Dignidad de las víctimas, derecho en riesgo tras terremotos en Venezuela

La tragedia desatada principalmente en Caracas y en el estado litoral de La Guaira, decretada como Zona de Desastre, activó la emergencia en varios aspectos de la vida del país, siendo uno de ellos las víctimas que aún no han sido identificadas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que hasta el 10 de julio había 315 cuerpos en esa condición. Señaló, en declaraciones difundidas por AFP, que esa cifra representaba el "7% del total de personas fallecidas".

el parlamentario oficialista negó que esté previsto suspender la búsqueda de cuerpos. Todo esto en medio del temor y las denuncias de las familias de que los escombros se levanten de manera indiscriminada.

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en una gran hilera de fosas individuales el 5 de julio. La agencia AFP reportó que en el municipio Catia La Mar, en La Guaira, un grupo de hombres abrió zanjas con máquinas retroexcavadoras en el cementerio local de La Esperanza.

La jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, señaló el 2 de julio: "Yo de entrada dije: nadie va a fosa común".

En una conferencia de prensa, Rodríguez aseguró: "Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", o por fotografía. Añadió que "en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense".

Hasta ahora, la administración interina de Venezuela evita hablar sobre cifras de desaparecidos. Sin embargo, la ONU calcula que serían 50,000 personas.

La abogada Liliana Ortega, cofundadora de COFAVIC (Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo de 1989), señala que estuvo en más de 400 exhumaciones a raíz de los hechos de La Peste de 1990 a 1991.

Se refiere al terreno situado en el Cementerio General del Sur donde eran sepultados los cuerpos de personas no identificadas: las autoridades ordenaron, en febrero de 1989, que fuesen enterradas allí las víctimas del Caracazo y tras la represión de las protestas civiles contra medidas económicas en 1989.

“Para esas exhumaciones se trajeron un cuerpo de técnicos internacionales del equipo argentino de antropología forense. Una de las cosas que aprendimos a raíz de esa experiencia es que hay un elemento fundamental, un estándar internacional, y es que las víctimas tengan confianza en los procedimientos. Esto significa que, adicional a los expertos que el Estado determine, los familiares puedan tener participación con expertos a los que ellos les den la voluntad de su confianza”, explica Ortega a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Agrega que exhumar un cuerpo y poderlo inhumar de acuerdo a sus creencias religiosas, y en el lugar de su preferencia, es uno de los elementos esenciales para que la gente pueda cerrar el duelo tras la tragedia.

“La pérdida de un hijo es devastadora para una madre, pero sin duda alguna ese proceso, si se hace desde la confianza técnica, ayuda a que se comiencen a dar pasos mucho más sólidos en lo que significa la posibilidad de la reconstrucción del proyecto de vida”, indica.

La abogada puntualiza que la perspectiva de derechos humanos pasa por la dignidad de la víctima: “Es una obligación indivisible del Estado, una obligación que no tiene posibilidades de ajustarse a que hay un estado de conmoción, un estado de excepción. Es inmediata, es de exigibilidad inmediata”.

Sobre los cuestionamientos que algunos sectores han hecho a la identificación de las víctimas de los terremotos, dado que en Venezuela existe un sistema de capta huellas, la representante de COFAVIC señala que puede haber dificultades porque los cuerpos han tenido más traumas por los objetos que le cayeron encima o porque las manos no estén en perfecto estado.

“Entonces se puede recurrir a otros elementos que tienen que ver más con los temas óseos, que tienen que ver con una serie de avances de la ciencia que pueden ayudar a que esto pueda llegar a ser individualizado. Esto no es fácil, por supuesto, necesita de recursos y sobre todo necesita voluntad política. El problema que no se puede despachar a las víctimas para poder salir de esto rápidamente y pasar la página”, subraya Ortega.

Ayuda internacional

La cofundadora de COFAVIC puntualiza que los cuerpos deben identificarse con métodos múltiples: forenses, odontológicos forenses, antropológicos forenses, médicos forenses y con fotógrafos forenses de alto nivel. Agrega que deben resguardarse estos métodos para que, en un momento dado, las personas puedan ubicar a sus seres queridos.

Destaca que no ha pasado un mes de la tragedia y puede haber familiares heridos o con conmoción.

“Lo que si podemos decir en COFAVIC es que hay una serie de elementos que son esenciales, que son negociables y que, si se hacen mal, lamentablemente, generan más daños del que ha ocurrido”, subraya.

Desde COFAVIC señalan que es una obligación jurídica la aplicación de directrices y estándares internacionales para la Gestión de Cadáveres en Desastres, así como la realización de mapeos genéticos (ADN) confiables y con la participación de familiares.

“Los mapeos genéticos son muy importantes. Hay que ver las capacidades actuales de los laboratorios en Venezuela para hacer eso, y hay que pedir auxilio internacional. Así como se pide ayuda humanitaria, comida, ayudas en materia de higiene, etcétera, es muy importante que exista auxilio”, asegura Liliana Ortega.

Señala que así hubiese capacidades técnicas, la situación desborda cualquier laboratorio y, además, los exámenes son muy costosos y deben realizarse con premura. “Hay muchísima experiencia acumulada en Colombia, también a raíz de los desaparecidos de las dictaduras en Argentina, en Chile”, añade.

Ortega subraya: “Hay que evitar entierros masivos. Todos los entierros tienen que ser individualizados técnicamente porque si no se pueden mezclar expedientes y haber confusiones”.

