LA PAZ.-dpa
Se estima que en la zona de San Marías, de 15.000 habitantes, han habido 13 asesinatos en el último año vinculados con el tráfico de drogas
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El gobierno boliviano decidió enviar 200 efectivos militares al poblado de San Matías, en la frontera con Brasil, para apoyar a la Policía en operaciones orientadas a frenar el clima de inseguridad que provocó una ola de crímenes ligados al narcotráfico.
"Estos militares estarán subordinados a la Policía que es la que tiene competencia, nosotros intervenimos como refuerzo al ser zona fronteriza y una zona muy peligrosa, especialmente por el contrabando", informó hoy el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira.
San Matías tiene cerca de 15.000 habitantes, de acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y está próxima a la ciudad de Cáceres del estado Brasileño de Mato Groso. En esta población se han registrado seis asesinatos vinculados al tráfico de drogas en el curso de los últimos tres meses y 10 durante el año, según datos de la Policía.
Entre las víctimas se hallan ciudadanos bolivianos y brasileños, presuntamente involucrados en el negocio del tráfico de cocaína.
El lunes, un grupo de 300 habitantes de esta localidad boliviana salió a las calles a protestar por la inseguridad, pero especialmente para repudiar el asesinato de una agente del Servicio de Migración de Bolivia que se produjo el 24 de diciembre.
El ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista con la estatal Radio Patria Nueva, afirmó que este crimen pudo estar vinculado con una represalia de los narcotraficantes, después de que la Policía intensificara acciones contra el narcotráfico.
Ferreira señaló que por esa zona también hay registros de otros delitos como el contrabando de vehículos, trata de personas y tráfico ilegal de madera. Precisó que la cooperación militar con la policía boliviana será temporal.
El último asesinato, fue el ocurrido el 26 de diciembre, cuando un sujeto descargó siete tiros sobre la inspectora de Migración, Patricia Román. Se desconoce si la funcionaria tenía vinculación o no se prestó a hacer favores a los carteles de la droga. Su asesinato está siendo investigado.
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