Más tarde, el empresario y consultor Julio Martínez Martínez, que fue contratado por Zapatero, envía una misiva similar al juez y luego declara que el exmandatario lideró las gestiones del proceso y que pactó el 1% de comisión por la ayuda pública, pero dijo que desconoce las gestiones que el expresidente realizaba ni con quien hablaba, lo que, por el momento, no señala directamente a ningún miembro de la administración de Pedro Sánchez.
Aquí lo más relevante es que los testigos han dado el primer paso para cargar toda la responsabilidad de la actividad sobre Rodríguez Zapatero.
Según exponen medios de prensa en España, la declaración de Martínez Martínez indica que Zapatero participó primero en las gestiones para tratar de obtener financiación bancaria y después en lograr la ayuda pública. Además de los honorarios mensuales de 5.000 euros pactados, ambas partes acordaron una comisión de 1% de los 53 millones de euros del auxilio público concedido, lo que equivale a más de medio millón cada uno.
De hecho, según afirma el testigo, se abonaron 530.000 euros a través de tres sociedades para evitar realizar el pago directamente a Zapatero, y 69.000 euros se pagaron en billetes de avión en primera clase.
De esta manera, los tres empresarios cambian de táctica y toman la iniciativa de cooperar con el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, aunque aseguran que no tuvieron “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo [por el expresidente del Gobierno] para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales]” y por las que presuntamente cobraron una comisión ilegal superior al medio millón de euros.
Ambas declaraciones, muy parecidas, confirman buena parte del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que sirvieron al juez Calama para imputar a Rodríguez Zapatero en la causa por liderar “una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias”.
La prensa española recoge que el presidente de Plus Ultra expone que el primer contacto que tuvo él con el expresidente Zapatero fue a través del empresario venezolano Manuel Fajardo, considerado el hombre de Zapatero en este país sudamericano. Según la declaración, Fajardo le dijo que “el expresidente del Gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero podría ayudarle” para obtener financiación para salvar de la crisis a la aerolínea.
Al día siguiente, 30 de abril de 2020, recibió una llamada desde un número oculto. Era Zapatero. En esta conversación, de unos 10 minutos, Martínez Sola le explicó la difícil situación financiera que atravesaba su compañía y la necesidad de acceder a fondos de ayuda pública.
Meses después, Martínez Sola fue informado de que Plus Ultra recibiría la ayuda que más tarde fue aprobada por el Consejo de ministros liderado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Martínez Sola y Roselli añaden que los pagos no se limitaron por las gestiones para conseguir el rescate de Plus Ultra, sino que este también “desarrolló intensas labores” para la aerolínea en Venezuela. Entre ellas destaca la “obtención de permisos para vuelos humanitarios” o la ayuda en “la venta de material de aviación de aviones retirados de la flota”. Pero sobre todo destaca “la exitosa gestión de la deuda por combustible con PDVSA [la petrolera estatal venezolana] que llegó a estar en casi 8 millones de dólares y que se logró aplazar a cinco años y sin intereses”, lo que le supuso a la compañía un ahorro de más de dos millones de dólares.
Más pruebas
Horas después de darse a conocer las cartas, el empresario Julio Martínez Martínez reafirmó en la Audiencia Nacional que fue el expresidente Zapatero quien le anticipó que el Gobierno iba a conceder el rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Al ser preguntado otra vez sobre qué personas habría influido el expresidente del Gobierno en favor de la aerolínea, el testigo imputado señaló que lo desconocía. No obstante, confirmó que cobró una comisión del 1% por haber logrado obtener la millonaria ayuda estatal y que fue Zapatero quién fijó que los pagos de la mordida se canalizasen a través de la empresa Análisis Relevante.
En resumen, el juez acusa a Zapatero de liderar una estructura delictiva dedicada al tráfico de influencias en España y en el extranjero, a través de vinculaciones en Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos.
Mientras tanto, aún penden las explicaciones de Zapatero sobre el origen de las joyas que le encontraron en su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, que provocaron la apertura de una línea de investigación adicional y que le imputó delitos de contrabando y contra la Hacienda pública. En su comparecencia ante el juez del pasado 17 de junio, Zapatero no dio explicaciones sobre las alhajas y se remitió a un escrito de su defensa donde pedía más tiempo antes de contestar a las preguntas sobre su procedencia.
Gobierno
Entretanto, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró, durante una rueda de prensa que recoge la agencia Europa Press, que Pedro Sánchez y sus ministros “mantienen su confianza en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es inocente”.
La portavoz evitó valorar las "distintas versiones y estrategias de defensa" de Julio Martínez y otros imputados en el 'caso Plus Ultra'.
"Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia", sostuvo Saiz ante las preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros sobre la confesión de Julio Martínez de que el expresidente "marcaba los pasos a seguir" en el rescate de 53 millones de la aerolínea Plus Ultra.
La ministra portavoz aseguró que no iba "a calificar distintas versiones y estrategias de defensa" en una causa que se instruye en la Audiencia Nacional y que, subrayó, está en una "fase inicial".
"Total colaboración con la justicia, seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero", insistió.
Además, Elma Saiz reiteró que el rescate de Plus Ultra fue "avalado" por los servicios técnicos de la SEPI, así como también fue luego "revisado" por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, además de "analizado" por la Comisión Europea y "fiscalizado" por el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"La actuación del Gobierno España en ese expediente fue la correcta; no hay ninguna duda", enfatizó la ministra portavoz.
Oposición
Por otra parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, acusó a Zapatero y al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar "semanas mintiendo a todos los españoles" en relación con el rescate de Plus Ultra. Así, ha recalcado que las "confesiones" de Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, y de la cúpula de la aerolínea "señalan a la Moncloa", la casa del Gobierno.
Muñoz afirmó que Sánchez y Zapatero "son lo mismo", "han trabajado siempre en el mismo equipo" y "todo lo que han hecho lo han hecho juntos". "Es que el rescate no se podría haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero", exclamó, para indicar que el expresidente llamaría a "algún ministro" o al propio Pedro Sánchez. "Por lo tanto las confesiones no sólo apuntan a Zapatero, es que señalan a la Moncloa", manifestó.
