínez, con Flores.
Los abogados querellantes del proceso ya han pedido a la Asamblea Legislativa que Martínez sea retirado de la "dirección de la investigación penal" por "conflicto de intereses" por su relación de “confianza” con Flores, dado que la esposa del expresidente, Lourdes de Flores, es socia empresarial del fiscal general.
"Estamos pidiendo que se separe al fiscal debido al arraigo que ha tenido en el pasado con el presidente Flores y porque también ha figurado como accionista de una empresa de la cual la esposa [de Flores] es accionista mayoritaria", detallaron la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Los querellantes solicitaron que la dirección de la investigación sea asumida por la fiscal adjunta, Paula Patricia Velásquez, y que se nombre un nuevo equipo de fiscales auxiliares para el citado caso.
Aparte de estas dudas, el mismo juez dispuso de oficio acusar a Flores de delito de lavado de dinero, algo que el fiscal general y el anterior juez de la causa, Italmir Orellana, se abstuvieron de hacer.
El juez García sugirió cambiar la acusación de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y de corrupción por el de lavado, al asegurar que las evidencias del desvío del millonario donativo de Taiwán encajan en este último delito. La posibilidad del cambio sería en la audiencia judicial programada para el 6 de mayo.
El rastreo de dinero que la fiscalía ha hecho que una parte de los fondos se extendió hasta una cuenta del banco Citi de Costa Rica y alcanzó depósitos en bancos salvadoreños, ambos controlados por miembros de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el partido que llevó al poder a Flores.
Antes de esta decisión varias organizaciones civiles, así como los querellantes particulares, insistieron a la fiscalía el cambio de delito en la acusación y el 5 de febrero de 2014, el Ministerio Público utilizó la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos para pedir la inmovilización de 22 cuentas bancarias ligadas a Flores, bajo el argumento “por la comisión del delito calificado provisionalmente como lavado de dinero y activos”.
“Es una recomendación. Todos los jueces tienen facultades para que se desarrolle una audiencia con el aporte probatorio que se haga, si ellos consideran que el delito tiene una calificación diferente. Las calificaciones al delito las dan los jueces”, comentó Édgar Morales Joya, abogado defensor del exmandatario.
“El juez es el que hace las calificaciones jurídicas, pero la fiscalía se puede mantener en su criterio. La fiscalía no le obedece al juez las calificaciones, hasta que el juez definitivamente las emite en la correspondiente audiencia”, añadió.
Bertha Deleón, abogada querellante, indicó que Flores podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión si se comprueba que cometió el delito de lavado de dinero. Sería la primera vez en la historia salvadoreña que un exmandatario es enviado a cárcel por graves delitos de corrupción.
Además del dinero desviado a Costa Rica, la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceras personas y los depósitos de cheques emitidos por Taiwán en bancos internacionales sugieren el involucramiento del expresidente en el delito de lavado de dinero y activos, explicó el juez.
De momento la justicia procesa a Flores de peculado porque supuestamente desvió 10 millones de dólares de un donativo de Taiwán para financiar la campaña del expresidente Elías Antonio Saca; de enriquecimiento ilícito, porque se desconoce el paradero de otros cinco millones de dólares y de desobediencia por no presentarse a declarar ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigaba el caso.
