El Departamento de Justicia desclasificó en la Torre de la Libertad de Miami una acusación penal contra el exdictador y cinco militares por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996
El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
AFPMIAMI.- La justicia tarda, pero llega. Han sido 30 años de retratos colgados en las paredes de hogares cubanoamericanos, de aniversarios sin respuesta y de expedientes archivados que parecían condenados al olvido.
Sin embargo, el miércoles 20, frente a las imágenes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, esa larga espera encontró respuesta. La comunidad del exilio cubano, reunida en la Torre de la Libertad de Miami, escuchó cómo el Gobierno de Estados Unidos pronunciaba por fin el nombre del hombre al que durante tres décadas señaló como responsable del crimen: Raúl Castro.
El Departamento de Justicia desclasificó una acusación penal sustitutiva contra el exdictador cubano, de 94 años, y cinco militares del régimen, por el derribo en 1996 de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, un ataque que causó la muerte de cuatro pilotos, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.
La imputación, dictada por un gran jurado federal con sede en Miami el 23 de abril y mantenida bajo sello durante casi un mes, fue anunciada en una ceremonia en la icónica edificación por el fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, en una jornada de fuerte carga simbólica que coincidió con el Día de la Independencia de Cuba.
Los cargos comprenden conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos cargos de destrucción de aeronaves, presentados ante la corte federal del Distrito Sur de Florida.
La elección del escenario no fue casual. La Torre de la Libertad, conocida como el Ellis Island del exilio cubano, fue durante la Guerra Fría el centro de recepción y asistencia de decenas de miles de cubanos que huyeron de la isla.
Bajo ese techo, flanqueado por los retratos de las cuatro víctimas, Blanche encabezó un acto al que asistieron familiares de los pilotos, alcaldes, legisladores condales y municipales, y líderes de la comunidad. El anuncio fue recibido con una ovación.
Blanche subrayó que la acusación marca un hecho sin precedentes en la relación entre ambos países. Recordó que las familias de los cuatro estadounidenses asesinados llevan casi tres décadas a la espera de respuestas y advirtió que existe una orden de arresto contra el exmandatario cubano. El funcionario fue tajante al describir el alcance del proceso.
“Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en los Estados Unidos de América por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, afirmó el fiscal en medio de aplausos de los presentes.
El funcionario resumió la postura del Gobierno con una frase que repitió ante la prensa: si se asesina a estadounidenses, Estados Unidos perseguirá a los responsables. Aclaró además que la imputación por asesinato no responde a una puesta en escena y que Castro deberá enfrentar la justicia estadounidense de una u otra forma.
La acusación no se sustenta en la condición de Castro como exgobernante impuesto de Cuba entre 2008 y 2018, sino en su posición como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en febrero de 1996, cargo que lo situaba en la cúspide de la cadena de mando militar.
El documento judicial imputa también a los militares Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en Miami, y la acusación recae bajo el número de caso 03-cr-20685 del Distrito Sur de Florida.
El fiscal de Estados Unidos para ese distrito, Jason A. Reding Quiñones, describió el anuncio como un proceso histórico y como un paso hacia la rendición de cuentas. A su juicio, Castro, en su condición de jefe de la defensa, autorizó disparar contra las dos avionetas que provocaron la muerte de los cuatro pilotos, y rechazó que el transcurso del tiempo diluya la responsabilidad penal.
“Durante 30 años, las familias de estos hombres han esperado. La comunidad de Miami ha esperado. Nuestro país ha esperado. Hoy damos un paso hacia la rendición de cuentas”, declaró.
Por su parte, el subdirector del FBI, Christopher G. Raia, detalló el papel de la agencia en la investigación y reveló que el organismo conservaba dieciséis archivos vinculados al caso. Raia subrayó que el procedimiento envía un mensaje inequívoco a quienes pretendan espiar o amenazar a Estados Unidos, al asegurar que la agencia los perseguirá y los encontrará.
A su turno, la senadora federal por Florida, Ashley Moody, leyó los cargos ante los asistentes y precisó las penas que enfrentaría el exdictador: cadena perpetua por la conspiración, cinco años de prisión por la destrucción de aeronaves y la pena máxima de muerte o prisión perpetua por cada uno de los cuatro asesinatos.
