MADRID.- Guatemala está "a punto de aniquilar" los esfuerzos realizados durante la última década para fortalecer el sistema de justicia debido a la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a las "regresivas" leyes impulsadas desde el Congreso, según ha advertido Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este martes.

En el informe "Última oportunidad de Justicia", la ONG lanza una "alerta roja" por los "graves retrocesos y riesgos inminentes para los Derechos Humanos en Guatemala a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno de Jimmy Morales, el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras (...) y el Congreso de la República".

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La principal amenaza es la inminente salida de Guatemala de la CICIG, organismo creado en 2007 en colaboración con Naciones Unidas para combatir la infiltración de las organizaciones criminales en las instituciones, que ha destapado importantes casos de corrupción sobre el expresidente Otto Pérez Molina y el actual mandatario.

"Desde agosto de 2017, el Gobierno del presidente Jimmy Morales ha buscado obstaculizar el trabajo de la CICIG" y en agosto de 2018 anunció directamente que no prorrogará su mandato, que en consecuencia expirará el próximo 3 de septiembre, ha indicado Amnistía Internacional.

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"Frente a esta situación", ha denunciado la ONG, la fiscal general "no parece haber tomado medidas suficientemente claras y oportunas para garantizar la continuidad del trabajo de las fiscalías que colaboran con la CICIG, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), haciendo peligrar las investigaciones abiertas en más de 70 casos conjuntos".

El informe de AI "muestra la necesidad de seguir el proceso de fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público iniciado con la CICIG", debido a "la incapacidad del Estado para garantizar la independencia de los fiscales y jueces que conocen de este tipo de casos, que se enfrentan a intimidaciones, estigmatización y demandas penales o disciplinarias infundadas".

AI ha recordado que, en paralelo a la CICIG, "a partir de 2009 los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias históricas contra ex militares y miembros de la Policía y del Ejército -incluyendo sus altos mandos- algo que no había ocurrido nunca".

El Congreso tramita una reforma de la Ley de Reconciliación Nacional, que ha servido de fundamento jurídico para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1960-1996), que promulgaría una amnistía para todos los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas con motivo del conflicto armado.

Sin embargo, "el Congreso de la República ha impulsado propuestas legislativas regresivas que garantizarían la impunidad de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto armado y de ciertos actos de corrupción y limitarían el derecho de asociación y la defensa de los Derechos Humanos".

Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre "el deterioro de la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de la libertad de expresión en Guatemala" porque "la salida de la CICIG y el debilitamiento de las instituciones de Justicia y de Derechos Humanos favorecen que las estructuras criminales puedan continuar violando la ley en toda impunidad".

De vuelta al punto de partida

"El acceso a la justicia está recibiendo fuertes golpes de los que Guatemala no podrá recuperarse si no se toman medidas ahora. Es necesario detener inmediatamente las acciones impulsadas por las más altas autoridades", ha dicho la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas.

En concreto, ha urgido a Porras a "dejar las palabras y pasar a la acción para brindar las condiciones (...) que permitan a los fiscales continuar las investigaciones abiertas para que se haga Justicia en Guatemala". "La fiscal general no puede frenar el impulso que ha vuelto a dar esperanza a miles de personas en el país. Tiene la gran responsabilidad y obligación de evitar que los casos de violaciones de Derechos Humanos y de corrupción no queden en la impunidad", ha subrayado.

A las autoridades guatemaltecas en general, las ONG les ha instado a "poner fin al uso indebido de procesos penales para hostigar a las y los fiscales, jueces y personas defensoras de los Derechos Humanos, de forma que exista un ambiente propicio para el funcionamiento de la Justicia y la defensa de los Derechos Humanos".

"En los últimos diez años, Guatemala avanzó en la consolidación de la Justicia hasta llegar a ser un ejemplo en la región. Sin embargo, estos retrocesos nos están devolviendo al punto de partida", ha lamentado un abogado entrevistado por Amnistía Internacional.

FUENTE: Con información de Europa Press

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