En la cesta de la basura y sentados en el banquillo de los acusados. Así deberían terminar la condena a casi 14 años de prisión impuesta al dirigente opositor Leopoldo López y varios de los funcionarios que permitieron que la misma se produjera. La aseveración corresponde a dos juristas y es consecuencia de la confesión que la semana pasada hiciera el abogado Franklin Nieves, uno de los tres fiscales que procesó al líder opositor; y quien admitió que el juicio al político y a cuatro estudiantes estuvo sustentado en pruebas “falsas”.
El exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez; y el exmagistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, Jesús Ollarves, consideran que lo dicho por el ahora destituido Fiscal 41 Nacional, vuelve a poner de manifiesto “la gravedad de la situación de la justicia penal” y como se ha convertido en un arma del Gobierno para “perseguir a la disidencia”.
“Las declaraciones de Nieves corroboran la inocencia de Leopoldo López y comprueban que el juicio que se le siguió no fue tal, sino que fue un proceso plagado de vicios contra el debido proceso y precisamente por esto, por la falta de transparencia, imparcialidad, autonomía e indoneidad, - que el artículo 26 de la Constitución establece deben caracterizar a todos los juicios - esta condena debería anularse”, afirmó Ollarves.
En la misma línea se pronunció Arteaga Sánchez, quien apuntó: “La Corte Apelaciones de Caracas debería tomar en consideración estas declaraciones a la hora de analizar el recurso que la defensa de López interpuso días atrás contra la condena que le fue impuesta”.
No obstante, precisó: “Pero si no lo hiciera, tampoco haría falta, porque basta con leer la sentencia para que cualquier lego llegue a la conclusión de que López fue condenado sin elementos, sin motivación. Sin ningún tipo de pruebas se le condenó por asociación para delinquir, pues no se acreditó que en realidad se hubiera asociado con alguien para cometer delitos y se le condenó por instigar a un incendio que no ocurrió. Esta sentencia habla por sí misma y evidencia que la justicia penal venezolana no funciona más que para perseguir a los disidentes”.
Aunque el lunes, al referirse por primera vez a las denuncias de Nieves, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseveró que los señalamientos de su exsubalterno no tendrán ningún efecto en el proceso contra López, por cuanto “las pruebas están allí (…) se pueden conseguir en las redes sociales, no se construyó nada”, en predios judiciales no todos comparten esa opinión.
“Lo lógico es que se anule la condena porque está basada en pruebas ilícitas y eso es delito, pero claro eso debería producirse solamente después de una investigación que verifique lo dicho por el exfiscal Nieves”, señaló una jueza penal, quien agregó: “Como la Fiscal General y otros directivos del Ministerio Público fueron señalados de estar detrás de la fabricación del caso, habría que solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que designe a un Fiscal ad hoc para que investigue esos señalamientos, eso sería lo correcto”.
Denunciante incriminado
Aunque le dio la razón a Ortega Díaz cuando criticó a Nieves, porque durante “el año y ocho meses” que estuvo al frente del caso López “nunca denunció ninguna irregularidad” hasta ahora, Arteaga Sánchez criticó que la funcionaria no haya anunciado el inicio de una investigación.
“Se trata de una confesión grave la que hace el Fiscal, pues está reconociendo que él mismo ha cometido delitos como la prevaricación y eso debería ser investigado por el Ministerio Público, pero no lo van a hacer, porque el Ministerio Público está comprometido con los intereses de la revolución”, dijo.
El fiscal Franklin Nieve desde el exilo (CAPTURA VIDEO)
Ollarves agregó otro elemento: “Por encima la declaración de Nieves indica que estamos en la presencia de una flagrante violación al debido proceso, el cual es reconocido por los tratados internacionales como un derecho humano y la Constitución es clara cuando señala que en caso de crímenes contra los derechos humanos el cumplimiento de órdenes superiores no es excusa”.
Además del delito de prevaricación, el exmagistrado cree que el exfuncionario podría estar inmiscuido también en el de forjamiento de documentos públicos y manipulación de la justicia, este último castigado con hasta cuatro años de cárcel por la Ley contra la Corrupción.
Por último, Ollarves aseveró que este escándalo pone de relieve la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran jueces y fiscales, debido a que el 66% de los primeros y más del 90% de los segundos son provisorios, es decir de libre nombramiento y remoción. Esto “los hace blanco fáciles de las presiones políticas”.
También huyeron de Venezuela
Franklin Nieves Capace no es el primer fiscal venezolano que escapa a Estados Unidos para solicitar protección a las autoridades de ese país, a cambio de información. En 2008 el exfiscal Hernando Contreras, uno de quienes integró el equipo que investigaba el asesinato de Danilo Anderson ocurrido cuatro años antes, hizo lo mismo y desde allí denunció que las investigaciones fueron manipuladas por órdenes del entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, para involucrar en el crimen a personas que nada tenían que ver con el hecho.
Los señalamientos de Contreras forzaron al Ministerio Público a imputar a Rodríguez, actual embajador en Italia; y a destituir a buena parte de los fiscales que llevaron el caso, pero más allá de eso nada ocurrió.
A principios de 2012 el destituido magistrado de la Sala Penal del TSJ, Eladio Aponte Aponte, siguió los pasos de Contreras y previa escala en Costa Rica admitió, en un video, que por instrucciones de Miraflores presionó para que se condenara a los comisarios y policías metropolitanos acusados por los sucesos del 11 de abril de 2002, aunque no había pruebas; y eso se logró gracias a que la justicia en Venezuela es “una plastilina”.
La falta de pruebas que permitieran sustentar sus dichos hizo que el testimonio de Aponte, quien de paso es sospechoso de tener nexos con el narcotraficante Walid Makled, no valiera mucho para las autoridades estadounidenses, las cuales le colocaron un rastreador y congelaron sus bienes, aseguran fuentes del TSJ.
A principios de 2013 el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, también desembarcó en EEUU, aunque en un principio dijo que era para estudiar. No obstante, su sucesor, Tareck El Aissami, lo acusó de prestarse para “fabricar” casos contra líderes del chavismo. Lo mismo dijeron del capitán Leasmy Salázar, exescolta del fallecido presidente Hugo Chávez y del presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, quien llegó a principios de este año.
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