BUENOS AIRES.- El parlamento de Argentina volverá a debatir un proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una presión ejercida por la campaña de "pañuelos verdes" y en cumplimiento de una promesa del presidente Alberto Fernández.

En un país de mayoría católica y natal del papa Francisco, la primera iniciativa histórica de legalización del aborto se discutió en el Congreso en 2018, aprobada por los Diputados pero rechazada por el Senado.

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En un video difundido el martes en su cuenta de Twitter, Fernández anunció el envío del texto al Congreso y precisó que el objetivo es garantizar "que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral".

Alberto Fernández dijo que también se girará una iniciativa complementaria para un "Seguro de los 1.000 días", con el objeto de fortalecer la atención integral durante el embarazo y de los hijos e hijas en los primeros años de vida".

La noticia produjo escenas de alborozo y festejos en una manifestación de miles de activistas progubernamentales al gobierno de Fernández, que rodean al Congreso en apoyo al debate para aprobar un impuesto extraordinario a las 9.300 grandes fortunas del país para subsidiar el sistema de salud, entre otros propósitos, en medio de la pandemia de COVID-19 que ha causado más de 35.000 muertos y más de 1,3 millones de infectados.

En Argentina el aborto sólo está permitido en caso de violación o peligro para la vida de la mujer, legislación que rige desde la década de 1920.

Según Fernández, el envío de la iniciativa significa "cumplir con un compromiso" de la campaña electoral.

Apoyo de Amnistía Internacional

Entre las primeras reacciones estuvo la de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien en un comunicado señaló: "El activismo y la lucha inclaudicable del movimiento de mujeres ha logrado este avance histórico: hoy el aborto es un tema central e impostergable de la agenda política".

Estimaciones serias calculan que habría entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año en Argentina, dijo en una reciente entrevista la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Bajo el lema "Es urgente. Aborto legal 2020", la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acababa de llamar a "saturar las redes, intervenir en las calles, mostrar nuestros pañuelos en todas partes, pintar de verde (color identitario) la Argentina las próximas semanas con intervenciones artísticas de impacto".

"La criminalización del aborto de nada ha servido. Cifras preocupantes muestran que cada año se hospitalizan unas 38.000 mujeres por abortos mal practicados y desde el regreso de la democracia (1983) murieron mas de 3.000", argumentó Fernández en favor de la ILE.

Se espera que ambas leyes sean tratadas en sesiones extraordinarias después del 30 de noviembre. Fernández se había comprometido nuevamente a enviar la ley al iniciar el período legislativo el 1 de marzo, pero la pandemia obstaculizó durante meses la regularidad de las sesiones que al final comenzaron en forma remota.

Ibarra había anticipado que el plan de los 1.000 días "es un acompañamiento de la maternidad y a los primeros tres años de vida de los niños en situación de vulnerabilidad, para evitar causales económicas en la decisión de abortar".

"No queremos que ninguna mujer piense en aborto por su imposibilidad de atender económicamente al bebé que tiene deseo de tener", dijo la funcionaria, una de las principales impulsoras del proyecto en el gobierno.

"Pañuelos celestes", en contra

En 2018 el debate desató dos mareas multitudinarias de activistas en las calles, una "verde" a favor y otra identificada como "celeste" en contra.

Fueron las iglesias católica y evangélicas las que comandaron los rechazos, en tanto que el Congreso también se dividió al margen de las pertenencias a partidos de gobierno o de oposición.

"La situación general de la salud pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características", sostuvo recientemente la Conferencia Episcopal católica.

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, de su lado, advirtió que un debate legislativo "provocará manifestaciones" de defensores y detractores. "No es el tiempo de discutir el aborto, estamos en medio de una pandemia", señaló la Alianza.

FUENTE: AFP

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