Verónica Alcocer habría encabezado una estructura que operaba traslados aéreos entre ambos países, movilizando cargamentos de droga en maletas y retornando con divisas en efectivo
El capturado dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores junto con el expresidente de Colombia Gustavo Petro y su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023.
AFP/ ARCHIVOWASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó oficialmente que sigue de cerca los reportes e investigaciones que señalan a la exprimera dama de Colombia, Verónica Alcocer —exesposa de Gustavo Petro—, de presuntamente utilizar una aeronave oficial para transportar sustancias estupefacientes hacia Venezuela y retornar con capitales ilícitos por un monto cercano a los 2.5 millones de dólares.
La postura de la administración estadounidense fue revelada por el periodista Juan Esteban Silva, corresponsal en la capital norteamericana, tras recibir confirmación directa del Ejecutivo sobre las acusaciones publicadas tras las declaraciones de su exasesora Eva Ferrer.
De acuerdo con los señalamientos de Ferrer, Alcocer habría encabezado una estructura que operaba traslados aéreos bajo estricta confidencialidad entre ambos países, movilizando cargamentos de droga en maletas y retornando con divisas en efectivo a Colombia.
Desde el Departamento de Estado recordaron además que Alcocer fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en la lista de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14059, instrumento normativo destinado a penalizar a ciudadanos extranjeros vinculados al tráfico internacional de drogas.
Portavoces de la administración estadounidense reiteraron que las sanciones contra la exesposa del expresidente Gustavo Petro se mantendrán vigentes, mientras se profundiza la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
La confirmación desde Washington añade presión diplomática y judicial al entorno de la ex primera dama, cuyas actividades transfronterizas continúan bajo la lupa de los organismos de control internacionales en el marco de la lucha contra las redes del crimen organizado en la región.
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