Según el Índice de Libertad Académica 2023, que analiza factores como la autonomía institucional de las universidades o la libertad de expresión y de cátedra, Nicaragua se sitúa, de los 179 países que aparecen en el 'ranking', en el puesto 12 empezando por el final, entre Irán y China.
Además, el régimen de Ortega ha tomado medidas como cerrar decenas de universidades, suspender relaciones diplomáticas con el Vaticano, privar de nacionalidad a disidentes, expulsar del país a embajadores y clausurar miles de ONG nacionales e internacionales, medios de comunicación y organizaciones religiosas.
En su particular campaña de 'vendetta' contra las universidades, Ortega reformó en marzo de 2022 la Ley de Autonomía, por la que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) se convirtió en el único órgano administrativo de la educación superior, representado por los rectores de las instituciones públicas bajo el control del Estado.
"Con la cancelación de la personalidad jurídica también se expropian los bienes de las universidades, que se ponen a disposición del Estado. Lo que hicieron fue convertir las privadas en públicas", ha explicado a Europa Press Ernesto Medina, expresidente del CNU, exiliado en Alemania.
La Justicia no ofrece una solución ya que no hay separación de poderes. La cancelación de la personalidad jurídica de las universidades ha sido utilizada para la expropiación de sus bienes, convirtiendo las universidades privadas en públicas.
El régimen nicaragüense ha emprendido acciones de represalia por no apoyar en las elecciones al Rectorado y Decanato a determinados candidatos, fundamentalmente sandinistas, y ha despedido masivamente a profesores en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León y en la Universidad Americana.
La cancelación de la personalidad jurídica de las universidades también incluye el control de la salida de estudiantes y profesores al extranjero. Las estancias intermedias no responden a las posibles denuncias de las universidades canceladas
Nacionalidad y refugio
Medina, como uno de los 94 afectados por la retirada de la nacionalidad nicaragüense por parte del régimen por un supuesto delito de "traición a la patria", una decisión criticada, entre otros, por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), afirmó que ha realizado el trámite para conseguir el pasaporte español.
"Inmediatamente hablé con la Embajada de España en Alemania. Me atendieron. Me mandaron el formulario para esa carta de nacionalización (...) y ya entregué mis papeles", dijo desde Alemania, donde su seguro no le cubre los controles médicos necesarios para tratar una enfermedad que sufrió durante la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, la situación legal de los líderes estudiantiles exiliados tras el estallido de las protestas en 2018 es diferente y muchos de ellos viven con estatus de refugiado o siendo solicitantes de asilo. Uno de ellos es Héctor Andrés Marenco, integrante en la plataforma juvenil Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
Este estudiante y activista estudiantil por los Derechos Humanos, actual alumno de la Universidad de Costa Rica, es uno de los numerosos jóvenes que abandonaron Nicaragua tras las protestas y denunció que sufrió golpes, tanto a él como su familia, intentos de secuestro o amenazas en redes sociales. Actualmente, vive con estatus de solicitante de refugio.
"El país de Costa Rica abrió las puertas de forma solidaria para el mandato del presidente Carlos Alvarado (...) No todo ha sido color de rosa. A finales de 2018 hubo marchas xenófobas en rechazo a las y los nicaragüenses que estaban entrando en el país para resguardar su seguridad debido a la persecución y estas marchas tenían lemas como 'Fuera nicas'", explicó
Marenco subrayó que, pese a este primer rechazo por parte de la sociedad costarricense, posteriormente hubo manifestaciones contra la xenofobia y el país vivió una ola de solidaridad hacia los "expulsados" de Nicaragua por motivos políticos.
Proceso de expulsión
El líder estudiantil detalló que, en ese proceso hacia la "expulsión", hay "situaciones particulares", aunque a rasgos generales las autoridades notifican a los afectados la prohibición, "por seguridad", de entrada a los recintos universitarios.
"Se entiende que, bajo las circunstancias que estábamos viviendo, asesinatos a estudiantes, persecuciones, encarcelamientos, eso era una cuestión gravísima (...) En mi caso ya me detuvieron una vez y me golpearon: me fracturaron una costilla aérea y me dio un miedo terrible", relató, agregando que la opción era o el exilio o la cárcel.
Marenco señaló además que el castigo contra los activistas estudiantiles también se producía a través de los expedientes académicos. "Yo estudié Ingeniería Civil y no pude convalidar ninguna clase", dijo, un tipo de represión también denunciado por el ex rector Eduardo Medina, quien incluso apuntó a la existencia de 'listas negras'.
En este sentido, el ex rector afirmó que en 2018 cerca de 200 estudiantes fueron expulsados a través de procedimientos disciplinarios "totalmente ilegales y arbitrarios" en las dos grandes universidades públicas: la UNAN-León y la UNAN-Managua.
"A raíz de eso muchos de ellos decidieron no volver a la universidad (...) Se rumoreaba que había listas de participantes en las protestas", indicó, asegurando que los autores eran fundamentalmente las autoridades universitarias y los profesores.
Medina precisó que "parte del castigo" de las universidades fue "hacer desaparecer" los expedientes de los universitarios exiliados. "Calculamos que hay más de 2.000 estudiantes nicaragüenses en Costa Rica varados porque no pueden estudiar", puntualizó.
FUENTE: Con información de Europa Press