De allí la importancia, afirma, que haya un archivo técnico de cada una de las partes que puedan ser halladas.

El fiscal general, Larry Devoe, informó el 10 de julio sobre una inspección realizada en el cementerio La Esperanza para verificar los procedimientos de inhumación de las víctimas fatales de los terremotos.

Según dijo, esta tarea se ejecuta “en cumplimiento de las normas nacionales y estándares internacionales para la gestión de cadáveres en desastres naturales, mediante la coordinación entre distintas instituciones del Estado”.

Respuesta tardía del gobierno

El sociólogo Trino Márquez señala a DIARIO LAS AMÉRICAS que la respuesta del régimen al doblete sísmico en Venezuela llegó con retraso.

“La reacción no solo fue tardía, sino desarticulada, sin que el gobierno contara con un plan para enfrentar emergencias de este tipo, a pesar de que desde hace muchos años se sabe, especialmente desde el terremoto de 1967, que la zona norte de Caracas es una zona muy activa desde el punto de vista sísmico, y que existen varias fracturas suficientemente estudiadas por geólogos”, indica.

El investigador venezolano cuestiona que sea el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien presente los partes diarios tras la emergencia en el país.

“Eso revela la situación en el que se encuentra el Estado venezolano. Ha dejado de ser una república porque Jorge Rodríguez no forma parte del Ejecutivo Nacional. Él es miembro de un poder, de un contrapeso que es el Poder Legislativo”, expresa.

Márquez refiere que el Ejecutivo cuenta con 33 ministros, entre ellos el Ministro de Infraestructura, el Ministro de Hábitat y Vivienda, y el del Interior, despachos que están vinculados directamente con el manejo de la tragedia.

Asimismo, dice que no se entiende por qué se ocultan las cifras de desaparecidos.

“El gobierno tenía que haber abierto una especie de banco, donde las personas que tienen familiares desaparecidos pusieran denuncias muy bien documentadas. Cómo se llamaba la persona, en qué lugar vivía, cuántos años tenía, cuál era su ocupación, de modo que el gobierno pudiera constatar la validez de las cifras o de los datos”, afirma.

Para el sociólogo, “pretenden maquillar la dimensión de la tragedia, burlándose de la gente, como si la gente fuera ignorante, si fuera tonta. Sin alarmar, con la cantidad de construcciones que se han caído, esto debería ser objeto de un tratamiento mucho más riguroso y el país debería estar informado del estimado de desaparecidos”.

A su juicio, no hay una respuesta coherente frente a la magnitud de la situación que vive Venezuela luego de los dos sismos.

Asevera también que los testimonios de la gente que va a buscar a su familiar y se encuentra con otra persona abundan, “porque no se han tomado todas las precauciones del caso. No sé si solamente es por la falta de seriedad de esta gente, sino además porque no tienen el personal capacitado. Esto necesita un entrenamiento permanente, necesitan cursos especiales, necesita un patólogo”.

La plataforma ciudadana https://venezuelatebusca.com/ creada como un registro de desaparecidos reportó, hasta el mediodía del 13 de julio 44,210 personas registradas: 26,290 localizadas y 17,920 por localizar. Se señalaron 10 fuentes consultadas y la información de 55 hospitales.

“Cuando se habla de desapariciones en la Constitución, no solamente se establece el concepto de desaparición cuando una persona es detenida arbitrariamente, sino también, por ejemplo, las desapariciones en alta mar. El Estado tiene la obligación de buscar a estas personas, identificarlas y darle una razón a las familiares, a los sobrevivientes y a la sociedad en su conjunto y hay que demandarlo de esa manera”, subraya Liliana Ortega.

"Yo quiero estar acá hasta lo último" por "la incertidumbre de que no sé si vivieron o no están, o por lo menos conseguir(los) para darles una sepultura como se merecen", dijo Miguel Báez a la AFP mientras buscaba a sus familiares en La Guaira.

Otras experiencias en Venezuela

La abogada Liliana Ortega señala que las víctimas de esta tragedia van a permanecer en la memoria colectiva.

“Son víctimas que pertenecen a la sociedad venezolana, además de sus familiares, y la reconstrucción de la identidad de esas víctimas pasa de manera muy importante para para saber si las cosas se están haciendo adecuadamente y no se están cometiendo los errores del pasado”, asevera.

En tal sentido, refiere que hay varias sentencias de la Corte Interamericana que Derechos Humanos que han establecido lo mal que se ha hecho esto cuando ha habido desaparecidos en Venezuela.

“La primera es la del Caracazo en 1989, la segunda es la masacre del Retén de Catia, en el 92, y la tercera es la de los deslaves de Vargas (hoy La Guaira) de 1999”, señala la representante de Cofavic.

“Entonces, es muy importante en este momento que las cosas se hagan bien, y eso es una demanda legítima de las víctimas y una demanda legítima de la sociedad”, sostiene.

Añade que, una de las cosas más difíciles que tiene la zona de La Guaira es que su topografía, su historia, sus rincones, han sido modificados por la naturaleza.

“Pero, la gente no ha sido modificada por la naturaleza, por lo tanto, el Estado tiene el deber ineludible de rescatar la dignidad de estas víctimas y ayudarles a que tengan un descanso y una posibilidad real de que sus familias puedan ir cerrando el duelo”, puntualiza.

@snederr

 NULL

    

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP, COFAVIC