jueves 1  de  diciembre 2022
Derechos humanos

Cuba: el juego con maña del nuevo código de Familia

Para la jurista Gisselle Cruz es importante analizar por qué según esta normativa, se privaría a un padre de la patria potestad sobre un hijo; la conducta típica delictiva queda sujeta a interpretaciones

Por DARCY BORRERO BATISTA 2 de octubre de 2022 - 12:01

MIAMI.-En su conjunto, el nuevo código de las familias en Cuba, recientemente aprobado mediante referendo, es una norma jurídica que se presenta como respaldo legal de avanzada para restaurar derechos a grupos poblacionales que la propia “Revolución” ha discriminado por años.

Asimismo, pretende mostrar que protege a niñas y niños del matrimonio infantil y de la irresponsabilidad parental, e introduce la posibilidad de “gestación solidaria” (si no conlleva lucro) para toda clase de parejas. Estas podrían ser razones para que los cubanos y cubanas expresaran un Sí rotundo al código.

Sin embargo, si el Sí al Código implica, como dijera Díaz-Canel, un Sí “por la Revolución y por el socialismo” en Cuba, entonces se sobreentiende por qué miles de cubanos defendieron durante meses de debate el No, si bien esta postura abarca causas múltiples, entre ellas la de denominaciones religiosas que no aprueban el matrimonio igualitario.

Solo que, limitar el No al llamado “fundamentalismo religioso” tiende a invisibilizar el No político, el No de la oposición a cuanto provenga del régimen que instrumentaliza a quienes antes desechó y envió, por ejemplo, a campos de trabajo forzado descritos eufemísticamente como Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).

Es, también, el No a un régimen que aprobó, sin recurrir a referendo y con vía expedita, un Código Penal que eleva el número de delitos sancionables con pena de muerte y cadena perpetua respecto de su predecesor, a la vez que incorpora la figura delictiva Otros actos contra la Seguridad del Estado [artículo 143, el cual establece penas entre cuatro y diez años de cárcel para quienes en Cuba reciban financiamiento independiente.

Es, en definitiva, un No a toda transacción cívica con el opresor que, con una mano, garantiza en letra derechos y libertades imprescindibles; pero con la otra, reprime a quien se atreva a disentir y a expresarlo.

Responsabilidad parental

Una de las alertas que ha levantado este Código de las Familias desde que era solo anteproyecto es en torno a la responsabilidad parental. Como marco referencial, la legislación argentina explica que la responsabilidad parental, antes llamada patria potestad, es el conjunto de deberes y derechos de los progenitores sobre sus hijos e hijas menores de edad.

Con la nueva norma cubana, la responsabilidad parental, que es mencionada unas 149 veces a lo largo del texto, según el artículo 136 [Título 4, capítulo 1 De la responsabilidad parental], se define como el conjunto de facultades, deberes y derechos que corresponden a las madres y a los padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de sus hijas e hijos menores de edad, que inciden sobre su ámbito personal y patrimonial y que son ejercitados siempre en beneficio del interés superior de estos y de acuerdo con su capacidad, autonomía progresiva, el libre desarrollo de su personalidad y su grado de madurez”.

Entre los incisos recogidos en ese apartado, llaman la atención algunos que emplazan a los padres a “colaborar con las autoridades”, en tanto es su deber: i) protegerles (a los hijos), velar por su buena conducta y cooperar con las autoridades correspondientes para superar cualquier situación o medio adverso que influya o pueda influir desfavorablemente en su formación y desarrollo; j) atender a su educación y formación integrales; inculcarles el amor al estudio, a la escuela, el respeto a sus maestras y maestros, y asegurar su asistencia al centro educacional donde estuvieran matriculados; k) velar por su adecuada superación técnica, científica y cultural de acuerdo con sus aptitudes y vocación, así como colaborar con las autoridades educacionales en los planes y actividades escolares; ñ) dirigir su formación para la vida social; inculcarles el amor a la familia, a la patria, el respeto a sus símbolos, al trabajo y la debida estimación de sus valores, a la dignidad, la honradez, la honestidad, la solidaridad humana y las normas de la convivencia social, y el respeto a las autoridades, a los bienes patrimoniales de la sociedad, a los bienes y derechos personales de los demás y a una cultura comprometida con la protección del medioambiente”.

