LA HABANA.- En un informe explosivo revelado por Prisoners Defenders, se han hecho públicos extractos que detallan una perturbadora política gubernamental en Cuba para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra, con fuertes indicios de trabajo forzado y trata de personas. Según los hallazgos, el régimen cubano continuó enviando trabajadores a países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas, en particular en el programa de las misiones médicas extranjeras.
En 2021, 1.111 presuntas víctimas de trata, respaldadas por la ONG internacional, presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional y la Organización de Naciones Unidas (ONU), acusando al régimen de Cuba de explotación y obligarlas a trabajar en los programas de exportación de mano de obra. Los datos proporcionados en la denuncia son alarmantes: el 75% de las participantes no se ofrecieron voluntarias para el programa y el 33% nunca vio un contrato. Además, el 69% desconocía su destino final y el 38% tuvo sus pasaportes confiscados por los funcionarios cubanos una vez que llegaron a su destino.
El informe también revela que el 76% de las víctimas tenían "cuidadores" asignados y que no podían relacionarse libremente con la población local. Asimismo, el 79% experimentó restricciones de movimiento y el 91% fue informado de que no podrían regresar a Cuba si desertaban. Las amenazas y el testimonio de compañeras de trabajo amenazadas afectaron al 75% de las víctimas, y el 40% fue separado de sus hijos como castigo por intentar escapar de estas condiciones inhumanas.
https://twitter.com/PrisonersDFNdrs/status/1669689576321941504
El Ministerio del Interior cubano etiquetaba a los trabajadores que no regresaban a la isla al finalizar su misión como "desertores", considerándolos "indeseables" según la ley de inmigración cubana. Esta categorización conllevaba una prohibición de ocho años para regresar a Cuba. Además, el régimen catalogó a los ciudadanos cubanos que no regresaron en un plazo de 24 meses como "emigrados", privándolos de sus derechos y propiedades, y prohibiéndoles visitar a sus familiares que permanecieran en la isla.
En un informe adicional sobre los derechos del niño, publicado por una organización internacional, se resaltó la preocupación por la política cubana de separar a los padres que terminaban su contrato en el extranjero de sus hijos. Según la ONG, en 2021, el régimen cubano sancionó a aproximadamente 40.000 profesionales bajo estas disposiciones, lo que resultó en la separación forzada de unos 5.000 niños de sus padres en 2022. El programa fue promocionado por el régimen como altruista, pero en realidad, buscaba beneficiarse a costa de trabajadores desesperadamente vulnerables y desamparados.
Las autoridades cubanas no han respondido a las numerosas alegaciones presentadas por miles de exparticipantes, quienes han denunciado explotación y tráfico de personas. Estas revelaciones han generado una ola de indignación en la comunidad internacional, y se espera que se tomen medidas urgentes para abordar esta grave violación de los derechos humanos en Cuba.
FUENTE: REDACCIÓN
