BOGOTÁ.- La Fiscalía General de Colombia reveló hoy que descubrió una red de intermediarios que pretendía hacerse con millonarios contratos públicos para ejecutar proyectos con excombatientes en proceso de reincorporación a la sociedad.

"La sociedad colombiana está preocupada por el manejo de los recursos para el posconflicto (…) que tienen que ser sagrados (…) si los recursos para desarrollar estos proyectos se desvían le haremos un grave daño al proceso de reconciliación de los colombianos", dijo el fiscal general, Nestor Humberto Martínez.

El funcionario indicó que estas irregularidades fueron puestas en conocimiento del presidente, Juan Manuel Santos, al tiempo que los investigadores trabajan desde hace un año en la recolección de pruebas sobre estas graves acusaciones.

Según explicó Martínez, la red de intermediarios cuenta con información privilegiada sobre los proyectos, lo que los favorecería a la hora de adjudicar el contrato, sobre el cual piden un buen porcentaje de dinero.

"Es así como hemos advertido la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de esos proyectos en beneficio de determinados empresarios a cambio de beneficios económicos", señaló el fiscal.

Del mismo modo, Martínez explicó que la red de intermediarios está ofreciendo cantidades de dinero a funcionarios públicos para obtener la información privada de los procesos de adjudicación.

Esta semana quedó en entredicho la transparencia en los procesos de contratación de tareas relacionadas con el posconflicto, dado que el Gobierno decidió no renovar en su cargo a quien era la directora del Fondo Colombia Sostenible, Marcela Huertas.

Por medio de un comunicado de prensa el Gobierno indicó que se realiza el proceso de selección de una nueva persona, pero no aclaró los motivos de la salida de Huertas de su cargo.

Así mismo, en días anteriores los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia le pidieron al Ministerio de Hacienda convocar una reunión extraordinaria para hablar del manejo que le ha dado a los fondos que sus países entregaron para el posconflicto, cerca de 200 millones de dólares.

Dicho fondo es conformado por el Gobierno y los embajadores de los nombrados países. Su objetivo es, entre otras cosas, apoyar proyectos para fortalecer la calidad de vida en los territorios que fueron altamente azotados por el conflicto armado.

La Presidencia sin embargo indicó que la carta que redactaron los embajadores "no se puede interpretar como dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos”.

A este escándalo se suma la reciente renuncia de Néstor Correa, secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo que se encargará de enjuiciar a quienes hicieron parte del conflicto armado con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y creado por los acuerdos de paz con este exgrupo guerrillero.

Correa indicó motivos personales en su renuncia, pero la prensa local apunta a que había descontento dentro de la JEP dado que una vez posesionados los magistrados, las instalaciones no contaban con los equipos necesarios e incluso los togados se movilizan en vehículos convencionales y no equipados con medidas de seguridad.

FUENTE: dpa
 

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