En Cuba, previamente, en el Código de 1975 (Art. 93) había cuatro razones para extinguir la “patria potestad”: 1) por la muerte de los padres o del hijo; 2) por arribar el hijo a la mayoría de edad; 3) por el matrimonio del hijo que no ha alcanzado la mayoría de edad; 4) por la adopción del hijo.

Respecto de la legislación de 1975, el código actual [Artículo 189, Capítulo V De La Extinción, Suspensión, Privación Y Exclusión De La Responsabilidad Parental], supone un avance al eliminar una de las razones por las que se extinguía la responsabilidad parental (el matrimonio infantil).

Mantiene a) La muerte o declaración judicial de presunción de muerte de la madre o el padre, o de la hija o el hijo; b) arribar la hija o el hijo a la mayoría de edad; o c) la adopción de la hija o el hijo, excepto en los casos que sea por la modalidad de integración en que no se extinguen los vínculos jurídicos parentales y de parentesco entre el adoptado y su madre o padre y su familia de origen.

No obstante, este código, además de la extinción, prevé formas restrictivas como la suspensión, privación y exclusión de la responsabilidad parental. La privación podría darse en casos en que los padres “induzcan a la hija o el hijo a ejecutar algún acto delictivo” u observen una conducta viciosa, corruptora o delictiva que resulte incompatible con el debido ejercicio de la responsabilidad parental”.

Amenaza para padres opositores

Hay que tomar en cuenta que, en Cuba, un país con más de 700 presos políticos no es difícil cometer un “delito” de los que en otros entornos se consideran vagos o ni siquiera delitos, como “instigación a delinquir”. El actual Código Penal introdujo incluso una variante del delito de desobediencia que penalizará «acciones asociadas a la práctica de vicios socialmente reprobables».

Para la jurista Gisselle Cruz Morfi, de la organización Cubalex, es importante “analizar las causas de privación de la responsabilidad parental (lo cual sucede cuando se incurre en conductas graves) vinculado al proyecto de Código Penal, el cual regula delitos donde la conducta típica delictiva que se describe es tan amplia que queda también sujeto a la interpretación discrecional. Si el menor incurre en dicha conducta pudiera privarse al padre o madre de la responsabilidad parental, por considerarse que no educó bien a su hijo en el respeto a la patria y a la autoridad, o viceversa”.

Morfi explicó a Cubanet que “si es el padre quien incurre en los supuestos delitos, puede entenderse que educa mal a su hijo, principalmente en lo referido a los delitos contra la Seguridad del Estado” y alertó que, en general, existe una presencia excesiva del Estado para regular la vida privada y familiar. “Sin embargo, está ausente para asumir responsabilidades como las de garantizar a los padres y madres las condiciones idóneas para que puedan educar a sus hijos en libertad, teniendo en cuenta el interés superior y el libre desarrollo de la personalidad”, dijo.

Por su parte, la abogada Laritza Diversent consideró que, al sustituir patria potestad por responsabilidad parental, se entiende a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, no como propiedad de sus padres. “Significa, por ejemplo, que la disciplina debe ser en base al razonamiento, la reflexión y no la imposición y la violencia. Hasta acá es positivo y en beneficio del menor. Pero me parece que lo fundamental no es la comparación entre ambos conceptos. Deberíamos poner en la mira que el texto habla de obligaciones de los padres, pero no de derechos, los cuales están reconocidos internacionalmente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos especifica que: Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos (art. 26,3), pero esto no se reconoce en Cuba, a pesar de que es un estándar internacional. Si un padre prefiere que su hijo tenga otra formación, coherente con sus ideas religiosas o de otra índole, no puede.

Al menos una historia de este tipo ha sido visibilizada. Residentes en Guantánamo, Ramón Rigal y su esposa Adya Expósito fueron sancionados en 2017, en primera instancia, a un año de trabajo correccional sin internamiento y reclusión domiciliaria –respectivamente- por negarse a que sus hijos continuaran educándose bajo el sistema estatal cubano.

El caso llegó a los tribunales, pero en aquel momento no estaba vigente la norma actual. En este sentido, el jurista Raudiel Peña considera que, si malas prácticas del régimen sobre padres opositores se llevaron a cabo con anterioridad respecto a la patria potestad, mientras estuvo en vigor el código de la familia anterior, pues se pueden efectuar de nuevo al amparo del actual. “Que se sustituya un concepto por otro no cambia nada en ese sentido”, valoró.

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