Entretanto, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, cerró las intervenciones con una declaración que apuntó directamente al futuro político de la isla. El procurador sostuvo que no puede existir un porvenir para una Cuba libre mientras los Castro y su aparato de poder continúen al mando, y anticipó que el proceso judicial tendrá continuidad.
“No puede haber futuro para una Cuba libre mientras los Castro y su banda criminal sigan en el poder. Prepárense, esto apenas comienza”, sumó.
El elemento que reactivó el expediente y que los fiscales consideran central es una grabación de audio fechada en junio de 1996, de poco más de once minutos de duración, en la que una voz atribuida a Raúl Castro describe la operación contra las aeronaves.
El registro, difundido una década después por el periodista Wilfredo Cancio, recoge instrucciones explícitas sobre el derribo de las avionetas y la delegación de esa facultad en mandos militares.
En uno de los fragmentos más citados, la voz señala que la orden debía descentralizarse y que cinco generales recibieron la potestad de actuar sin consultar.
La pieza, verificada en su momento por exfuncionarios cubanos exiliados, constituye el testimonio en primera persona que conecta al entonces ministro de Defensa con la decisión letal.
Para la fiscalía, ese audio transforma un caso histórico en una imputación sustentada en la confirmación del propio acusado.
Horas antes del anuncio en Miami, cuatro congresistas cubanoamericanos comparecieron en el Capitolio de Washington para exigir el encausamiento del exdictador.
Los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis, que en febrero habían remitido una carta al presidente Donald Trump con esa solicitud, respaldaron de forma unánime la imputación.
Díaz-Balart calificó el ataque como un “homicidio premeditado” contra tres estadounidenses y un residente legal, y atribuyó la orden de manera directa al exdictador cubano.
“Este fue un homicidio premeditado de tres estadounidenses y de un residente, y fue un homicidio premeditado ordenado por el mismísimo Raúl Castro”, remarcó el legislador.
Salazar celebró posteriormente la imputación y la describió como un día glorioso para los cubanos, al afirmar que con el anuncio comienza el fin de la familia Castro.
Giménez, único de los cuatro legisladores nacido en la isla, planteó que el exdictador debería ser llevado ante la justicia estadounidense y recordó precedentes como la captura del exgeneral panameño Manuel Noriega.
El secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, difundió el mismo miércoles 20 un mensaje en video dirigido al pueblo de la isla, el primero que pronuncia en español desde que asumió el cargo.
Rubio ofreció una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, condicionada a que el interlocutor sea la población y no el Gobierno, y reiteró una propuesta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, distribuidos a través de la Iglesia católica u otras organizaciones de confianza.
“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”, expresó.
La respuesta de La Habana fue inmediata y coordinada. El gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que la acusación evidenciaría la “soberbia y la frustración” de Washington, mientras el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, calificó el proceso de “farsa fabricada” y defendió el derribo como un acto de legítima defensa.
Sin tratado de extradición entre ambos países y sin indicios de que Castro haya abandonado la isla, la imputación tendría, por ahora, un alcance principalmente simbólico. Su efecto inmediato sería político: convierte al exdictador en un acusado formal de asesinato ante una corte estadounidense y eleva la presión sobre la estructura de poder cubana.
Pero con base en los hechos en curso, el anuncio se inscribe en una ofensiva más amplia de la Administración Trump hacia la isla, que combina la vía judicial, la presión económica sobre el conglomerado militar GAESA y un acercamiento directo a la población.
Para los protagonistas del acto en la Torre de la Libertad, la imputación no es un punto final, sino el primer eslabón de un proceso que aspira a desmontar la impunidad del régimen. Si las proyecciones de los legisladores y funcionarios se materializan, el cerco judicial e internacional sobre la cúpula cubana podría acelerar una transición.
De tal manera, lo que vendría para Cuba en el horizonte que dibujan quienes impulsaron la acusación, tiene un nombre que el exilio repitió entre aplausos frente los retratos de las víctimas de Hermanos al Rescate: la libertad de todo un pueblo.
@danielcastrope
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