CARACAS.- Nicolás Maduro tiene un “doble discurso” ya que mientras que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 que se realizó este lunes en Egipto dijo que abogaba por la protección del Amazonas, comete un crimen ecológico en esa zona biodiversa con la extracción desmedida e irregular en el Arco Minero.

Maduro dijo en la cumbre climática que respalda la creación de un fondo de protección del Amazonas, iniciativa presentada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

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El dictado subrayó que los mandatarios sudamericanos tienen la responsabilidad de "detener la destrucción del Amazonas".

Celebró que los triunfos de Petro en Colombia y más recientemente de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil ayudarán a poner en marcha, junto a "poderosos movimientos ecologistas", mejores políticas de protección de la Amazonía, después de "la devastación de los últimos cuatros años".

"Abogamos por la protección de la Amazonía, para asumir responsabilidades en la salvación de la selva y la biodiversidad del Amazonas", señaló Maduro durante su intervención.

Sin embargo, expertos ambientalistas señalan que el Arco Minero del Orinoco ha potenciado el incremento de la extracción minera informal en los estados Bolívar y Amazonas, expandiéndose más allá del área que establece originalmente el decreto de su creación, abarcando una parte considerable del territorio ubicado al sur del Orinoco.

Asimismo, la expansión acelerada de las actividades extractivistas está afectando la gobernabilidad y seguridad de la región. Diversos entes han denunciado la violación de derechos fundamentales de comunidades indígenas y rurales en esa zona, lo que está relacionado con la práctica de la minería de pequeña y mediana escala desde 2016.

"El Arco Minero. ¿Ecocidio o Suicidio?"- Captura de pantalla/SOS Orinoco
Captura de pantalla del documental

Captura de pantalla del documental "El Arco Minero. ¿Ecocidio o Suicidio?", de SOS Orinoco.

Organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos han venido denunciando en los últimos años que en esta zona que abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados, al sur de Venezuela, que tradicionalmente ha estado habitada por comunidades indígenas, se está destruyendo el ecosistema, irrespetando el medioambiente y violando los derechos de quienes allí habitan desde tiempos ancestrales.

Mientras Maduro culpa a los países desarrollados de ser los responsables por el cambio climático, hace lo contrario en Venezuela, donde permite que siga un proceso de deterioro ambiental en el Arco Minero.

Organizaciones ambientalistas ven con preocupación que luego de seis años de haberse decretado el Arco Minero, "no se han cumplido ninguno de los objetivos declarados del Gobierno; por el contrario, el Arco Minero es ampliamente considerado como el centro de un experimento descontrolado y a menudo violento en la explotación de recursos, regiones y comunidades", según un estudio de la OCDE titulado "Flujos de oro desde Venezuela", de 2021.

La ONG venezolana SOSOrinoco catalogó lo que ocurre en el Arco Minero como "ecocidio", "actos ilegales o arbitrarios, cometidos conociendo la probabilidad real de que estos actos provoquen al medio ambiente daños graves, generalizados o duraderos".

Recientemente, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela presentó su tercer informe sobre el país en el que expresó su "creciente preocupación" por la situación de los derechos humanos en el Arco Minero.

"En su resolución 45/20, el Consejo de Derechos Humanos expresó su 'profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente' en la región, incluso con respecto a la explotación laboral de los mineros, el trabajo infantil, la trata de personas y la prostitución forzada, y manifestó su 'especial preocupación por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas' en la región", dice un párrafo del contenido del tercer informe.

Destacó, además, que dichas "violaciones y delitos son perpetrados tanto por agentes estatales, en particular por militares encargados de la seguridad en la región minera, así como por actores no estatales. Estos actores no estatales incluyen grupos criminales (conocidos como 'sindicatos' y 'pranatos') y grupos guerrilleros de Colombia".

FUENTE: Con información de Europa Press

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